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No extenderá prohibición de despidos

El Gobierno reduce de forma gradual la doble indemnización

A su vez, se extiende la emergencia ocupacional por seis meses, pero se irá disminuyendo la doble indemnización paulatinamente durante el primer semestre.

El decreto extiende la emergencia ocupacional por seis meses.
El decreto extiende la emergencia ocupacional por seis meses.
24 diciembre de 2021

El Gobierno nacional estableció hoy una reducción gradual de la doble indemnización por despido y fijó que, a partir del año, se producirá un descenso escalonado de la suma que percibirá el trabajador en caso de ser echado sin justa causa.

Así lo estableció por medio del decreto 886/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y de todos los ministros del gabinete nacional.

En su artículo 1, la norma amplía hasta "el 30 de junio de 2022 la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 34/19 y ampliada por sus similares Nros. 528/20, 961/20 y 39/21".

A su vez, en su artículo 2, el decreto establece que en el caso de despido sin causa el trabajador afectado tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, el siguiente monto discriminado por etapas:

  • un incremento equivalente al 75% del monto de la misma, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2022
  • del 50 % a partir del 1º de marzo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2022
  • del 25 % desde el 1º de mayo de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022.

"Los porcentajes indicados en el artículo precedente se calcularán sobre todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo", se aclara en el articulo 3. Asimismo, señala que "a los efectos de establecer el cálculo de la indemnización definitiva, en los términos del artículo 2º del presente decreto, el monto correspondiente al incremento no podrá exceder, en ningún caso, la suma de $500.000".

El decreto indica además que "no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran".

En los considerandos, se habla de una "tendencia de crecimiento que se observa en la recuperación extendida de los puestos de trabajo registrados, perdidos durante la pandemia, y con el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios".

Asimismo dice que "se constata en los últimos datos provenientes de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes al mes de septiembre de 2021, que el empleo asalariado registrado en las empresas privadas presenta un crecimiento sostenido y generalizado en la mayoría de las regiones del país y en un amplio número de sectores económicos".

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