2 enero de 2026
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El Gobierno nacional endureció su postura frente a las entidades financieras para acelerar el ingreso de dólares al circuito formal y advirtió que despedirá a empleados del Banco Nación que soliciten documentación no prevista por la normativa. El mensaje fue transmitido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien remarcó que los trámites deberán ajustarse de manera estricta a la ley vigente, sin sumar exigencias adicionales.
La medida se inscribe en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, recientemente sancionada por el Congreso pero aún pendiente de promulgación y reglamentación. El objetivo central del Ejecutivo es promover la formalización de ahorros en dólares que hoy permanecen fuera del sistema bancario y acelerar su incorporación al circuito financiero, aun mientras los detalles operativos continúan en definición.
Durante una conferencia de prensa, Adorni fue categórico: "Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido". Explicó que para depositar dólares bastará con acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias, y que esos fondos podrán utilizarse libremente para gastar, ahorrar o invertir. En defensa del nuevo esquema, sostuvo que "los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables" y afirmó que el país "dejó de vivir en el reino del revés".
La presión oficial fue reforzada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien advirtió públicamente a los bancos a través de redes sociales. "Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación", escribió, y aclaró que la única condición será demostrar la adhesión al régimen simplificado. Caputo subrayó que quienes cumplan ese paso podrán depositar dólares y disponer de ellos de inmediato, con un funcionamiento comparable al de cualquier sistema financiero internacional.
La Ley de Inocencia Fiscal crea un régimen para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones, y redefine el rol de ARCA, que concentrará los controles en ingresos y deducciones, sin revisar gastos ni bienes. Mientras los bancos aguardan precisiones de la reglamentación final —que también involucra a la UIF—, el Gobierno insiste en que no tolerará trabas adicionales y que cualquier exigencia extra en el Banco Nación será causal de despido inmediato, en lo que define como un cambio de paradigma en la relación entre los ahorristas, el sistema financiero y el Estado.
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