(Columna de Rodrigo Alvarez Litre, economista y director de la consultora Analytica)
Las elecciones legislativas dominan la agenda pública, es lógico. Pero cuando baje la espuma, la economía volverá a la primera plana. La tensa calma que se respira en los meses previos a octubre se romperá tan pronto se conozcan los resultados de los comicios. El oficialismo ya nos tiene acostumbrados a estos ciclos muy acentuados durante las elecciones a cargos ejecutivos. En este contexto mucho más magro, sin excedentes visibles, el Gobierno deberá elegir.
Es lo que viene haciendo desde que CFK fue electa Presidenta por primera vez.
Un breve repaso, seguramente incompleto, grafica estos ciclos de aceleración y freno. En 2007 el gasto público creció casi 50%. Cuando llegó el tiempo de ordenar la caja, en 2008, la flamante Mandataria optó por seguir aumentando la presión fiscal en lugar de frenar el ritmo de suba del gasto. Este fue el origen de la célebre resolución 125. Ante la imposibilidad de conseguir los recursos necesarios vía el tributo, CFK ensayó un fugaz intento por volver a los mercados internacionales de crédito anunciando el pago de la deuda con el Club de Paris.
Luego, la crisis internacional sepultó los sueños de reinserción financiera y gatilló la estatización de las AFJP. En 2009 vuelven las elecciones, y algunas decisiones con fuerte impacto social como la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A pesar de estos beneficios, el conflicto con el campo y las secuelas de la crisis internacional calaron hondo en su base de apoyo popular.
En 2010 llegan nuevas definiciones en el frente financiero. La utilización de las reservas (RI) para el pago de los vencimientos de la deuda en dólares significó despejar las necesidades de caja hasta octubre de 2011. Nada más, y nada menos. Con más usos para las RI y un atraso cambiario cada vez más evidente, la fuga de capitales se disparó. Todos intuían que el Gobierno iba a hacer algo después de octubre. Además de frenar la fuga, la lista de pendientes incluía un ordenamiento fiscal (principalmente en subsidios), alguna corrección de precios relativos (inflación, salarios y tipo de cambio) y definiciones en el sector energético.
En otros términos, a la lógica de ajuste poselectoral se le sumaba la presión generada por la magnitud de los desequilibrios acumulados. La respuesta oficial finalmente tuvo poco de sintonía fina. Para frenar la profusa fuga de dólares se implementó un cepo al atesoramiento, se limitaron las transferencias de las filiales a la casa matriz y se frenaron las importaciones para engrosar el excedente de dólares comerciales. Para atacar el déficit energético estatiza parcialmente YPF y comienza a oxigenar a un sector paralizado por precios internos bajos y esquemas regulatorios poco previsibles. También se ampliaron los límites del financiamiento del BCRA al Tesoro, solidificando la necesidad de asistencia vía emisión. El Gobierno también ensayó un tibio ajuste (selectivo) en las tarifas de servicios públicos que quedó trunco por la tragedia de Once. La sensibilidad oficial se antepuso a las restricciones de caja.
De esta forma, y por primera vez en la era K, se volvió al déficit primario. Por último, se pasó de un esquema en dnde el ancla inflacionaria era el tipo de cambio a otro en el que los propios precios y salarios resultaron contenidos por la presión oficial al tiempo que se aceleraba la devaluación. La clase media sufrió doblemente por el frenazo en salarios y el no ajuste del Mínimo No Imponible en ganancias. 2012 fue un año de ajuste bajo la lógica oficial, aunque no se hayan corregido las causas últimas de los problemas.
Siguiendo la lógica del ciclo político, 2013 presenta mejores indicadores. El PIB habría crecido cerca de 3,5% durante el primer semestre, gracias al impulso de la mayor cosecha, la venta de autos y el rebote de la construcción luego del desplome del año pasado. El consumo, más rezagado, responde a los acotados aumentos alcanzados en paritarias y al impulso del gasto social del Gobierno. Las empresas, unas más tibiamente que otras, se decidieron a invertir sus pesos “acorralados”, complementándolos con crédito a tasas bajas. Una economía sin brillo, pero tampoco en la sombra.
Después de octubre
El problema sigue siendo la acumulación de desequilibrios que previsiblemente comenzarán a ser atacados después de octubre. El principal es la restricción externa. Las reservas caen porque los dólares que ingresan por comercio se van en turismo, las compras con tarjeta de crédito en el exterior y los pagos por servicios de la deuda. Si el Gobierno eligiese proteger la caja, al estilo 2012, debería restringir la salida de dólares. Reducir las importaciones es frenar la actividad económica. Atacar la fuga por turismo (mediante suba de impuestos o cuotas) puede derivar en una nueva escalada del dólar paralelo.
Otra alternativa sería seguir convalidando una baja en las reservas, una jugada delicada de cara a 2015, cuando la Argentina debe enfrentar importantes vencimientos (duplican a los de 2014). ¿Puede el Gobierno ensayar un nuevo giro a los mercados internacionales de crédito? Difícil. Sí deberíamos asignarle alguna probabilidad a un acuerdo con Repsol por la nacionalización de YPF, que destrabe la llegada de nuevas inversiones o, lo que es más importante, dólares frescos. Si bien es baja, el Gobierno sabe que revertir el déficit energético es clave tanto por su impacto en la caja en dólares como en pesos.
Que se ocupe seriamente de la inflación ya resulta un objetivo utópico, aunque deberá administrar un equilibrio delicado pues el tipo de cambio ya sube al 25% anual y todavía no avanzó en el “acomodamiento” de precios relativos. Las tarifas de muchos servicios públicos siguen ridículamente retrasadas en comparación con otros bienes y servicios. No menos importante será la caja en pesos. El aumento del déficit primario está generando fuertes presiones sobre el BCRA, cuya emisión compromete el equilibrio monetario. Frenar el gasto como en 2012 implica pisar la obra pública, el único componente “ajustable” junto a los subsidios.
Luego de octubre se inicia una etapa en la que el Gobierno deberá administrar de manera visible una economía con poco margen de maniobra. Paradójicamente, muchos de los costos que deberá elegir pagar son el precio de sus propios errores.
