El Gobierno y los holdouts

18 de junio, 2014

El Gobierno y los holdouts

(Columna de Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit)

La saga de la deuda continúa sumando capítulos. Hace pocos días se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, denegando el pedido del país para revisar su caso y obligándolo a pagar a los litigantes la totalidad de lo reclamado. La Corte también falló a favor de éstos en lo referido al “discovery”, lo que permite recabar información sobre bienes del Estado en aquel país así como en otros, y que podrían ser objeto de embargo.

La respuesta oficial no se hizo esperar. Horas después de conocido el fallo, la Presidenta se dirigió al país mediante un mensaje grabado, entrelazando cuestiones políticas con generalidades sobre la hoja de ruta oficial. En conferencia de prensa, el ministro Axel Kicillof dio algunas (pocas) precisiones.

Nuestra interpretación es que el Gobierno intentará negociar desde una mejor posición. Se reconoce al juzgado de Griesa como el ámbito de negociación, con una postura inicial de no convalidar el reclamo original y con la amenaza de que los holdouts terminen quedando sin cobrar un solo dólar. En el caso de un pago, éste no sería al contado ni a corto plazo.

Sin embargo, el Gobierno está en una posición de relativa debilidad. Los holdouts poseen una sentencia firme que avala el reclamo por la totalidad de lo adeudado. Tal vez acepten una combinación de desembolso al contado y mediante bonos, pero el monto final seguramente estará más cerca de sus pretensiones (la totalidad de lo adeudado, más intereses) que de las del Gobierno Nacional (pago con quitas, en iguales condiciones que canjes previos).

El cambio de jurisdicción no es una amenaza creíble, ya que dañaría más al país que a los holdouts. Para los inversores, tener bonos bajo ley extranjera supone un riesgo menor que los regidos bajo ley argentina, con lo cual no sería beneficioso un intercambio, más allá de la certeza de pago ofrecida por el Gobierno (aunque el cepo cambiario abre interrogantes sobre la disponibilidad de las divisas). De todas formas, existen fondos de inversión que por cuestiones estatutarias y/o legales no pueden tener bonos soberanos bajo ley local. De ello se desprende que un canje voluntario difícilmente alcance los porcentajes necesarios para lograr un cambio de jurisdicción (85%), y por lo tanto se incurriría en default.

Para peor, el tiempo tampoco favorece al Gobierno. La semana próxima, funcionarios viajarán a Estados Unidos para negociar directamente con los acreedores frente a Griesa, a quien se deberá convencer de que esta no es una maniobra dilatoria, sino un verdadero intento de solucionar el pleito. De lo contrario, el país quedará al borde del default técnico, ya que la Cámara de Apelaciones levantó el “stay” (medida que suspende la ejecución de la sentencia) y a fines de junio vencen US$ 900 millones, que podrían ser embargados.

Entablar negociaciones es la mejor opción. Con una mirada objetiva, el fallo acelera los tiempos de una salida que se vislumbraba inexorable. Pero hasta que no se resuelva la cuestión, el riesgo de default no desaparecerá. Ello implica un golpe a la estrategia oficial de sostener la economía, ya que el costo financiero se mantendrá elevado, dificultando el ingreso de capitales vía inversiones y endeudamiento. Precisamente en un período donde las divisas aportadas por la cosecha son menores, aumentará la presión sobre el dólar (ya hubo reacción al alza de las cotizaciones no oficiales) y las reservas. El escenario se agravaría aún más si el país ingresa en default.

Siendo difícil una resolución a corto plazo, se complica el panorama económico para el resto del año. La vuelta del atraso cambiario como estrategia para empujar el crecimiento y moderar la inflación deberá ser revisada, al descartarse un influjo de divisas suficiente para financiarlo. El dólar y las tasas de interés tendrán que mostrar mayor dinamismo para evitar una situación de estrés similar a la de comienzos de año. El BCRA también endurecerá el racionamiento de las divisas del mercado cambiario, “pisando” aún más los pagos de importaciones. Y el financiamiento monetario de una política fiscal expansiva también encontrará su límite en la estabilidad cambiaria. En materia de crecimiento, empleo e inflación, todos estos efectos son claramente negativos, pero en un escenario adverso el Gobierno

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