La Argentina ha desaprovechado un contexto de inédito crecimiento económico a lo largo de los últimos años para instrumentar reformas estructurales que le permitirían sortear problemas de fondo que, tarde o temprano, acaban por restringir los procesos de crecimiento. La situación del mercado laboral es un claro ejemplo de ello. Para visualizar el problema, se compara la situación de la Argentina respecto a países como Chile y Australia. El primero, por formar parte de la región latinoamericana, aun considerando que tiene una organización institucional de tipo unitaria. El caso de Australia, de organización federal, es considerado por ser un país que goza, por consideraciones geográficas, de niveles similares de potencialidades productivas que los que posee la Argentina.
En base a una población de 17,3 millones en Chile, 21,3 millones en Australia y 40,1 millones en Argentina; la tasa de actividad (calculada como el porcentaje de población económicamente activa respecto a la población total) presenta resultados claramente diferentes entre estos países analizados. Al respecto, se encuentra que la Argentina exhibe, para el año 2012, una tasa de actividad que alcanzó al 46,3% del total de habitantes (unos 18,3 millones), mientras que en Australia resulta del 51,6% y en Chile del 56,3% de su población. Esto configura un primer problema estructural del mercado laboral argentino, las relativas bajas tasas de participación. Lo cual constituye un primer inconveniente estructural a sortear.
Por otro lado, para el año 2012 la Argentina promedió una tasa de desempleo cercana al 6,9% que implicó 1,3 millones de personas desocupadas. Pese a los progresos alcanzados, la evidencia comparativa respecto a Australia (donde el 2,2% de los activos se encuentra desocupado) da cuenta de que aún hay trabajo por hacer para lograr la inclusión laboral de los trabajadores que cuentan con menores oportunidades de inserción. Esto es, un segundo problema por resolver.
Por otro lado, es relevante analizar la participación del empleo público sobre el total de puestos ocupados de la economía, poniendo a este indicador en perspectiva respecto a los países aquí considerados. La importancia de este análisis está en que en el último quinquenio el empleo privado ha dejado de crecer al ritmo que lo hizo durante los primeros años de la última década, habiéndose acelerado el ritmo de captación de empleo en el ámbito público.
En este sentido, la información da cuenta de que en la actualidad existen en la Argentina 3,4 millones de asalariados vinculados al ámbito público, los cuales llegan a representar el 19,4% del total de ocupados. En el caso de Chile, con tan sólo el 9,7% de asalariados en el sector público, se debe aclarar que dicho país presenta una organización institucional unitaria, que evita contar con el nivel intermedio de gobierno. Sin embargo, si se compara respecto a Australia (de organización federal) se encuentra que en este país el 16,3% de los trabajadores están en el ámbito público, incidencia levemente inferior a la de Argentina, lo cual da cuenta de un sobredimensionamiento local del empleo público que puede tornarse más problemático si se consideran las altas tasas de expansión del empleo público observadas en los últimos años. Se trata de una tercera problemática que no debe ser dejada a un lado.
Por otro lado, la inserción en el ámbito privado se encuentra aquí distinguida entre empleos informales y precarios de aquellos que gozan de mejores condiciones laborales y retribuciones propias de la formalidad. De esta manera, la definición de “informalidad” ampliada (empleos informales y precarios) nuclea a los patrones de establecimientos de hasta cinco trabajadores y cuentapropistas no profesionales, con baja retribución en ambos casos; trabajadores asalariados no registrados y trabajadores sin salarios.
De esta manera, se aprecia que en la Argentina existen 6,8 millones de trabajadores en empleos precarios, los cuales llegan a representar el 38,9% de los puestos ocupados. Esto es, cuatro de cada diez ocupados se desempeñarían en empleos precarios y de baja productividad. Este antecedente presenta una incidencia significativamente inferior en Chile (18,6%) y prácticamente nula en el caso de Australia (0,2%) en donde las contribuciones a la seguridad social no son recaudadas sobre el valor de la nómina salarial, sino a través de impuestos a las rentas aportados por los trabajadores. Este constituye el cuarto problema estructural del mercado laboral local, para el cual resulta imprescindible plantear estrategias que mitiguen la abrumadora incidencia del empleo informal y de baja calidad.
Finalmente, puede decirse que el 41,3% de los ocupados restantes del país (unos 7,3 millones) se encuentran ocupados en puestos formales del sector privado. Esta incidencia, como contracara de los antecedentes observados, resulta significativamente inferior a la observada en Chile (71,7%) y Australia (83,5%). He aquí un grave problema para la economía local: cuenta con muy pocos ocupados en actividades formales y de mayor calidad en el sector privado. En suma, la Argentina se enfrenta con un problema de fondo basado en una presión tributaria que ha alcanzado niveles récord y una especialización productiva hacia sectores de baja rentabilidad, respecto de aquellos que gozan de mayores potencialidades en función de los atributos contextuales que posee el país.
En base a estos antecedentes estructurales, tanto del mercado laboral como fiscales y de solvencia macroeconómica resultan bastante restrictivas las oportunidades para que la actividad productiva del sector privado pueda prosperar generando empleos formales de mediana retribución y superar la barrera del empleo informal. A futuro el mayor desafío reside en sentar las condiciones esenciales para permitir la inclusión laboral y social en empleos plenos bajo los circuitos productivos formales del sector privado, para quienes en la actualidad se desempeñan en empleos informales, bajo las reglas de la subocupación horaria o que se encuentran en condición de desempleo.
La estrategia debe, por tanto, promover una Argentina competitiva, con alta inserción externa, basada en sectores estratégicos para el desarrollo y generadora de mayor valor agregado; productiva, en el sentido de promover empleos formales y de alta productividad; y federal, contemplando las diferencias regionales analizadas y las potencialidades de desarrollo estratégico de cada región.
