Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Lenta, pero inexorablemente, las finanzas provinciales deberán ordenarse y recuperar, mínimamente, algo de la disciplina perdida a lo largo de dos décadas. A pesar de la ola privatizadora de los '90, que incluyó la venta al sector privado de la mayoría de los bancos provinciales, la disciplina fiscal ha sido la excepción más que la regla.
Los acuerdos y compromisos entre Nación y provincias no han conducido a una nueva Ley de Coparticipación Federal y, al igual que dos décadas atrás, se requiere alguna forma de compromiso vinculante para un ordenamiento no sólo de la distribución de impuestos nacionales sino también de la gestión de las cuentas públicas de la mayoría de las provincias.
A los números?
La información a junio de este año muestra un escenario relativamente heterogéneo. La mayoría muestra un resultado financiero deficitario, destacándose la complicada situación financiera de Tierra del Fuego, Santa Cruz y el Chaco, al menos en términos de la relación resultado financiero/ingresos propios. En la casi totalidad de las provincias el gasto corriente se concentra en remuneraciones y prestaciones sociales, pero el ratio deuda provincial/ ingresos provinciales supera el 20% en la casi totalidad de las provincias endeudadas ?una excepción a destacar es el Gobierno de la provincia de Santa Fe?. El grado de dependencia de la coparticipación es variable, observándose las mayores relaciones entre impuestos provinciales sobre ingresos totales en las más grandes (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). Sin embargo, el peso de los intereses sobre el gasto viene creciendo, gracias al aumento de las emisiones de deuda de las provincias que cobraron fuerte impulso después de que se resolviera el conflicto con los holdouts.
La película
Ahora bien, desde el año pasado estamos asistiendo a un verdadero “festival” de endeudamiento de las provincias. Algo inevitable, luego de los desbalances acumulados a diciembre de 2015 y, en no pocos casos, la explicitación de pasivos ocultos no reconocidos por administraciones anteriores. El caso más destacado es el de la provincia de Buenos Aires, que ha debido recurrir a la activa emisión de títulos de deuda dentro y fuera del país para sostener gastos asociados tanto a decisiones de la nueva gestión como a la cancelación de vencimientos de pasivos heredados. Considerando una muestra de las principales emisoras de deuda (doce gobiernos provinciales más la ciudad de Buenos Aires), el stock de deuda de esas provincias a fin de junio de este año ya superaba los $ 560.000 millones (y, del total, más de 2/3 fue emitido en moneda extranjera).
A pesar de la ola privatizadora de los '90, que incluyó la venta al sector privado de la mayoría de los bancos provinciales, la disciplina fiscal ha sido la excepción más que la regla
La decisión del BCRA de julio pasado de empezar a limitar el endeudamiento en dólares ha sido acertada. Si bien no ha recibido gran repercusión, es de esperar que la letra de la Comunicación A 6.270 sea uno de los pilares para que la Ley de Responsabilidad Fiscal ponga techo a cierta tendencia histórica a desbordes recurrentes de las finanzas provinciales. La citada norma, emitida el pasado 6 de julio, establece que, para obtener el visto bueno del BCRA, el ratio servicios de la deuda/ingresos del Estado provincial emisor no debe superar el 20% de sus ingresos proyectados (hasta entonces el techo “admisible” era de 40%). Si se toman los ingresos corrientes, no los totales de cada provincia, el mismo no ha sido superado por la mayoría de las provincias que están emitiendo deuda en moneda local y extranjera. De acuerdo a varias estimaciones privadas los datos observados (no proyectados) al primer semestre de 2017 muestran ratios iguales mayores al 40% en los casos de las provincias de Chubut, Jujuy, Buenos Aires, Neuquén, y Mendoza. Claros candidatos a futuros ajustes de sus niveles y composición de gastos, a efectos de corregir, al menos parcialmente, esos ratios de leverage visiblemente elevados.
Gestión y producción
Más allá de lo que ocurra con las disputas por el Fondo del Conurbano Bonaerense y otros en sede judicial, se observa una crónica falta de capacidad de autofinanciamiento de la mayoría de los gobiernos subnacionales. Un síntoma inequívoco de décadas de gestiones poco prudentes de las finanzas provinciales, pero también de la falta de desarrollo de actividades productivas competitivas, sostenibles y creadoras de vacantes laborales. Algo que para no pocas provincias se agravó dos décadas atrás cuando se transfirieron a los gobiernos provinciales responsabilidades que significan mayores gastos, sólo financiables vía nuevo endeudamiento o, como se vio en 2001-2002, con cuasimonedas.
Esto en el corto plazo no va a cambiar, al menos mientras no se instrumenten políticas conjuntas que permitan a los gobiernos provinciales y municipales empezar a reducir sus ratios de endeudamiento de manera permanente. Mientras tanto, las cuestiones del reparto de los recursos coparticipables seguirán siendo las prioritarias, dejando para algún futuro, todavía lejano, la efectiva coordinación de políticas que favorezcan el desarrollo de regiones atrasadas o fuertemente dañadas por catástrofes naturales. Por consiguiente, el “festival de bonos provinciales”, al menos por cierto tiempo, seguirá sin interrupción, pasando a las administraciones futuras la tarea de financiar los vencimientos de esta creciente acumulación de pagarés en moneda local y extranjera.
