El viceministro de Economía, José Luis Daza, cuestionó con dureza la propuesta de Emmanuel Álvarez Agis, quien ocupó el mismo cargo durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por sugerir la creación de un "impuesto al efectivo" para promover la formalización del comercio.
"Se requiere creatividad para concebir una idea tan tóxica y destructiva", escribió Daza en sus redes sociales. El funcionario detalló los efectos que, según él, tendría el tributo: "Desestabiliza el sistema bancario, castiga especialmente a los más pobres (usan más efectivo), desincentiva la bancarización necesaria para el desarrollo, fomenta la evasión 'creativa' e incentiva la compra de dólares para guardarlos 'bajo el colchón'... y mucho más".
El número dos de Luis Caputo advirtió además que una medida así generaría un fuerte impaco en los bancos. "Los argentinos han sufrido corralitos, confiscaciones de ahorros y el robo silencioso de la inflación. ¿Ahora esto? Saldrían corriendo de los bancos", señaló, y se preguntó: "¿Creen que quedará en 10% o los argentinos se preguntarán por qué no 20%, 30%... 90%?". Finalmente, concluyó: "Ideas como esta son las que han causado pobreza, subdesarrollo e inestabilidad. Nunca más".
Álvarez Agis había planteado en una entrevista que el impuesto sería equivalente al 10% y que su objetivo sería que el propio consumidor "induzca al comercio a blanquearse". "Voy al cajero, pongo $1.000 y salen $900", ejemplificó el economista, y explicó que la medida reemplazaría al Impuesto al Cheque, buscando fomentar la formalización y el uso de medios de pago digitales.
Según su propuesta, el tributo se complementaría con beneficios impositivos para los comercios formalizados y con la conversión de las billeteras virtuales en agentes de retención, en el marco de un esquema de "palo y zanahoria" que también incluiría un nuevo monotributo empresarial.
El cruce entre ambos economistas expone la tensión entre las visiones ortodoxa y progresista dentro del debate sobre la reforma fiscal que el Gobierno prepara para 2026, en un contexto donde el Ejecutivo busca reducir impuestos distorsivos sin afectar la recaudación.
