El saqueo silencioso de los fiscos provinciales
La presión tributaria en Argentina no sólo se mide por la cantidad de impuestos, sino también por mecanismos poco visibles que alteran la liquidez —y la economía— de las empresas. Los regímenes de retención y percepción, lejos de ser un sistema neutro de adelantos impositivos, desde hace años se han convertido en una fuente de financiamiento estructural de los fiscos provinciales que se vale del trabajo de privados para sustraer capital a otros privados.
El último anuncio de Cristian Girard, director de ARBA, puso en evidencia lo que durante años fue un secreto a voces: el Estado bonaerense acumula millonarios saldos a favor de contribuyentes, producto de percepciones y retenciones sobredimensionadas.
Su "solución", teñida de oportunismo electoral, fue prometer que las devoluciones serán más rápidas para los casos muy menores —hasta $3,5 millones—, dejando de lado el problema de fondo: la apropiación indebida y sistemática de recursos privados para financiar al fisco.
El tamaño del despojo
La Unión Industrial Argentina (UIA) mostró con datos que esto no es anecdótico: en una encuesta a 101 empresas, a marzo de 2023 se reportaron $14.490 millones de saldos a favor de Ingresos Brutos (IIBB) —promedio por firma de $143,5 millones, según reconstrucciones periodísticas—. En 2024, la UIA comunicó que los saldos ya superaban los $500 millones por empresa en muchos casos, evidenciando un stock inmovilizado que crece con la inflación.
Todavía no hay datos consolidados para 2024-2025, pero la propia admisión oficial sugiiere que el fenómeno no sólo persiste, sino que se ha agravado.
Sectores en jaque y situaciones desopilantes
Entre los sectores más expuestos a saldos a favor crónicos aparecen las PyMEs de servicios —que muestran una incidencia de SAF particularmente alta— y las empresas con operaciones exentas o con bajo débito de IIBB (como muchas exportadoras), donde cualquier percepción/retención termina inmovilizando liquidez durante meses.
En años recientes abundaron casos insólitos de detracciones sobre operaciones que no se vinculan con el hecho imponible: ventas exentas de campos o inmuebles por personas humanas terminaron gravadas automáticamente, con retenciones en dólares que luego se devolvían en pesos devaluados, con una escandalosa disminución de su valor. También, en otras épocas, se han practicado detracciones hasta sobre reintegros médicos de obras sociales o pagos de seguros.
Un costo financiero invisible
Cada peso atrapado en un saldo a favor es capital de trabajo perdido. En una economía que supo superar el 200% de inflación anual, la demora en la devolución equivale a una transferencia patrimonial al Estado sin contraprestación. La actualización y el pago de intereses brillan por su ausencia, lo que confirma que la apropiación indebida se realiza de manera intencional.
No es un simple atraso administrativo: el diseño mismo del sistema garantiza que la demora licúe el crédito del contribuyente. En términos técnicos, esto es un impuesto inflacionario encubierto: el Estado se financia sin emitir deuda ni moneda, pero a costa de los contribuyentes y destruyendo su derecho de propiedad.
Una práctica sin comparación internacional (y el intento fallido de reducirla)
- En Estados Unidos, el sales tax se liquida por período y no existen retenciones bancarias generalizadas ni percepciones superpuestas a lo largo de la cadena: si se cobra de más, el refund es automático en la declaración siguiente.
- En la Unión Europea, el IVA funciona con crédito y débito fiscal: no hay redes de agentes privados que "corten" cada cobro; cuando una empresa queda a favor (por ejemplo, exportadores), los reintegros deben procesarse en plazos razonables, con intereses si corresponde.
- En Brasil, el ICMS usa en algunos rubros la substituição tributária: un anticipo único aguas arriba con mecanismo de restitución si la base real resulta menor a la presunta; no hay retenciones bancarias permanentes tipo SIRCREB.
- En Chile y Uruguay, el diseño es más simple: no existe un impuesto provincial equivalente a Ingresos Brutos que habilite decenas de regímenes simultáneos; los créditos de IVA de exportación se devuelven con mayor previsibilidad.
El Consenso Fiscal de 2017 intentó —muy tímidamente— acercar a Argentina a esos estándares (topes, territorialidad, devoluciones automáticas). Pero pronto fue desmantelado durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que no tuvieron pudor en aplicar, promover o permitir una presión fiscal descontrolada. Desde entonces, las provincias actúan sin restricciones, consolidando un esquema sin parangón en economías comparables: retenciones anticipadas y superpuestas que generan saldos crónicos devueltos tarde y devaluados.
¿Ineficiencia o delito?
El debate jurídico es más profundo de lo que parece. No se trata simplemente de una mala administración. Cuando los fiscos retienen montos que saben que no corresponden y demoran años en devolverlos —sin actualización ni intereses—, estamos ante verdaderas exacciones ilegales. El Código Penal prevé sanciones para los funcionarios que, abusando de su cargo, exigen o perciben lo que no es debido.
En este caso, no es un error individual. Tras años de supuestos "errores" que siempre favorecen al fisco, podemos afirmar, sin sonrojarnos, que se trata de un sistema montado con premeditación. Y eso coloca la discusión en un plano institucional mucho más delicado.
Una decisión impostergable
La discusión es clara: las provincias deben recortar gasto o buscar fuentes genuinas de financiamiento. Sostener el aparato estatal con dinero ajeno no es recaudación legítima, es una apropiación forzosa de liquidez. Y sus efectos se sienten en inversión, empleo y crecimiento.
El Gobierno nacional, en su cruzada contra los impuestos distorsivos, tiene herramientas para condicionar estos abusos, como limitar el uso del sistema bancario federal como agente recaudador de tributos provinciales.
Claro que un paso de esa magnitud abriría un conflicto político sin precedentes. Pero si de verdad se busca ordenar las cuentas públicas, ha llegado el momento de que la Nación muestre su poder de fuego para negociar un esquema razonable para todos los involucrados.