Por Atilio Molteni
En 1964, el Gobierno de Argentina obtuvo la adopción de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU sobre la Cuestión Malvinas, por la cual la comunidad internacional reconoció que existía una disputa con el Reino Unido y que debían proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica.
Lamentablemente, fracasaron las que tuvieron lugar entre los años 1965 y 1982, durante las cuales nuestro país defendió su integridad territorial y el Reino Unido el supuesto derecho de los isleños a la autodeterminación.
Se discutieron diversas fórmulas de arreglo en un proceso en el cual los británicos manifestaron su disposición a transferir la soberanía bajo ciertas condiciones, siempre que los deseos de los habitantes fueran respetados, lo que no fue aceptado por Argentina, que sólo estuvo dispuesta en tener en cuenta sus intereses.
En 1977, el Gobierno laborista británico estimó que la fórmula transferencia-arrendamiento a Argentina era la posibilidad más realista de conciliar los puntos de vista de las partes, siempre que fuera aceptada por los isleños. Luego, el Gobierno conservador de Margaret Thatcher (que asumió en mayo de 1979) aceptó esta alternativa.
Sin embargo, al año siguiente esta opción fue cuestionada en el Parlamento cuando tomó conocimiento del informe del negociador británico Nicolás Ridley. Ese rechazo se originó debido a que sus integrantes reconocieron a los isleños un derecho de veto cuando solicitaron el congelamiento de la negociación, sin que el Foreign Office pudiera obtener un cambio de su posición, no obstante las gestiones que tuvieron lugar a lo largo de 1981. Así se frustró otra oportunidad más de llegar a un arreglo.
Londres también habría tenido en cuenta los intereses de sus compañías petroleras para explotar yacimientos cercanos a las islas. Otro factor fue su proyección geográfica y el acceso a la Antártida, pero sin atribuirles en ese momento un gran valor estratégico a pesar de la Guerra Fría.
El Gobierno británico tuvo en cuenta la posibilidad de una acción militar de Argentina, pero optó por continuar dialogando debido a que la defensa de las islas hacía necesario una operación militar de envergadura o constituir una “Fortress Falkand”, es decir, convertirlas en una fortaleza militar.
La política de ganar tiempo significo una opción riesgosa, pues un enfrentamiento armado podía convertirse en una realidad, en un marco global donde el Gobierno británico, como parte de la OTAN, priorizaba la modernización de su disuasivo nuclear embarcado en submarinos, disminuyendo su flota de superficie.
Esta cuestión se vinculó con los acontecimientos internos argentinos, pues en diciembre de 1981 asumió la presidencia el General Leopoldo Galtieri, cuyo Gobierno optó por intensificar las acciones para obtener el reconocimiento de la soberanía sobre las Islas. Fue una decisión vinculada con la disputa con Chile sobre el Canal de Beagle, que no era favorable para Argentina, pero también buscando desviar la atención pública de la crisis interna cuando la economía colapsaba. Existía una demanda de libertades políticas y habían trascendido los terribles alcances de la represión instaurada desde 1976.
En síntesis, se buscó obtener una solución de un problema de integridad territorial que importa a nuestra identidad nacional, bajo la creencia errónea que Londres aceptaría una negociación evitando el conflicto militar, debido a que existían indicios de que no otorgaba prioridad al mantenimiento de esa posición colonial.
El 19 de marzo, la crisis diplomática, que era evidente desde el mes anterior, se agravó por el incidente en las Islas Georgias del Sur, que fue el paso previo al conflicto armado de 1982. Londres reaccionó ante la presencia de trabajadores argentinos que desmontaban antiguas instalaciones balleneras, que consideraron ilegal y demostrativa de una política agresiva por la cual se pretendía controlar dicho territorio.
La búsqueda de una solución no tuvo éxito, mientras se incrementó la presencia naval de buques de ambas banderas en el área. El 23 de marzo, 90 legisladores solicitaron a su Gobierno que asegurara el mantenimiento de la Armada Real en el Atlántico Sur, reafirmara que las Islas Malvinas no fueran transferidas sin tener en cuenta los deseos de los isleños, al tiempo que trascendió el envío de un submarino nuclear al Atlántico Sur.
Seis días después, Lord Carrington, por entonces el Canciller británico, informó a su Gobierno que la disputa se había desarrollado de una manera tan hostil que podría provocar una confrontación bélica, en cuanto tomó conocimiento de las informaciones de inteligencia que daban cuenta que la Junta argentina había optado por la alternativa militar.
El Gobierno de Argentina intentó recuperar las Islas Malvinas y Dependencias, para después negociar su soberanía. Fue un grave error porque se concretó sin un análisis adecuado de la situación internacional. La Guerra Fría hacía suponer que Estados Unidos no aceptaría que uno de los miembros más importantes de la OTAN y su aliado permanente, fuera obligado al arreglo de una disputa de soberanía impuesto por la fuerza de las armas. No se tuvo en cuenta que los países europeos apoyarían a Londres, mientras no se obtuvo un respaldo suficiente a la posición argentina en la ONU. Tampoco se evaluó que se desencadenaría un conflicto con un país poseedor de armas nucleares que, luego, la flota británica llevó al Atlántico Sur.
En síntesis, nada garantizaba que el Reino Unido estuviera dispuesto a negociar, ya que su historia y la firme personalidad de Thatcher permitía suponer una reacción militar hasta recuperar las Islas.
El día 2 de abril tuvo lugar el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Al día siguiente, el Gobierno británico obtuvo la conformidad del Parlamento para el envío de una Fuerza de Tareas al Atlántico Sur, cuya organización ya estaba planificada. Con esa decisión, la primer ministro superó las críticas de quienes opinaban que su Gobierno debía renunciar por el mal manejo de la crisis. La excepción fue el canciller Lord Carrington, quien asumió la responsabilidad política por lo sucedido.
Thatcher sólo contaba con el 23% de aceptación popular y su futuro político pasó a depender de una acción militar decisiva, mientras que a la Armada británica una ofensiva naval exitosa le permitía demostrar su capacidad, pese a los riesgos concretos que debía enfrentar.
El 3 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 502, por la cual el Reino Unido obtuvo un triunfo diplomático al legitimar internacionalmente su acción militar en el Atlántico Sur. Desde ese momento, la primer ministro dirigió el Gabinete de Guerra e influyó decididamente en que no se concretara una solución diplomática a la crisis.
Ese mismo día en Buenos Aires, comenzó la formidable reacción de la presencia popular en la Plaza de Mayo, favorable a la recuperación de las islas (no hacia el Gobierno), que se reflejó también en todo el país y provocó un ambiente de triunfalismo en gran parte de los argentinos.
Esta realidad condicionó al presidente Galtieri y a los demás jefes militares, que luego preferirían la derrota antes que enfrentar a su pueblo, por lo cual se dejó de lado el propósito inicial de la denominada “Operación Rosario”, consistente en una acción militar de fuerza y luego tratar de negociar con el Reino Unido.
