Presupuesto 2013

15 de octubre, 2012

Presupuesto 2013

(Columna de Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC -Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento-)

Un repaso por el proyecto de ley de Presupuesto 2013, que ya tiene media sanción, permite ver que el Gobierno sigue priorizando el gasto social, que el año próximo alcanzará casi el 63% del gasto gubernamental. El gasto social previsto por el Poder Ejecutivo aumentará 20% respecto del ejecutado en 2012 y alcanzará los $395.607,3 millones. El gasto público asignado a las funciones restantes aumenta en menor proporción, salvo por el aumento del 23% en los intereses de la deuda. El proyecto muestra que por cada peso que gastará el Gobierno, 45 centavos se asignarán a Seguridad Social, 9 centavos a la deuda pública, 8 centavos al sector de educación y cultura, 8 a transporte y comunicaciones y 8 a energía, agricultura y ecología.

A pesar de la gran importancia que se le da al gasto social, es curioso que los programas más emblemáticos de protección social sólo crezcan al 7% anual, menos que la inflación que esperan los privados. Sin incluir el programa Fútbol para Todos –que insumirá $1.200 millones en 2013– el gasto en programas sociales prioritarios alcanzará los $28.961,2 millones, el 4,6% del Presupuesto y el 1,1% del Producto Bruto Interno (PIB) proyectado para 2013. Dentro del gasto social, los programas que más aumentarán con respecto a 2012 son las asignaciones compensatorias en educación (que incrementan 42% con respecto a 2012), el Plan Nacer (aumentará 23%), las acciones de empleo (+19%) y la asignación universal por hijo (+18%).

Por su parte, los subsidios a energía, transporte y agroalimentos se llevan hoy una porción significativa del Presupuesto. Con un escenario fiscal ajustado, la necesidad de frenar este rubro de gasto llevó al Gobierno a dejar “planchados” los subsidios en 2012. Se mantuvieron valores nominales similares a los del año pasado, a pesar de la inflación. Pero el Presupuesto 2013 prevé reducir estas partidas en 9% nominal, lo que implica un drástico recorte en términos reales. Si el Gobierno recorta los subsidios, habrá que aumentar las tarifas, ajustar la eficiencia de los subsidios, reducir costos o atrasar inversiones.

Por la importancia del subsidio al transporte público en la ciudad y el conurbano bonaerense, y el impacto del aumento de tarifas en la inercia inflacionaria y en el poder adquisitivo de la población con más bajos ingresos, este subsidio debería ser de los últimos en desmantelarse, no sin antes definir una política inflacionaria. Sería recomendable, en este sentido, transitar desde un esquema de subsidio a la oferta (empresas de servicios) hacia uno de subsidios a la demanda (usuarios finales).

Por otro lado, es necesario recordar que en los últimos años los números finales de la ejecución de gasto poco tuvieron que ver con los presentados en el proyecto y los aprobados por el Congreso. De hecho, el Presupuesto ejecutado fue ampliado por el Poder Ejecutivo hasta un máximo de 30% en 2007. En este contexto, el mayor crecimiento económico previsto para 2013 sumado a que es un año electoral, permite pronosticar ampliaciones al presupuesto cercanas a los valores observados en 2010 y 2011, en torno al 20%. No es una buena práctica que el Presupuesto se convierta en una promesa incumplida en forma sistemática. Por eso, es clave devolver al Congreso su atribución de decidir sobre el Presupuesto y controlarlo.

Mientras que el proyecto de Presupuesto 2013 tiene proyecciones realistas en lo que respecta a los recursos, a la hora de estimar los gastos es altamente probable que el gasto final sea superior a lo presupuestado.

Aunque las restricciones al financiamiento dificultan la previsión de los recursos que costearían estos potenciales aumentos, ya se ha visto que es posible recibir más financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el Banco Central y el Banco de la Nación. Dada la lenta recuperación económica de 2012 y lo arriba descripto sobre el gasto presupuestado para 2013, es posible que el resultado fiscal sea peor que el proyectado. Así, queda en evidencia el debilitado rol del Poder Legislativo, que no logra limitar la tasa de crecimiento del gasto ni reducir el nivel de endeudamiento.

El proyecto de Presupuesto, además, suspende una vez más la obligación de constituir un fondo anticíclico en 2013, y exime al Gobierno de los límites impuestos por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Al aprobar el Presupuesto, es el Congreso el que permite el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (que el propio cuerpo aprobó) y permite que la política fiscal contribuya a aumentar la volatilidad del ciclo económico y alimentar la inflación.

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