“El acuerdo con el FMI dejará una bomba fiscal al próximo gobierno”, dijo el diputado nacional Luciano Laspina (PRO) en sus redes.
“Si se cumplen los supuestos optimistas del acuerdo, las necesidades brutas de emisión en el mercado local subirán de US$ 45.000 millones en 2021 (9,4% del PIB) a US$ 105.000 millones en 2024 (16,5% del PIB)”, dijo Laspina, una de las voces económicas más escuchadas del partido. Las cifras, dijo, surgen de los números del programa financiero previsto en el borrador filtrado a la prensa.
Su cálculo, dijo, está asumiendo una tasa real de interés apenas positiva (2%) que podría ser peor si la economía ingresa a un 'mal equilibrio' de tasas más altas y el Tesoro debe pagar más caro por su fondeo.
Según Laspina, el riesgo de “roll-over” (renovación de la deuda pública) es enorme y el acuerdo supone un mercado de capitales profundo y líquido dispuesto a renovar vencimientos en cualquier circunstancia. “¿También en el año electoral? Recuérdese que el próximo gobierno recibirá un déficit fiscal de no menos de 3,4% del PIB”, dijo.
Y agregó: “A esto hay que sumar las necesidades de financiamiento de la deuda en dólares que comienzan a partir de 2024. En síntesis, en el frente fiscal y de financiamiento el acuerdo barre los problemas debajo de la pesada alfombra que recibirá el próximo gobierno”.
El diputado agregó que, según el borrador del acuerdo, la deuda pública aumentará US$ 90.000 millones en la gestión de Alberto Fernández. “Son US$ 25.000 millones en 2022-2024 que se suman al aumento de US$ 40.000 millones de deuda del Tesoro y a los US$ 25.000 millones de mayor deuda del BCRA entre en 2020 y 2021”, dijo.
En el arranque del fin de semana largo y la antesala de la Asamblea Legislativa, el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados el proyecto sobre el acuerdo con el FMI, señaló el sitio parlamentario.com. La fecha más firme es el viernes.
Tras la reunión que el mandatario mantuvo con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, fuentes oficialistas consultadas aseguraron que se buscará darle un debate “ágil” a la iniciativa y que pueda recibir media sanción entre el 10 y 15 de marzo.
