Tiempo de definiciones

¿Y si la Corte no acepta el caso?

7 de junio, 2014

Tiempo de definiciones

(Columna de Francisco Sánchez)

El 12 de junio la Corte Suprema de los Estados Unidos (CS) se reúne para considerar el pedido que hiciera la Argentina de revisar la sentencia que la obliga a pagar toda la deuda a los holdouts al mismo tiempo que realiza el pago a los tenedores de bonos del canje. Luego de la audiencia, y a partir del 16 de junio, la CS está en condiciones de pronunciarse acerca de si acepta la petición argentina de considerar el caso, solicita la opinión del gobierno de los Estados Unidos o deniega la petición.

Si la CS acepta la petición o solicita la opinión del gobierno de los EE.UU., la Argentina gana tiempo. Seguramente no va a haber un fallo hasta 2015 y los pagos de deuda de junio, septiembre y diciembre quedan a salvo. Además, a fin de este año vence la cláusula del canje que obligaría a la Argentina a extender la oferta a los que entraron al canje en 2005 y 2010 si ofreciera a los holdouts una propuesta mejor a la que recibieron aquellos acreedores. Es decir que a partir del año que viene, el Gobierno tiene libertad para negociar con los que se quedaron afuera del canje.

¿Pero qué ocurre si la CS rechaza la petición de revisar la sentencia contra la Argentina? En principio, hay tres escenarios que pueden presentarse.

1. Negociar con los holdouts. Parecía imposible unos años atrás pero fue bajo el gobierno de Cristina Kirchner que se arregló con el Club de París, se le pagó la compensación a Repsol y a cinco compañías que reclamaron en el CIADI y se modificaron las estadísticas de precios y actividad respondiendo a las demandas del FMI. Fue, también, el Gobierno que teniendo que elegir entre una recesión y una crisis de balanza de pagos, eligió recesión y subió las tasas de interés más de 1.000 puntos básicos y devaluó más de 30% en cuatro meses. Además, los fondos “buitres” vienen dando señales de estar dispuestos a negociar e, incluso, de aceptar parte del pago en bonos, donde la experiencia reciente de Repsol muestra que el mercado está en condiciones de absorber grandes cantidades de papeles argentinos sin gran impacto. Y, como si fuera poco, en la audiencia del 30 de abril el mismísimo juez Griesa sugirió la posibilidad de negociar. Mientras se discutía acerca del memo filtrado por el sitio de noticias de Seprin y supuestamente escrito por los abogados de la Argentina, Griesa dijo: “Si la República Argentina está, realmente, en la condición financiera de no poder pagar todas estas obligaciones, ¿qué es lo que hace quién actúa de buena fe? Vienen a la corte y se negocia. Esto no fue ofrecido. Esto no fue sugerido. Todo lo que siempre hizo la República fue negarse a pagar sus obligaciones. Es obvio que no hay necesidad de hablar en ese tono (…) Si la República se diera vuelta y actuara en buena fe, podría haber una negociación en ese sentido. Se hace todos los días en los tribunales de esta tierra. Y es la manera en la que puede hacerse acá”. Pero, claro, no se trata sólo de los US$ 1.300 millones que reclaman los buitres que demandaron. Hay una larga fila que reclama atrás. Pero, dispuesta a negociar y en camino de resolver el principal problema que amenaza a la deuda, la Argentina podría emitir deuda para pagar a los holdouts o pedir asistencia multilateral.

2. Desobedecer la sentencia y pagar acá. También la Argentina podría desobedecer la sentencia e intentar pagar aquí ofreciendo, por ejemplo, un bono idéntico aunque de ley local. Cambiar los términos de los bonos exige una mayoría calificada del 85%, difícil de alcanzar. Así que, en este escenario, no se podría evitar el default técnico y una nueva tanda de holdouts. El impacto en la economía ya está viéndose ya que, en parte, la desaceleración económica y el apretón externo tienen que ver con decisiones de cobertura frente al riesgo de default técnico. Aunque, claro, en este escenario la probabilidad de canjear el Boden 15 o los bonos provinciales que vencen en 2015 sería muy baja y, entonces, el 2015 sería un año más duro de lo esperado, sin el rebote posible financiado por un mercado apostando por el cambio político. Es un escenario más costoso para todas las partes involucradas: el Gobierno dejaría una herencia más pesada y los holdouts no cobrarían y tendrían más compañía en el reclamo.

3. Dejar de pagar toda la deuda. Curiosamente, esta opción apareció de la mano de los abogados de la Argentina, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. La semana pasada, el sitio Seprin filtró un supuesto memo emitido por Cleary Gottlieb, a pedido del Gobierno, en el que se analizaban las diferentes opciones que enfrentaba el Gobierno frente a un rechazo de la CS. El memo cuestiona la posibilidad de cumplir con la sentencia por un problema de capacidad de pago y cuestiona la posibilidad de negociar porque obligaría a todo los holdouts a ponerse de acuerdo en un piso y abre al oportunismo de algún acreedor aislado. Y concluye: “La mejor opción para la República podría ser permitir que la Corte Suprema fuerce un default y luego inmediatamente reestructurar todos sus bonos externos en modo tal que el mecanismo de pago y demás aspectos relacionados queden fuera del alcance de los tribunales norteamericanos”. Es decir, los propios abogados sugieren dejar de pagar toda la deuda, incluso la que se está sirviendo regularmente, para luego reestructurar sin restricciones. El problema es el impacto económico y, por lo tanto, político de un default oportunista en toda la deuda. El impacto en los flujos de fondos y los balances de bancos y empresas sería tan fuerte que llevaría a una caída significativa del PIB. Además, frenaría por completo la inversión y demoraría por un buen tiempo ganar acceso al mercado de deuda voluntario. Sería, quizás, un golpe económico tan fuerte que tendría el efecto de un suicidio político. Es un curso de acción improbable para un Gobierno que pretende mantener relevancia aún frente a un fin de ciclo.

No hay que perder las esperanzas. Aún la Corte Suprema tiene que decidir, y la probabilidad de que acepte revisar la sentencia o pida opinión al gobierno de los EE.UU. parece, en conjunto, mayor que la probabilidad de que rechace la petición. Pero, como se dijo más arriba, aún si saliera mal, una negociación exitosa no es imposible.