El Gobierno oficializó hoy el aumento de retenciones para la soja, del 30% al 33%, y la reducción para una decena de cultivos relacionados con las economías regionales, a través del decreto 230/2020 publicado en el Boletín Oficial. Ante eso, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) difundió un comunicado, en el que instó a defender la industrialización de la soja a través de "derechos de exportación que no castiguen la transformación y el empleo en Argentina".
Según explicó la agrupación que nuclea a gran parte de las exportadoras de granos, el decreto "eleva las alícuotas de derechos no sólo para la soja sino también para la harina y el aceite de soja castigando, a través de un impuesto al valor agregado de exportación, la industrialización, el empleo y la mayor generación de divisas para el país al ser el primer sector exportador nacional y líder mundial en estos productos procesados".
Al respecto, señaló que el Gobierno ha establecido derechos de exportación inferiores que las materias primas, para la harina de trigo, de maíz, maní procesado, pescados procesados entre otros, "apostando a generar empleo y mayores exportaciones de productos industrializados". "Es por ello que proponemos que el Gobierno aplique un tratamiento impositivo igualitario para poder recuperar la fortaleza de la industrialización de soja en nuestro país", reclamaron desde Ciara.
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Ciara reconoció que "el Gobierno está enfrentando el desafío de lograr una deuda externa sostenible", aunque consideró "que se debe hacer con una lógica de construcción y defensa de la industria nacional". "Los países competidores celebran esta medida porque podrán desplazar a la Argentina de mercados compradores, instalar fábricas de molienda en otros países, así como se profundizara las exportaciones de poroto de soja sin procesar", advirtió en el comunicado.
En ese sentido, resaltó que "el proceso de primarización de la soja, que implicó que su venta como poroto sin procesamiento al exterior creciera el año pasado 140% -según datos del Indec- atenta contra el desarrollo del empleo, la industrialización en el país y deprime los precios locales a los productores, por lo que reduce la exportación de productos con mayor valor agregado y consiguientemente el mayor ingreso de divisas. Actualmente, la industria tiene una capacidad ociosa del 43%.".
Según Ciara, "esa inequidad tributaria, instaurada hace dos años tras décadas de promover la industrialización en Argentina, perjudica la diversificación de exportaciones a más de 60 mercados". También afecta "la posibilidad de entrega anualizada de soja por parte de los productores, criterios más flexibles de calidad y precio a favor de los agricultores locales; la valoración internacional de la calidad de los productos industrializados argentinos, la fidelización de compradores en el mundo, y la preponderancia del país como primer exportador de harinas proteicas y aceites de modo confiable y permanente".
"La cadena de industrialización y exportación de productos de la soja genera efectos positivos en otros eslabones industriales, en inversiones en puertos e infraestructura terrestre, ferroviaria y marítima, así como en el arraigo territorial nacional", señaló el comunicado.
Por eso, Ciara instó al Gobierno "a revisar esta medida a la luz de defender una industria nacional que busca aumentar exportaciones, diversificar mercados, expandir inversiones y proteger el empleo calificado".
"El desarrollo sostenible del país debe estar basado en un plan de expansión agroindustrial exportador sobre el cual queremos trabajar con el Gobierno nacional desde ahora", concluyeron.
