Por Héctor Rubini
Nos aproximamos al octavo mes del año, y no hay noticias sobre el tan mentado proyecto de reforma tributaria. Como lo han observado no pocos colegas, la “comunicación” se limita a sugerencias o versiones que dan a entender algunas direcciones posibles. Parecería que el camino a seguir no será una reforma profunda ni ambiciosa sino limitada a pocos impuestos.
Las novedades más recientes se conocieron la semana pasada. Una de ellas fue la Res. Gral. 4.094-E de AFIP que oficializaba la aplicación del Impuesto a las Ganancias a la compraventa con no residentes de activos en oferta pública: una tasa del 15% sobre el 90% de las sumas pagadas por la compra de títulos valores, o sobre la ganancia neta según el 2° párrafo del artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Luego de que el ministro de Hacienda anunciara su suspensión, la AFIP emitió la Res. Gral. 4.095 que postergó la entrada en vigencia de la anterior por 180 días desde su día de publicación, o sea, hasta el 14 de enero próximo. Después se verá?
La otra fue la sugerencia, hasta ahora no desmentida, de la intención de desalentar el consumo de alimentos “no saludables”. Según la primicia del diario La Nación del lunes pasado, la intención oficial es la de combatir la obesidad infantil, previo consenso con el sector privado. Según funcionarios consultados, se atacaría el problema mediante cambios en el marco legal relacionado con el rotulado frontal de ciertos alimentos, su marketing, la regulación de los ambientes escolares y el uso de instrumentos fiscales. Elegante forma de decir, aumento o creación de nuevos impuestos. La aplicación de una mayor presión tributaria se perfila, en principio, como el instrumento más discutible, y probablemente el menos estudiado.
En diciembre de 2015 las cámaras del sector habían suscripto un acuerdo en la materia con los ministros de Salud y de Agroindustria, en los citados frentes, pero sin mencionarse la eventualidad de modificar la estructura impositiva a efectos de atacar el problema especial de la obesidad. Si a efectos de combatir por ese flanco la obesidad, se cargará el énfasis en aumentar Impuestos Internos sobre bebidas y alimentos azucarados y que superen cierto umbral de hidratos de carbono y/o grasas, ¿no estaría entrándose en una contradicción con las recientes afirmaciones del Presidente en el sentido de que “tenemos que bajar los impuestos”?
Como es de esperar, las cámaras del sector agroalimenticio han manifestado su preocupación por esta iniciativa. Respecto del objetivo de alimentación saludable, nadie discute que los instrumentos tributarios pueden jugar un rol relevante, como en cualquier otro objetivo. El logro depende de las condiciones iniciales de partida, de su diseño, y su aplicación. La obesidad es un problema, pero también lo son otros problemas de salud no triviales como diversas variedades de cáncer, y las enfermedades cardiovasculares. Cambios en la nutrición tienen efectos de diverso tipo en el metabolismo, el estado de los vasos sanguíneos, los índices de colesterol, triglicéridos e insulina, y el buen funcionamiento del resto del organismo, empezando por el propio aparato digestivo. Desalentar el consumo de ciertos nutrientes y alentar otros requiere un particular análisis de efectos de sustitución entre ciertos alimentos y bebidas. Ese análisis no es irrelevante, y requiere el acompañamiento de una política de Estado consensuada y mantenida por décadas en materia de educación para la nutrición. De lo contrario, no tendrá gran impacto en el cambio de los hábitos alimenticios.
Un país que desde hace décadas concentra su alimentación en carnes rojas y farináceos, más bien que en pescado o frutas y verduras, no modificará sus hábitos sin un programa permanente, y no limitado los niños y jóvenes en edad escolar.
A esto se debe sumar un énfasis, por ahora inexistente, en la práctica de deportes y actividades físicas. En todo el mundo se ha pasado del predominio de actividades agropastoriles intensivas en esfuerzo físico a las de otros sectores, en no pocos casos más riesgosas y estresantes, en que predomina el sedentarismo. A esto se suma, en los grandes conurbanos las horas de viaje sentado o parado del hogar al lugar de trabajo. Algo que se agrava cuando se descuida el mantenimiento de la infraestructura de los medios de transporte, y aumentan los tiempos para esos viajes diarios e inevitables. También cuando progresivamente se van destruyendo espacios verdes para ejercicios y deportes o se los empieza a sustituir primero por carpetas de cemento, que aumentan el riesgo de lesiones y accidentes, y tarde o temprano por edificaciones.
Los cambios de dieta son, sin duda, un instrumento poderoso para el mantenimiento y mejora del estado físico de nuestro capital humano. Su consolidación exige un ataque en múltiples frentes. En ese sentido, al menos, la iniciativa oficial va en línea con otras bastante exitosas de otros países. Lo que no es claro, sin embargo, es el rol preciso de los instrumentos tributarios. Prima facie, nada indica que subir impuestos específicos sea el único ni el mejor instrumento.
Si no se reduce el déficit fiscal, el aparente proyecto apunta sólo a subir impuestos internos. Inicialmente sería sobre alimentos elaborados y bebidas azucaradas, y quizá otros. No es la primera vez que se utiliza un “leading case” para luego avanzar en otros frentes, usando la excusa de la salud para recaudar más, señalizando la intención implícita de no reducir el gasto público. En ese caso, el efecto esperado sería el de nuevas subas de precios, descenso del ingreso disponible de los consumidores, y caída en las ventas, actividad y empleo de las cadenas agroalimentarias afectadas. Algo difícil de evitar si no se combina la suba de la carga tributaria en ciertos productos subsidios y desgravaciones a la producción de alimentos “saludables”. Esto último también exige una masa crítica de estudios convincentes para evitar que esos “mix” tengan efectos no deseados: que al desincentivar el consumo de ciertos nutrientes, se reduzca luego el consumo de alimentos y bebidas con otros que los planificadores políticos no tenían intención de desalentar.
En todo caso, lo que debiera evitarse es una opción apresurada y poco estudiada, incoherente con los objetivos de mejorar la salud en general, y de reducir la presión tributaria en el mediano y largo plazo.
