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125: el número de la grieta

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Héctor Rubini 08 julio de 2021

Por Héctor Rubini

Corría noviembre de 2007. La noticia de la designación de Martín Lousteau como ministro de Economía a partir del 10 de diciembre de ese año generó en algunos sectores cierta esperanza sobre una política económica profesional, que pusiera fin al predicamento del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Desde el inicio de su gestión el ministro confrontó con Moreno por sus “métodos” para controlar la inflación. Ya el 17 de febrero de 2008, el diario Clarín informaba sobre una discusión entre ambos funcionarios ante el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Moreno le “dio clase” a Lousteau sobre cómo controlar las tasas de interés. El 28 de febrero se conoció otro choque entre ambos, y al día siguiente la propia presidente lo llamó “ministro” a Moreno delante de Lousteau, en una reunión con empresarios.

A menos de tres meses de gestión la imagen del ministro estaba en caída libre. El 1° marzo, Clarín informaba que Moreno le decía “¿y, pibe, para cuándo tenés el índice?”. La Nación, a su vez, daba cuenta de que Moreno “fue reprendido por Cristina Kirchner debido a su hostigamiento a Lousteau tres días atrás”, pero contaba con el respaldo de la Casa Rosada. Y el 2 de marzo, Perfil anticipaba la renuncia del ministro si se aprobaba una propuesta de cálculo del IPC elaborada por Moreno.

Según el Indec, la inflación de 2007 había sido de 10%, pero las estimaciones privadas se aproximaban al 20%. Las primeras paritarias de 2008 cerraban con incrementos salariales en torno del 20%, pero algunos gremios pedían subas de hasta 35%, y la escalada de los precios internacionales de las commodities agrícolas asustó: el precio del trigo saltó 36,3% entre noviembre de 2007 y febrero de 2008; el de la soja 31%; el del maíz 29% y el del girasol, 31%.

Los acuerdos de precios no iban poder contener la inflación, y cambiar la metodología de cómputo del IPC iba a destruir la credibilidad en las autoridades. Otra alternativa era subir los impuestos (“retenciones”) a las exportaciones de cereales y oleaginosas para desacoplar los precios de los alimentos de la suba de los precios internacionales, y aumentar los ingresos fiscales.

Con un impuesto (retención) a la exportación el precio interno del bien gravado es el internacional menos la retención. En el mercado interno su nivel es inferior al internacional, pero si la alícuota es fija su tasa de variación es la misma que la de los precios del exterior. Un esquema de retenciones móviles, no fijas, puede, según la fórmula matemática utilizada, desacoplar la tasa de variación de los precios locales de la los internacionales. La Resolución 125 establecía un sistema de retenciones de móvil desde una alícuota marginal inicial 20% para las exportaciones de trigo y maíz y de 24% para las de soja y girasol. La fórmula matemática incrementaba esas alícuotas a velocidad levemente creciente hasta converger a la tasa de crecimiento de sus precios internacionales.

En diciembre de 2007, el precio promedio de la tonelada de soja en Chicago era de US$ 423,1, y a junio de 2008 cotizó a US$ 508,2. Si se aplicaba la 125, la soja exportada a diciembre debía pagar una retención de 37,72%, quedando para el exportador local un precio interno neto de US$ 263,47. Para el precio de junio de 2008, la alícuota a aplicar hubiera sido de 43,6%, resultando un precio interno neto de US$ 286,55.

Así, ante una suba del precio internacional de 20,1%, su precio interno aumentaría sólo 8,8%. Pero es mayor su impacto negativo sobre la rentabilidad de los productores, y el mismo se agrava para los productores más alejados de los puertos de exportación, por los mayores costos (a su cargo) de fletes, comercialización y tasas y contribuciones.

En febrero, Moreno había entregado a Néstor Kirchner un proyecto de suba de retenciones a las exportaciones de soja a 63%, que el expresidente dejó a consideración del ministro, pero su equipo venía trabajando desde varias semanas antes en diversas alternativas de retenciones móviles.

Finalmente, luego de la aprobación del matrimonio presidencial, el Gobierno publicó sin preaviso la Resolución 125 de retenciones móviles. El rechazo del agro y de los partidos de la oposición fue inmediato, y buena parte del Gobierno juntó bronca cuando frente a los primeros conflictos en las rutas, el ministro de Economía se ausentó durante Semana Santa, tomándose unas minivacaciones en Buzios.

Lo que siguió es bien conocido: cortes de ruta hasta en pueblos pequeños y la demonización del agro, con discursos y frases que sumaron más nafta al fuego. “La soja es, prácticamente en términos científicos, casi un yuyo”, “los voy a poner de rodillas”, “como en las peores etapas del '55 y del '76 salen como comandos civiles y grupos de tareas”, “las retenciones móviles procuran detener el proceso de sojización”, “son piquetes de la abundancia”, entre otros.

El proyecto se terminó cuando fue rechazado en el Senado, pero el conflicto señaló el inicio de la “grieta” (en realidad, un abismo) entre kirchneristas y antikirchneristas. Marcó el fin de la “transversalidad” y el comienzo de una etapa de mayor confrontación política.

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