Por Enrique Zuleta Puceiro
Entre los muchos acontecimientos mundiales que enmarcaron la vida argentina durante los años de la fecunda trayectoria de El Economista, destaca por su particular relevancia la transición política vivida por España entre la muerte de Franco en 1975 y la sanción de la Constitución de 1978 y, en particular los pactos económicos, políticos y constitucionales que dieron lugar a la España contemporánea.
Desde sus comienzos y diría que, hasta la actualidad, la transición española ha operado como un paradigma de referencia, revelador de la capacidad de una Nación para remontar una historia de enfrentamientos y frustraciones, desafiar condiciones contextuales adversas y refundar sus instituciones bajo el impulso reflexivo de una dirigencia joven y esclarecida.
Una historia de éxito, siempre vigente como modelo de lo que puede la voluntad esclarecida de una generación de dirigentes y como fuente permanente de recetas y lecciones. En un mundo en el que las “Moncloas” parecerían haber devenido objetivos inalcanzables, conviene repasar una vez más la lógica interna de un proceso aun hoy cargado de enseñanzas.
La arquitectura de la transición española abarcó tres aspectos centrales.
En primer lugar, la importancia de un objetivo consensuado desde todos los sectores políticos. Ese objetivo fue Europa.
La joven democracia española que revivía después de las elecciones de la transición en 1975 registraba la existencia de solidos partidos de izquierda -socialistas y comunistas- , aunque casi sin partidos moderados y de centro -derecha.
Sin embargo, todos concordaron, por razones acaso muy diferentes, en el propósito de hacer de España un país europeo, capaz de desarrollar políticas afines con un entorno cada vez más convergente en materia de reformas económicas, sociales y políticas. No había ya lugar en el mundo para un país envuelto en guerras intestinas -sociales, religiosas, étnicas o ideológicas-. La tendencia hacia la articulación de pactos sociales se verificaba en toda Europa, salvo la excepción de la Inglaterra de Margarte Thatcher.
La pertenencia incondicional a Europa fue y sigue siendo la clave de bóveda de los acuerdos de la transición. Sin la Unión Europea como horizonte de realización nacional, los españoles difícilmente hubieran logrado instrumentar una compleja agenda de la concertación.
El acuerdo no era una tradición política establecida y tampoco lo es hoy, tal como lo demuestran los nacionalismos actuales, ejemplos notables de una incapacidad para recrear una concertación virtuosa como la que lograron impulsar los jóvenes protagonistas de la transición de los años '70. La pérdida actual de energía y vitalidad del ideal europeo explica buena parte de las dificultades actuales.
Luego vendrían los acuerdos de La Moncloa que se implementaron a través de tres pactos separados. El pacto económico se centró en un plan de estabilización, nada diferente de los cientos de planes similares ensayados antes y después en el resto del mundo. Se acordó el despido libre para 5% de las empresas, rompió la alianza corporativa de sindicatos y empresarios con el Estado. Consagró la apertura y libertad sindical, puso un techo del 22% a los incrementos salariales -la inflación estimada para el año siguiente 1978-. Inició al mismo tiempo una profunda reforma tributaria, que llevaría varios años, basada en el impuesto a la renta personal. Sobre todo, se estableció una política de control del déficit público y de férreo control de la fuga de capitales. Ese pacto fue firmado por todos los partidos intervinientes.
El pacto político fue más complejo. Abolió restricciones importantes a la libertad de prensa, prohibió la censura previa, se levantaron aspectos relevantes del secreto oficial para permitir la información parlamentaria y se aprobó el pleno derecho de reunion y de asociación política. Se establecieron importantes mecanismos de salvaguarda de la libertad de expresión y los derechos de defensa en juicio y se restringió el alcance de la jurisdicción militar. Se reconocieron derechos y se tipificaron delitos que marcaron un avance que si bien incipiente abría el camino que llevaría a la Constitución del año siguiente 1978.
El pacto político fue firmado por todos los partidos , con excepción de las fuerzas de derecha, representadas por la Alianza Popular de Fraga Iribarne.
Las reformas sociales se centraron en el reconocimiento de las centrales sindicales de los grandes partidos y en el reconocimiento incipiente de derechos de la mujer. Se derogaron normas penales contra el adulterio y el amancebamiento, se modificaron fechas para la configuración de algunos delitos como el estupro y el rapto y se liberalizo la venta de anticonceptivos
Es importante señalar que los pactos fueron gestionados y firmados exclusivamente por los partidos políticos y no, como podría pensarse por los sindicatos y los empresarios, que fueron informados y consultados, pero no integrados a una decisión política de dejar atrás definitivamente el modelo corporativo.
De allí que la nueva Constitución de 1978, el tercer dato central, fuera el instrumento que institucionalizó la construcción de un nuevo sistema político, capaz de operar como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones.
La ejemplaridad de la transición y de los instrumentos que la posibilitaron radica en su naturaleza, reveladora de las posibilidades de la política para orientar a una sociedad secularmente incapaz de dominar sus tendencias hacia el conflicto social, la pugna distributiva y la dominación clientelar.
