Debatiendo en el Titanic

16 de octubre, 2019

Por Jorge Colina Economista de Idesa

 

Llama la atención la soltura con la que los candidatos presidenciales emitían promesas en el debate como si el país estuvieran en situación normal y lo que estaría haciendo falta son propuestas de mejoras. Las evidencias muestran que la realidad es diametralmente opuesta.

 

La primera evidencia objetiva de la extremadamente precaria situación fiscal del Estado nacional es que nadie está dispuesto a prestarle para financiar su déficit. En agosto, el Gobierno quiso renovar las Letras de Tesorería y la licitación se declaró desierta porque no hubo ofertas. Esta situación es la que llevó al Ministerio de Hacienda a imponer el reperfilamiento, es decir, diferir compulsivamente el pago de deuda. En este sentido, el reperfilamiento no es el comienzo de la solución, sino el agravamiento del problema.

 

De todas formas, lo más importante del reperfilamiento es que, sin acceso al crédito voluntario, no hay otra opción que emitir moneda para financiar el déficit fiscal.

 

¿Está la situación del mercado monetario propicia para absorber más dinero?

 

Sin entrar en tecnicismos, algunos datos simples ayudan a observar la situación. Como vienen las cuentas públicas, a diciembre del 2019 el déficit del Sector Público Nacional total (primario más intereses de deuda pública) ascenderá a aproximadamente un billón de pesos. A esto hay que sumarle el stock de Leliq acumulado en el BCRA y cuya contraparte son los plazos fijos en pesos que asciende a otros $1,2 billones. Ahora, la cantidad de dinero en pesos en manos de la gente (efectivo, cuentas corrientes y cajas de ahorro, o M2 como le llaman los economistas) asciende a $2,2 billones.

 

Estos datos muestran que si hay que emitir para financiar el déficit fiscal y para cambiar las Leliq del BCRA en el caso de que los ahorristas no renueven sus plazos fijos en pesos, la cantidad de pesos en manos de la gente va a tender a duplicarse. Semejante expansión monetaria en la actual situación –inflación de 55% anual en crecimiento, más recesión, más severa escasez de dólares–, tiene altas probabilidades de llevar la crisis a un estadio superior de descomposición: la hiperinflación.

 

Esta crítica situación, incluso, no está estable sino que denota un claro empeoramiento. Los $2,2 billones en manos de la gente en efectivo, en cuentas corrientes y en cajas de ahorro (M2) representan aproximadamente el 10% del PIB. Este mismo indicador en diciembre del 2018 se ubicaba en el 13% del PIB. Entonces, así como los ahorristas no le quieren prestar más al Estado Nacional, la gente común tampoco quiere recibir más pesos del Estado Nacional. En otras palabras, se cerró el crédito y los espacios para seguir emitiendo se van cerrando también.

 

Algunos optimistas del no pago de la deuda podría argumentar que declarando el default se evita pagar intereses, que explican gran parte del déficit fiscal. Pero aun suponiendo que se instrumentara este costoso procedimiento, los riesgos hiperinflacionarios no se disipan si no se generan superávit primarios sostenidos. En las actuales condiciones, generar superávit primarios es muy difícil porque las jubilaciones y otras prestaciones sociales, los salarios públicos y los subsidios económicos, que representan más del 75% del gasto primario, tienen adosados mecanismos indexatorios muy estrictos. A esto se suma que las promesas electorales, la presión de los actores sociales y los fallos de la Justicia implican siempre reducir ingresos y aumentar gasto.

 

Más allá de cualquier alquimia monetaria, financiera, cambiaria, étera. que se instrumente, la única forma de disipar una hiperinflación es consensuando un plan de ordenamiento del Estado. Los ordenamientos esenciales son tres: el ordenamiento previsional (con mecanismos automáticos de actualización de las reglas previsionales según la dinámica demográfica, restringiendo la doble cobertura y eliminando los regímenes especiales), el ordenamiento impositivo (unificando impuestos nacionales, provinciales y municipales) y el ordenamiento funcional del gasto público (eliminando organismos y programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales).

 

Actuar como si la crisis fuera pasajera y que, disipado el panorama político, se tenderá a la normalidad es una falta de responsabilidad. Sin crédito y con la demanda monetaria cayendo, el camino es abordar con seriedad el ordenamiento del Estado para lograr superávit primarios sostenidos. Esto es lo que habría que estar debatiendo.

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