La segunda entrega de las cartas de Jefatura de Gabinete, difundida ayer, se aboca a las empresas públicas. Aquí también hubo pesas herencia. “El Gobierno Nacional encontró empresas públicas mal administradas, sin coordinación ni estrategia comercial, con déficits enormes y que incumplían su compromiso con la sociedad”, dice la misiva.
Luego del péndulo privatista en los '90, “en la década anterior el péndulo volvió a moverse y regresó la tendencia estatizadora: Correo Argentino, en 2003; AySA, en 2006; Aerolíneas Argentinas, en 2008; e YPF, en 2012, entre otras. Con la estatización regresaron muchos de los problemas tradicionales de la gestión empresaria del Estado argentino: administración inexperta e improvisada, empresas sin rumbo, déficits crecientes y, en ocasiones, como en Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares o Enarsa, empresas aprovechadas para usos políticos y carcomidas por la corrupción, según auditorías recientes”, dicen desde la cartera de Marcos Peña.
Cambiemos, agrega la misiva, busca encontrar un equilibrio, y derribar mitos. “La visión del Gobierno intenta ser pragmática y de largo plazo. La vieja dicotomía argentina sobre empresas de servicios públicos ?de un lado, empresas estatales pero ineficientes y sin transparencia ni mecanismos de control y, del otro, empresas privatizadas pero sin marcos regulatorios adecuados?, para el Gobierno es falsa. Hay espacio para que el Estado sea accionista y operador de un grupo de empresas que contribuyan al desarrollo del país: dedicadas a cumplir un rol social ?como los trenes suburbanos o la provisión de agua y cloacas?, que hagan inversiones en infraestructura, mejoren los mercados donde operan y sean administradas por una gestión profesional y transparente que les impida transformarse en botines políticos o corporativos”.
Según Jefatura, hay 42 empresas donde el Estado tiene el control y una participación total o mayoritaria. En este grupo hay empresas de energía, como YPF o Enarsa. Bancos, como el Banco Nación. Empresas de transporte, como Belgrano Cargas o SOFSE (la operadora de los trenes de pasajeros). Y de comunicaciones, como Correo Argentino o ARSAT, entre otras.
“En diciembre de 2015, el Gobierno encontró un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas, además, reinaba la corrupción”, dice la carta.
Los ministerios respectivos, aclara, siguen siendo sus accionistas formales.
Esta situación, combinada con un aumento en la cantidad de compañías, generó en los últimos años un creciente impacto de las empresas públicas en las arcas del Estado. En 2003, las empresas públicas no le costaron prácticamente nada al Tesoro, y hasta 2007 las transferencias fueron insignificantes. La tendencia cambió en 2008, con la estatización de Aerolíneas Argentinas y el primer gran salto en las transferencias a Enarsa, la petrolera estatal encargada de repartir los subsidios a la energía. Ese año el Estado transfirió a las empresas públicas alrededor de US$ 2.000 millones, equivalentes al 0,4% del PIB.
En los años siguientes, los déficits de las empresas y las transferencias del Tesoro siguieron aumentando. Alcanzaron su techo, impulsadas por los crecientes pagos a Enarsa y los escasos incentivos a obtener resultados, en 2014, cuando las transferencias para gastos corrientes (es decir, para cubrir los déficits) fueron de $69.000 millones, 1,5% del PIB. En 2015, el último año de la administración anterior, el dinero público transferido a las empresas se redujo un poco, a $57.000 millones de pesos (o 1% del PIB), en buena parte gracias a la caída en el precio internacional del petróleo, que redujo el déficit de Enarsa.
“Además de déficits crecientes, las empresas públicas también mostraban en diciembre de 2015 muy poca transparencia en su toma de decisiones y una ausencia casi total de estándares de buen gobierno corporativo. Salvo YPF y las empresas financieras, como Banco Nación y el BICE, las empresas estatales carecían de esquemas de buen gobierno que les permitieran despolitizar el proceso de toma de decisiones, atraer recursos humanos profesionales y promover la transparencia en procesos como las compras de bienes y servicios. Además, varias empresas, como Tandanor desde 2011 y Aerolíneas Argentinas desde 2012, llevaban años sin presentar balances auditados”, amplía la misiva.
El ordenamiento de la gestión de las empresas públicas es una de las 100 iniciativas prioritarias del Gobierno y, por eso, la Jefatura de Gabinete de Ministros armó en las primeras semanas de la gestión un equipo específico para seguir el desempeño de las empresas de mayoría estatal, tanto en lo relacionado a su gobernanza como a su eficiencia.
En octubre, además, empezó a funcionar el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, integrado por los ministros accionistas de las empresas (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa), dos miembros independientes de reconocida trayectoria (actualmente, Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. El Consejo se reúne periódicamente en Casa Rosada para seguir la evolución de 31 empresas públicas, discutir sus planes estratégicos y monitorear su desempeño. En las reuniones, los presidentes exponen sobre la situación actual de sus empresas y presentan lo que ellos consideran el rumbo a seguir.
En 2015, por cada peso que ingresaron por ventas, las empresas públicas erogaron dos pesos en gastos operativos: el otro peso lo tuvo que poner el Tesoro. Esta práctica generó un déficit operativo de $85.602 millones. El año pasado, gracias a una gestión enfocada en obtener resultados, los ingresos operativos aumentaron en 10% en términos reales y los gastos bajaron un 18%, lo que permitió reducir el déficit operativo un 46%. Esta disminución del déficit operativo permitió reducir más de 25% el impacto de las empresas en el presupuesto: de alrededor de 1% del PIB en 2015 a 0,73% en 2016. Y, aclaran, ajustando sobre los gastos corrientes, y no sobre los planes de inversión, que continúan.
“Este año la tendencia se va a mantener: las empresas siguen mejorando sus ingresos y optimizando sus costos. La previsión incluida en el presupuesto de 2017 es que las transferencias para gastos corrientes de empresas públicas será del 0,5% del PIB, la mitad de lo que costaron en 2015 y un tercio de lo que costaron en 2014”, aventuran desde Jefatura. Sólo dos empresas habían tenido superávit operativo en 2015. En 2016 ya fueron siete y en 2017 hay otras más encaminadas a sumarse a este grupo.
“El Gobierno cree que las empresas públicas pueden tener un rol en el crecimiento de la Argentina, ayudar a la expansión de los servicios públicos y participar en obras de infraestructura. Además, mejor gestionadas y con objetivos comerciales más concretos, algunas de ellas pueden convertirse en fuentes de ingresos para el Tesoro. Pese a la difícil situación inicial, los resultados son positivos. Se consiguieron mejoras financieras, se eliminaron oportunidades para la corrupción o el abuso político y se les dio una estrategia a empresas que llevaban años pidiendo un rumbo. Y decenas de directivos y ejecutivos con vocación de servicio público se sumaron a sus equipos gerenciales. El objetivo para los próximos años es profundizar esta dirección”, concluyen, ilusionados, desde Jefatura de Gabinete.
