La administración nacional ha demostrado en sus primeros meses de gobierno que, al menos en lo que se refiere al manejo de la agenda pública, no son amateurs. Un espectador podrá interpretar que los descuidos discursivos dañan la confianza en los dirigentes oficialistas, pero si algo se puede deducir del primer semestre en materia de opinión pública es que el Gobierno ha sabido mantener la agenda por fuera de los temas que perjudicarían su imagen.
El proyecto original de la Ley Bases supo acaparar las noticias a partir de su presentación, dominando la agenda mediática y legislativa. Cuando fue momento de recortar para posibilitar su aprobación, los principales elementos de la reforma política quedaron afuera. Esto no fue por falta de consenso, sino que hábilmente se buscó darle centralidad en la discusión a las principales propuestas en materia económica.
Mientras el flamante ministro de desregulación prepara un nuevo paquete para complementar el DNU 70/2023, el Gobierno buscará seguir dominando la agenda legislativa con la presentación reacondicionada de sus propuestas que afectan el sistema electoral nacional.
En relación al contenido, la aprobación de la Ley Bases le enseñó al Gobierno que no debe ser conservador en cuanto al alcance y profundidad de las reformas por miedo a su viabilidad política. El RIGI les demostró que pueden exagerar sin miedo, que dado el clima de colaboracionismo confuso de la oposición dialoguista, nada está descartado de entrada.
En esta línea, las dudas y cambios en los borradores de la reforma electoral están relacionados al cálculo sobre el beneficio o perjuicio que podrían significar para el oficialismo. Dos elementos no están en duda: la eliminación de las primarias obligatorias y la boleta única de papel. Sin embargo, todo parece indicar que se abandonaría la idea del rediseño de los distritos electorales y la uninominalidad, aunque se está evaluando bajar la edad a partir de la cual el sufragio es optativo.
La baja de la edad estará estrictamente ligada al cálculo electoral del beneficio para el oficialismo, que a priori entiende que sería positivo. La justificación a semejante sinsentido vendría de la mano de la baja de la edad de la imputabilidad, lo que podría llevar el umbral a los 13 años. En cuanto al abandono de la propuesta de la uninominalidad, hubiese sido un movimiento demasiado arriesgado, dado que en un contexto de empeoramiento de la situación económica pondría en juego su continuidad.
En cambio, la boleta única y la eliminación de las PASO son elementos necesarios para dar aire a las posibilidades electorales del oficialismo. La falta de presencia territorial no sería un problema tan grave sin boletas partidarias y sin internas obligatorias el peronismo y la oposición moderada irían contrarreloj para formalizar sus frentes.
Lo cierto es que ambos proyectos tienen amplias posibilidades de ser aprobados. Por un lado, por la cuestión presupuestaria, ya que será difícil para los dirigentes contrarios a las iniciativas defender el gasto público que implican en este contexto. A su vez, tanto el PRO como Hacemos Coalición Federal son férreos defensores de las iniciativas, fundamentalmente el cambio en el tipo de boleta.
Queda por definirse si estos actores, cuantitativamente decisivos para la aprobación, ganan la iniciativa e incluyen modificaciones que inclinen la cancha a su favor. No existe la reforma electoral que esté exenta de consecuencias en la arena partidaria. Veremos si los gobernadores están dispuestos a jugar este partido.
