Por Gustavo Márquez (*)
El Senado tomó una iniciativa de relevancia y dio media sanción al proyecto de ley que establece la emergencia climática. En los fundamentos de esa futura norma, el proyecto se apoya en el Informe Especial producido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que detalla diferentes vías para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. “Estas soluciones requerirán esfuerzos sin precedentes para reducir en 45% el empleo de combustibles fósiles en menos de 15 años y eliminar su uso casi por completo en 30 años. Esto implicaría que ningún hogar, negocio o industria se abastezca de calefacción por medio de gas o petróleo; ningún vehículo se desplace con diésel o gasolina; todas las centrales eléctricas de carbón y gas sean reemplazadas; la industria petroquímica sea reconvertida a industria química verde; y la industria pesada como la producción de acero y aluminio, funcione por medio de fuentes de energía limpia”, dice el texto.
Según el mismo, hay varios aspectos a tener en consideración, dentro de un corpus normativo pleno de conceptos que son alentadores. Esto deberá contrastarse con el resultado final, si se obtiene la aprobación en Diputados y se convierte en ley. Ya como tal, su reglamentación será de una gran importancia para evaluar si ha cambiado o no la esencia original del proyecto. Como antecedente no muy positivo, pueden mencionarse las idas y vueltas que tuvo, por ejemplo, la sanción y reglamentación de la Ley de Bosques.
En cuanto a la participación ciudadana, por comenzar con uno de los ítems que merecen resaltarse, la iniciativa nacida ahora en la Cámara Alta, fija la creación de la Comisión de Emergencia Climática (COMEC) dentro de cuya composición se contempla la existencia de “seis representantes de las organizaciones de la sociedad civil: de la juventud, de los pueblos originarios y de organizaciones campesinas con reconocida trayectoria en la defensa del ambiente”. Ellos “serán designados de acuerdo al proceso de selección que se determine en la reglamentación, el cual garantizará las condiciones de transparencia, igualdad y no discriminación, idoneidad, publicidad, convocatoria amplia, equidad y pluralismo, a fin de asegurar la integración democrática de los miembros”. Cabe aclarar que hay un pedido por parte de organizaciones gremiales de integrar a sus representantes también en la COMEC y esto puede ser clave para sectores que se vislumbran estratégicos en los cambios que el sistema productivo deberá afrontar para adaptarse a los nuevos escenarios que se avecinan.
El sector automotriz, por citar un caso, ya está en los umbrales de un cambio tecnológico de proporciones, de cara a la sustitución de combustibles que son una realidad, como los sistemas híbridos, eléctricos y también los basados en el hidrógeno. También habrá cambios en otros sectores como el energético, si tenemos en cuenta que el proyecto aprobado mayoritariamente por el Senado, identifica entre sus metas “generar un plan de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, con el objetivo de lograr reducir a cero las emisiones netas a 2050”, el mismo año señalado como tope para el logro de “una matriz energética primaria 100% renovable”.
En el rubro alimenticio, el proyecto ingresa en un aspecto de profunda raigambre no sólo en la producción sino también en el consumo histórico de los argentinos, dado que estimula “transformar la industria alimentaria, tendiendo a la reducción o eliminación de los productos de origen animal”.
Como bajada a tierra en términos de políticas públicas, el proyecto fija una línea temporal según la cual “en el plazo de tres años de su entrada en vigencia, la COMEC presentará al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional una propuesta de Plan Nacional de Emergencia Climática para el periodo 2022-2030 el cual tendrá carácter vinculante y deberá ser implementado por el Poder Ejecutivo Nacional”.
El tiempo dirá, como siempre, si la buena voluntad del legislador se corresponde con la realidad y el bien común se impone sobre los intereses particulares (que no son pocos ni, menos aún, privativos de Argentina). En el medio están los ciudadanos que día a día comprueban y sufren en carne propia el deterioro ecosistémico y no sólo el ciudadano en su rol básico de habitante, dueño de derechos y portador de obligaciones.
El mismo ciudadano que se enferma, se inunda, padece la carencia de agua potable, o sufre por los golpes de calor o la ola polar, ve deteriorada su calidad de vida. Todas estas caras forman parte de la misma moneda donde hay empresarios a quienes los insumos les resultan cada vez más caros y es entonces donde la economía del derroche de recursos (aún en países no desarrollados), deberá advertir que hay otros métodos y procesos de producción, comercialización y consumo, que pueden sostener mejor la existencia de la civilización en el planeta. Será el momento de revisar conceptos como los de ecoeficiencia, producción más limpia y economía circular. El rol del sistema educativo y científico es y será clave, para apoyo de este cambio de paradigmas que llegó para quedarse, como lo demuestran los estudios de opinión pública sobre el Cambio Climático. Allí, según datos relevados por el Programa USAL-YALE de Comunicación del Cambio Climático, un alto porcentaje de los argentinos no sólo cree en la existencia del mismo sino que además señala como su principal causa a la actividad humana. Si esa emergencia climática sintoniza con esas demandas sociales, se habrá dado un enorme paso hacia la sostenibilidad.
(*) Director de la Escuela de Geografía y Ciencias Ambientales de la USAL y Coordinador del Instituto de Medio Ambiente y Ecología de la USAL
