Por Jorge Colina
El coronavirus en Argentina se presenta muy concentrado en Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Prácticamente, el 90% de los casos suceden en esa región. Con lógica, las autoridades nacionales cedieron libertad a los gobernadores para que decidan la oportunidad y la forma de salida del confinamiento en sus jurisdicciones. Así entonces, el interior de la provincia de Buenos Aires y las restantes 22 provincias del interior del país están retomando gradualmente las actividades económicas y sociales.
El indicador de movilidad de Google da cuenta de este proceso con su medición de movimientos hacia los lugares de trabajo. A finales de mayo, la movilidad a los lugares de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires era 60% inferior, pero en las provincias del centro y sur la movilidad era 27% inferior y en las del norte del país apenas 16% inferior, con casos como Jujuy y Catamarca que están cerca de la normalidad.
Un observador externo con estos datos, naturalmente, va a pensar que el problema económico provocado por el confinamiento está solamente en el AMBA y que el resto del país está en marcha. Sin embargo, es difícil que la realidad sea así. La razón es que los Estados provinciales en las provincias argentinas se financian eminentemente con recursos de la coparticipación de impuestos nacionales. Pero la coparticipación está estancada producto de la falta de actividad económica en el AMBA.
Por caso, los estados provinciales en el centro del país se financian en 66% con la coparticipación y el 34% restante con impuestos provinciales, en las provincias del sur lo hacen en 60% y 40%, respectivamente, y en las provincias del norte en 82% y 18%, respectivamente. Claramente, hay una dependencia muy grande de las provincias por los recursos nacionales.
Esta dependencia es el resultado del esquema impositivo argentino por el cual se centralizan los impuestos en la Nación para luego redistribuirlos con la coparticipación. Del 28% del PIB de presión tributaria en Argentina, el Estado Nacional recauda 23 puntos porcentuales, siendo los 5 puntos restantes recaudación de impuestos nacionales. De los 23 puntos porcentuales nacionales, sólo 8 puntos vuelven de manera automática a las provincias por la vía de la coparticipación. Este esquema tiene dos problemas fundamentales. El primero es una importante centralización de recursos fiscales en la Nación. El segundo es que los gobernadores dependen más de los que les toca por coparticipación y lo que las Nación les quiera dar de manera discrecional de su tajada, que del desarrollo de capacidades productivas dentro de sus propias provincias.
En otras palabras, para un gobernador es mucho más “rentable” congraciarse con el presidente de turno, más que generar las condiciones institucionales propicias para atraer inversiones a sus territorios. La perversidad del esquema queda al desnudo con el siguiente ejemplo. Un gobernador que trabaje con seriedad para generar una plataforma productiva, educativa, de ciencia y técnica, e innovación y desarrollo para atraer inversiones nacionales y extranjeras y expandir la producción, no vería incrementada de manera importante sus ingresos fiscales para sostener este proceso virtuoso. La razón es que el grueso de la recaudación impositiva diferencial va a la Nación para que la mayor parte quede en el Estado Nacional y otra buena tajada se reparta entre el resto de las provincias. En otras palabras, la coparticipación de impuestos es una regla que castiga a la “hormiga trabajadora” para repartir entre las “cigarras cantoras”.
Los países se desarrollan cuando tienen los incentivos alineados en la dirección al desarrollo. En este sentido, la copartici
pación como regla institucional debe ser revisada.
El cambio no debe ir por rediscutir los parámetros de la coparticipación. Sean éstos los primarios (entre Nación y provincias) o los secundarios (entre las provincias). Esto sería inconducente porque ninguna provincia querrá ceder.
Hay que cambiar el foco e ir hacia una innovación más audaz pero consistente con un país verdaderamente federal. Hay que eliminar la coparticipación y que las provincias tiendan a financiarse mayoritariamente con lo que recauden de la actividad económica dentro de su propio territorio. A grandes rasgos, esto es factible en las provincias del centro (básicamente las pampeanas, San Luis y Mendoza) que son las que producen el 78% del PIB nacional y tienen al 71% de la población. También lo es en las del sur que producen el 9% del PIB para el 6% de la población.
En donde obviamente profundizaría las brechas de desarrollo sería en las provincias del norte, que producen apenas el 13% del PIB para alimentar al 23% de la población. Para estas provincias se debería conformar un Fondo de Convergencia a fin de compensar sus asimetrías productivas, con metas de desarrollo social a fin de que dicho fondo no sea un esquema redistributivo de parámetros fijos y eternos (como es la coparticipación) sino una asistencia para que las provincias busquen superar dichas asimetrías para converger a niveles de desarrollo promedio.
En suma, hay que superar la coparticipación porque es una regla vetusta, arbitraria y que no incentiva en las provincia el desarrollo de políticas productivas (al contrario, profundiza la dependencia con el Gobierno central), para pasar a un esquema más moderno de autonomía fiscal de las provincias con un fondo de desarrollo e incentivos productivos para las provincias más rezagadas.
