Por Alejandro Saez Reale Coordinador de Ciudades de Cippec
La llegada del Covid-19 a Argentina y los esfuerzos de los diferentes gobiernos y jurisdicciones por frenar esta pandemia han dejado una foto y una frase muy poco usual.
La foto es la del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan -Frente de Todos- y Fernán Quiroz -Pro-, ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, firmando un acuerdo de articulación de acciones ante esta situación de emergencia sanitaria. El acuerdo, que implica trabajar de forma conjunta la vigilancia epidemiológica y dar respuesta de forma integrada, también fue rubricado por el Decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Ricardo Gelpi, y por otras universidades y sociedades científicas.
Y la frase, es de Fernán Quiroz, mencionada en la conferencia de prensa de la firma del acuerdo: “Las epidemias no respetan límites jurisdiccionales”. Bajo esta frase, muy oportuna, subyace un concepto notable, relacionado a la necesidad de coordinar acciones entre municipios y gobiernos de un mismo aglomerado urbano independientemente de su partido político: es lo que llamamos coordinación interjurisdiccional o coordinación metropolitana. Esto resulta imprescindible en territorios complejos, como el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se encuentra fragmentada en más de 40 municipios y dos jurisdicciones de nivel provincial.
La fragmentación jurisdiccional y la ausencia de gobernanza metropolitana efectiva tiene un costo demasiado alto para los habitantes en términos de calidad de vida y de progreso económico. La evidencia muestra que a mayor fragmentación en municipalidades de un área metropolitana, menor nivel de productividad. La OCDE estima que para un mismo tamaño de población, un aglomerado con el doble de municipalidades pierde cerca de un 6% de su producto bruto geográfico (PBG), pérdida que puede reducirse hasta un 50% de existir órganos de gobierno o de coordinación metropolitana.
La articulación de esfuerzos ante un enemigo común (#COVID-19) puede ser también una oportunidad para generar diálogos y acciones de coordinación intermunicipal e interjurisdiccional imprescindibles para enfrentar otros desafíos que tampoco respetan límites jurisdiccionales, como el cambio climático, la movilidad sostenible, la seguridad o el acceso a un hábitat digno.
