La grieta en la coalición de Gobierno es política, pero básicamente esconde abismales diferencias de manejo de la política económica. Existen razones muy concretas que llevan al cristinismo, por su historia, a establecer posiciones antagónicas respecto de la orientación actual de la política económica, que alcanzaron un clímax en la rotunda negativa al acuerdo con el FMI pero que desde el propio inicio de la gestión muestran visiones opuestas en aspectos clave, como el manejo tarifario.
La profunda controversia de visiones se da en tiempos donde la aceleración inflacionaria exige respuestas inmediatas. En particular porque los muy positivos datos de empleo del cuarto trimestre de 2021 siguen sin lograr revertir los niveles de pobreza y la caída de ingresos de las familias. Aun cuando el desempleo se ubica en mínimos desde 2016 (7%) y la tasa de empleo en máximos (43,6%), la vulnerabilidad social permanece. Como referencia, aún la región latinoamericana no recuperó los niveles de empleo de 2019, según la OIT.
La última medición (al segundo semestre de 2021) indica que 37,3% de los argentinos son pobres. Las expectativas a partir de la aceleración en el precio de los alimentos durante el primer trimestre no son alentadoras para el primer semestre de este año.
Una de las explicaciones está en el estancamiento, a un bajo nivel, de los salarios reales desde el tercer trimestre de 2019, como resultado de una productividad también estancada. Por otra parte, se atraviesa un pico histórico de los términos del intercambio, que genera ganancias extraordinarias en el sector exportador y presiona sobre los precios internos, en particular en los alimentos, que en marzo aumentaron 7,2% y en abril difícilmente aumenten por debajo del 6%. Estas condiciones profundizan la grieta en el oficialismo, ya que aparecen las necesidades tanto de redistribuir ingresos como de contener las presiones inflacionarias.
En la posibilidad fáctica de hacerlo, con el FMI de auditor, está el núcleo del conflicto. Es claro, además que, de cara a las presidenciales de 2023, no aliviar el cuadro social socavará las chances oficialistas de captar la porción de las clases medias que definen una elección hoy pareja.
El dilema del cristinismo es que la actual dinámica de crecimiento, generación de empleo y los nuevos términos del intercambio no derrama sobre los indicadores sociales y los instrumentos utilizados para alcanzar esta redistribución en la gestión CFK ya no están disponibles, porque hay un acuerdo con el FMI. Es más, es probable que, al igual que lo sucedido en 2020, haya nuevos retrocesos en la participación del trabajo en el ingreso. Es decir, están dadas las condiciones para que los recursos extraordinarios, dada la necesidad de estabilizar la macro, no sean redistribuidos.
El gráfico muestra la evolución del empleo, los salarios y la productividad en la última década, donde se observan momentos donde los picos de empleo no fueron acompañados por la productividad y el salario.
Es claro que, a pesar de la fuerte recuperación del empleo en la última parte de 2021, la productividad sigue en niveles mínimos, y estancada desde hace una década: 11% por debajo de 2011-15 y 7% debajo de 2016-19. Esto dificulta la posibilidad de recuperar los salarios reales en contextos como el actual. Como se observa, los salarios siguen a la productividad desde el inicio de la crisis en 2018.
Aquí se abre la diferencia conceptual de la gestión Alberto Fernández con el cristinismo. En el segundo Gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015), los salarios reales crecieron a pesar del estancamiento de la productividad. ¿Cómo? Alterando los precios relativos a través de tres mecanismos típicos:
- Planchar tarifas. Retrasar la actualización del precio de servicios públicos respecto de la evolución del índice de precios al consumidor, lo que aumenta el poder de compra de los ingresos en pesos. Dado que son servicios muy inelásticos, al menos a cierto nivel de consumo, reducir sus precios hace caer la participación del gasto en electricidad, gas y agua en la canasta de consumo de las familias, liberando recursos para el consumo de otros bienes y servicios.
- Apreciar el tipo de cambio real. Gran parte del consumo está compuesto de bienes y servicios transables (bienes durables, viajes al exterior, etcétera). Por lo tanto, retrasar el tipo de cambio aumenta el poder de compra de los salarios.
- Aumentar las retenciones a las exportaciones. Incrementa la recaudación fiscal y descomprime las presiones para aumentar las tarifas, sino que también disminuye el traslado a la inflación de los precios de las exportaciones.
El problema es que todas estas estrategias ahora están limitadas por el acuerdo con el FMI y, más estructuralmente, por una inflación superior y más consolidada a la de entonces. El instrumento más discutido y obvio es la política sobre las tarifas públicas. El FMI requiere que el ajuste fiscal provenga de los subsidios a la energía, lo que divide aguas al interior del Gobierno.
Por su parte, no hay espacio para una mayor apreciación cambiaria.
El divorcio entre productividad y salarios entre 2011 y 2015 se dio a un costo muy marcado en términos de reservas netas del BCRA (medidas en meses de importaciones). En tanto los términos de intercambio tocaron máximos, el tipo de cambio se apreció (entre 2011 y 2013). Cuando se estabilizaron, también lo hizo el tipo de cambio real. Aun así, entre 2013 y 2014 se siguieron perdiendo reservas por los efectos de la apreciación. El último tramo de la segunda gestión de CFK se atravesó con una fuerte apreciación y agotamiento de las reservas netas.
Incapaz por el momento de generar las condiciones para aumentos sustanciales del salario real que alivien la condición social, el Gobierno intentó recientemente contener a los sectores más golpeados mediante transferencias directas del estado (bonos para jubilados y trabajadores informales).
El año pasado, este gasto representó 11,8% del PIB, de los cuales 8,1% se destinaron a jubilaciones y pensiones. Un aumento sostenido de estas partidas complicaría el cierre fiscal de la meta acordada con el FMI, está claro. Pero reducirlas llevaría a resultados igualmente indeseados. Estas tensiones permanentes de concepto seguirán marcando el rumbo del Gobierno en su último tramo de gestión.
