La gesta anunciada de un nuevo impuesto por parte del Gobierno, denominado “renta inesperada”, nos obliga a reflexionar sobre los problemas financieros que todos conocemos, sus causas y las medidas que últimamente se vienen tomando.
Según se dio a conocer, el nuevo gravamen afectaría a aquellas empresas que tuvieron ganancias superiores a los $1.000 millones en el último año y consistiría en aplicar, por única vez, una alícuota del 50% en el impuesto a las Ganancias. Parece un número muy grande, pero en términos reales, se trata de US$ 5 millones.
Según se hizo conocer, este nuevo gravamen pretende “pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan en esta difícil coyuntura del país”. Así visto, se omite considerar que, en los tiempos de Covid-19 y crisis económica, haber tenido una ganancia es verdaderamente un mérito y que el Impuesto a las Ganancias, desde el año pasado, impacta progresivamente en las empresas que más ganaron, con una alícuota del 39,55% cuando aquellas distribuyan dividendos.
No sólo eso, sino que toda renta neta empresaria -esperada o no- arroja desde 1932 (con el impuesto a los Réditos, luego reemplazado por Ganancias) recursos financieros al Estado.
También se justificó el nuevo impuesto al decir que hoy “se vive una crisis de la distribución de los ingresos” y se pretende que la ganancia extraordinaria que tuvieron algunos sectores no tenga un impacto desigualador y regresivo en nuestra sociedad. En dicho marco, se quiere capturar parte de esa renta para llevar adelante un desarrollo equitativo, atacar la pobreza infantil y lograr una mayor inclusión social.
La primera reflexión que la propuesta del nuevo impuesto nos genera es la siguiente: ¿cuál es la política tributaria y fiscal? Porque resulta evidente que los ingresos nunca alcanzan.
Desde fines de 2019 se crearon nuevos impuestos (PAIS, derechos de exportación, Aporte Solidario) y se aumentaron otros (Ganancias de Sociedades, Bienes Personales, Ingresos Brutos), pero los recursos fiscales nunca son suficientes.
¿Qué se hizo con los recursos qué ingresaron? ¿En qué se gastaron? ¿Por qué nunca alcanzan? ¿Qué nos garantiza que este nuevo gravamen logre los objetivos propuestos?
Entonces, ¿por qué insistir con más ideas que no resultan eficaces? La política fiscal de “más de lo mismo” nos ha llevado a empeorar cada vez más. Pero no sólo eso, las medidas económicas siempre atacan las consecuencias, nunca la causa.
Así, también nos preguntamos si los problemas que la propuesta pretende paliar son por distribución de los recursos financieros o por eficiencia en la administración. Para nosotros, la causa de los problemas fiscales de nuestro país es y ha sido siempre un problema de administración deficiente de los recursos financieros del Estado.
La mayor regresividad que existe para la población de menores recursos de nuestro país es la inflación. Es un impuesto ciego, caprichoso y rebelde que afecta cada día a todos, pero principalmente a quienes no llegan a fin de mes y a la clase media, que hace malabares para mantener una vida digna.
A su vez, la decisión de permitirle a las provincias aumentar el impuesto a los ingresos brutos con el último Consenso Fiscal también impacta regresivamente en los más pobres. Pero claro, de eso nada se dice.
Sin entrar en ese debate estéril sobre si la inflación es un fenómeno monetario o multicausal, lo que no se puede desconocer es que el crecimiento desbordado y constante del gasto público explica una gran parte del problema que hoy afecta a la sociedad.
No obstante, las políticas son reacias a controlar el gasto público. Muy por el contrario, insisten en aumentarlo. No sólo eso, sino que muchos gastos son banales o innecesarios en una situación de crisis (ministerios sin valor agregado, viajes de funcionarios dentro y fuera del país para encuentros que no resuelven problemas, autos y choferes para muchos funcionarios, oficinas que parecen palacios, infinidad de asesores para estar permanentemente en crisis, etcétera).
Sin esfuerzo se advierte que, si atender la pobreza infantil fuera una prioridad, recursos hay. En otras palabras, recursos existen: lo que faltan son decisiones para atender a los problemas.
Visto así, el Estado es parte del problema que diagnostica como justificativo a este nuevo impuesto: distribuye ingresos públicos en forma ajena a las necesidades. Por otro lado, no puede ignorarse el impacto en el presupuesto que tienen las empresas públicas deficitarias (aproximadamente US$ 4.000 millones al año).
Cuando lo que falla es la administración, la mayor cantidad de recursos que se le otorguen a un administrador ineficiente e ineficaz no solucionará los problemas financieros.
Más recientemente se rumoreaba que en lugar de crear el nuevo impuesto a la renta inesperada, desde la Administración Federal (AFIP) se intentaría captar recursos financieros adicionales a través de percepciones en Aduana y de una aceleración en el ingreso de anticipos del impuesto a las Ganancias.
A modo de conclusión, observamos que más recursos financieros no garantiza una solución a los problemas que nuestro padece, y que no son nuevos.
Por otro lado, no podemos omitir mencionar que toda idea de crear mayor presión fiscal sobre las empresas que generan empleo, productividad y actividad económica va a contramano de las necesidades de nuestro país. Lo que se necesita es generar confianza en los capitales para que se instalen aquí, o al menos no se vayan. Los cambios permanentes en las reglas juego van a contramano.
