Los conflictos entre la Nación y varias provincias tiene, según el último informe de la consultora ACM, una matriz común: el intento por tercerizar en cabeza de las provincias parte del ajuste que requieren las cuentas públicas.
Capital Federal. El problema asociado al subte y el proyecto de ley establece que los depósitos judiciales por las nuevas causas que se tramite en los tribunales federales y nacionales con sede en la CABA sean depositados en el Banco de la Nación deben entenderse bajo esa matriz. Ambos frentes de conflicto están, por ahora, sin resolverse.
Córdoba. “Otro conflicto que también va escalando es el que enfrenta al Gobierno nacional con la provincia de Córdoba en torno al reclamo provincial de una suma un poco mayor a $1.000 millones por la compensación del déficit de su caja previsional durante 2011, fondos que se incrementarían en más del 100% durante el corriente año. Dicho reclamo ya está judicializado, lo cual pondrá a la Corte Suprema de Justicia en una situación compleja a futuro”, sostiene ACM. Además, la Legislatura provincial aprobó con amplio margen la desadhesión de Córdoba al Pacto Fiscal de 1992, luego refrendado en diferentes leyes, por el cual las provincias le cedían a la ANSeS una participación en una serie de tributos para cubrir el déficit del régimen de seguridad social en vista de la reforma de 1994. “Este conflicto no debería tener una escalada rápida, pero tiene buenas posibilidades de judicializarse, lo cual implicaría otra tarea compleja para el máximo tribunal”, aprecia ACM.
Buenos Aires. Por su parte, la provincia de Buenos Aires (PBA) continúa con sus problemas estructurales, lo cual desencadenó la salida del gabinete de la Directora de Educación y Cultura, Silvina Gvirtz. Luego de los tironeos en torno al pago del medio aguinaldo, el Gobierno provincial está operando para acumular la mayor cantidad de caja posible a través de la colocación de deuda en el mercado local, la extensión de contratos como los vinculados al juego y, también, ajustando algunos gastos a fin de encaminarse a 2013 con la menor dependencia financiera posible.
Santa Fe. También la provincia de Santa Fe está enfrentando serios problemas financieros, lo cual está creando mucha tensión en el gobierno del socialista Antonio Bonfatti.
¿Qué tienen en común estas provincias, además de sus problemas de caja? Son las cuatro provincias de mayor relevancia económica y demográfica (y, por ende, electoral). De las cuatro salen más de 7 de cada 10 votos nacionales. Por esto, es improbable que el Gobierno Nacional “entre en guerra” con distritos sin los cuales es imposible ganar una elección, siquiera sacar un resultado digno. Otro atributo que comparten es que (salvo en el caso de Bonfatti) están gobernadas por potenciales presidenciables. Por ende, estos conflictos deben leerse, también, en clave política. Una especie de “tire y afloje” entre potenciales retadores y el oficialismo nacional.
Según ACM, éstos conflictos obedecen a cuestiones puntuales que no siempre muestran un patrón común. “Lo cierto es que en buena medida son resultado de una menor atención financiera por parte de la Nación a todas las provincias en general, pero que hacen mayor eclosión en los distritos más grandes, que proporcionalmente reciben menor coparticipación de impuestos y que, por la desaceleración en el nivel de actividad, ven resentidas sus recaudaciones propias de impuestos, viéndose obligadas a implementar reformas tributarias para compensar el deterioro que la inflación produce en las bases imponibles de impuestos tales como el inmobiliario”, expresa la consultora encabezada por Maximiliano Castillo Carrillo.
Cuando la economía nacional se desacelera, suelen aflorar conflictos de este tipo. Como se dice en la jerga, “se acorta la frazada y no alcanza para todos”. En 2009 pasó lo mismo. Como sostiene el analista Rosendo Fraga, en épocas de vacas flacas para la economía nacional, el poder de los gobernadores suele subir. Un ejemplo es 2001-2002. A la inversa, cuando el ciclo se da vuelta, el problema de caja de las provincias se va diluyendo a medida que crecen sus propias recaudaciones y el envío de fondos, gracias al aumento de los recursos coparticipables.
Números
La coparticipación es cada vez menor para cubrir los gastos públicos provinciales que, afectados por la inflación y la gran incidencia que se destina al pago de salarios, crecen por encima de la capacidad de financiamiento. Según Economía y Regiones (E&R), “en julio, los recursos recibidos por las provincias permiten cubrir apenas el 59% de la expansión del gasto salarial, frente a ratios del 127% en 2010 y 82% en 2011”. En julio, los envíos de coparticipación tuvieron la tercer marca más baja del año (20,1%), más baja que el alza de los precios. Para los gobernadores no es un tema menor: una cosa es que se frene la obra pública y otra, mucho más grave, no poder pagar sueldos o aguinaldos.
Esta vez, al menos por ahora, las diferencias parece ser más duras que en 2009. “A diferencia de lo ocurrido en años previos, las autoridades nacionales y provinciales no han acordado planes de ayuda financiera globales (por ejemplo, Programas de Asistencia Financiera -PAF-) y la asistencia otorgada se estaría efectuando bajo el mecanismo de anticipos de coparticipación”, dice ACM.
¿Habrá más conflictos?
A futuro, este distanciamiento entre la Nación y las provincias, máxime si se da en un contexto de mayor debilidad política de la Presidenta, podría acarrear problemas complejos, como mayores desvinculaciones al Pacto Fiscal de 1992 que involucró transferencias por aproximadamente $40.000 millones (2% del PIB) en 2011, dice ACM.
“En realidad, la revisión de este acuerdo estaría ampliamente justificada luego de que a fines de 2008 la estatización de las AFJP revirtiera la reforma previsional de 1994, esquema que generó el déficit en la ANSeS y que el año pasado registró un superávit de $22.699 millones (1,1% del PIB)”, agrega la consultora. Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sostiene que si se les devolviera a las provincias esos fondos, permitiría cubrir 80% del déficit que tendrán este año (calculado en $ 30.000 millones). Pero, asimismo, complicaría la caja nacional: “La desaparición de ese financiamiento tributario de la Seguridad Social implicaría la desaparición del excedente de la ANSeS, pilar del superávit del Sector Público no financiero durante los últimos años”, añade el estudio hecho por Nadin Argañaraz y Ariel Barraud. Es decir, la estrategia del gobernador de Córdoba podría ser rebatida por el Gobierno Nacional.
La lógica política, por último, no debe desatenderse. Tanto en la Nación como en las provincias, los incentivos de aumentar o bajar la tensión no dependen sólo de las hojas de balances, sino de las encuestas. En un contexto de mayor debilidad política de la Presidenta, y habida cuenta de las pretensiones presidenciales de muchos jefes distritales, las tensiones podrían aumentar. Asimismo, es conocida la lógica K de jugar a fondo y luego ceder. El caso de Scioli es un ejemplo claro.
