Hay que pasar el invierno… y la primavera también

26 de mayo, 2020

Por Héctor Rubini Economista de la Universidad del Salvador (USAL)

 

La prolongación de cuarentenas en diversos países está generando cierto alivio para la administración de la capacidad de internación de pacientes. Sin embargo, ese efecto es menos que imperceptible frente a los demás costos económicos, psicológicos y también sanitarios que enfrentan las poblaciones. La extensión con cierres rígidos, con manu militari como en la República Popular China, no son fáciles de implementar. En algunos casos, obedece al retraso en aplicar medidas de confinamiento para ciertas áreas con mayor movilidad interna que hacia otros barrios.

 

La opción de cierres compulsivos y con fuerzas de seguridad difícilmente pueda sostenerse en el tiempo y de manera general. Parte de la población, al menos, tiende a interpretarlo como un abuso de autoridad. Si además se trata de difundir una aplicación para seguimiento de movimientos privados, y una legisladora promueve la apropiación estatal de acciones de empresas que tomen a créditos subsidiados, inevitablemente emergen dudas y preguntas nada triviales. ¿Se está rumbo a un Estado de sitio formal? ¿Están en peligro los derechos de propiedad y las libertades individuales? ¿Puede esto profundizarse si se prolonga por varios meses? ¿Las garantías de la Constitución Nacional quedarán de facto suspendidas por decretos del Ejecutivo, total “no pasa nada”? Lo observado en la Villa Azul de Quilmes ha disparado todo tipo de alarmas, y no sólo en el llamado “círculo rojo”.

 

Frente a las temperaturas en baja para los próximos meses y la circulación de habituales virus y enfermedades invernales, la capacidad de persuasión es lo que debe recuperarse para flexibilizar gradualmente los controles vigentes. Algo inevitable, ya que nada asegura la desaparición del Covid-19. La convivencia con el virus es inevitable. Urge no sólo salvar vidas directamente en el corto plazo, sino evitar el desabastecimiento de productos básicos, y el temor general a confiscaciones u otras prácticas autoritarias que bien puede disparar un pánico bancario y cambiario. Algo contra lo cual ahora no se dispone de fondos externos rápidamente para evitar una catástrofe financiera y macroeconómica.

 

Estos riesgos no son nuevos y seguirán obligando a las autoridades a aumentar más las horas de trabajo para administrar esta crisis, la capacidad de respuesta y la calidad de sus respuestas. El sector privado está en una dinámica de implosión contenida. Otorgar créditos que nadie sabe si podrán ser devueltos, y que aparentemente no llegaría a mucho más de la mitad de pymes al borde de la insolvencia, forzará a subsidios bajo la forma de transferencias no reembolsables. “Hiperinflación” dirán muchos, ya que exigirá emisión monetaria. Pero habrá que ver la dinámica de costos y precios regulados, la demanda de dólares, las expectativas de inflación y la percepción de riesgo de familias y empresas. La demanda de dinero por motivo precautorio puede aumentar (algo hoy más que dudoso), o caer junto a la demanda transaccional. Caso más probable, sobre todo si la destrucción de la oferta de bienes reduzca rápidamente la oferta de alimentos, medicamentos y productos de limpieza.

 

Un escenario factible si se cumple el repentino presagio de ayer del titular de Salud del Gobierno de la Ciudad: el pico de la epidemia duraría entre 6 y 10 semanas. Ahora bien, ¿no se sabía antes? ¿No se podía preparar a la población gradualmente para una coyuntura peor que lo que se sugería el 20 de marzo pasado? Las cuarentenas y su graduación son un instrumento costoso e ineficiente. Pero no hay otro hasta que se disponga de una vacuna o un tratamiento para un virus que todavía no termina de conocerse. Tampoco la posibilidad (o imposibilidad) de erradicarlo. La transición hasta el logro de esa vacuna o tratamiento es, lamentablemente, incierta. Pero una cosa es anunciar confinamientos por 2 semanas, con incertidumbre permanente, y otra cosa hacerlo con la debida anticipación para que la población acomode sus planes de ingresos y gastos si es que la cuarentena habrá de durar 4 o 6 meses más.

 

En ese tránsito todos los gobiernos deben manejarse con dos restricciones que requieren una gestión en extremo cuidadosa.

 

Una es la limitada cantidad de recursos de los sistemas de salud. Las cuarentenas se aplican para evitar el colapso del sistema hospitalario, pero a costa de reducir fuertemente la actividad económica y relegar en el orden de prioridades (salvo urgencias) a quienes demandan atención médica, pero no por Covid-19.

 

Otra es la limitada capacidad de tolerancia de la población. Algo que se va naturalmente agotando con el correr de las semanas. Si haya cada vez más personas inmunizadas puede haber más margen para acelerar ciertas flexibilizaciones. Pero a medida que pasa el tiempo con cuarentenas, las prohibiciones oficiales a la interacción social y a la libre movilidad de las personas no sólo deterioran el nivel de actividad, el empleo y los ingresos. También erosionan la credibilidad en las autoridades y los cuidados con esta nueva enfermedad. Y esto es más que esperable si no se da una respuesta efectiva y rápida a la demanda de compensaciones por la pérdida de empleos e ingresos de trabajadores y empresarios.

 

Si la ayuda estatal se percibe como insuficiente, o prácticamente inaccesible, los potenciales beneficiarios (empresas y trabajadores) ajustarán hacia abajo sus proyecciones de ingresos y gastos, y de manera irreversible.

 

A medida que se extienda en el tiempo la cuarentena, mayores van a ser sus daños económicos. Pero si esto lleva a una recesión insoportable, y peor aún, junto a una aceleración inflacionaria, se agudizará inevitablemente la falta de respeto a la enfermedad, y se exacerbará la desobediencia civil. Algo razonable pero que, a su vez, conducirá a un rebrote de la epidemia, a riesgo de provocar la saturación de la capacidad hospitalaria y mayor número de fallecimientos.

 

La salida exige información precisa y flexibilización ordenada. Lo primero, a través de testeos masivos. Lo segundo mediante estrategias selectivas para removilizar gradualmente los flujos de comercio, transporte y personas. Una meta razonable es la de minimizar los contagios del virus, pero también los de otras enfermedades.

 

Si algo urge es la de evaluar estrategias de salida sin generar desconfianza. De lo contrario, la fatiga psicológica y la percepción de falta de rumbo harán que la falta de cuidado frente al Covid-19 y la desobediencia civil sean la regla, y no la excepción. Algo que puede agravar, y por varios meses, las consecuencias de este virus y del distanciamiento forzado. Hasta ahora, ha sido el único instrumento elegido por las autoridades para enfrentarlo, y ha empezado a agotar la paciencia de buena parte de la población.

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