Cinco hectáreas de un espacio verde histórico en Adrogué sepultadas bajo un "cerco preventivo" resumen el avance de uno de los negocios inmobiliarios más opacos en Almirante Brown que comanda Mariano Cascallares, actualmente legislador provincial.
La trama, ventilada en crónicas de la agencia local ANRed y portales de la región como Brown Online, saca a la luz un aceitado mecanismo de triangulación donde la normativa municipal mutó a la velocidad de las necesidades de la firma Sauber S.A., cuya presidenta fundadora, Cristina Olabuenaga, posee vínculos con el jefe de ese territorio.
Según los colegas locales, el escándalo se trasladó al nivel judicial cuando la constructora intentó quedarse legalmente con las tierras y la Justicia dictó dos resoluciones consecutivas negándole explícitamente el derecho a tomar posesión provisoria del lugar.
Ante este freno de los jueces, la gestión que responde a Cascallares activó un plan de contingencia institucional: intervino de oficio el Centro Tradicionalista alegando un supuesto "deterioro" y peligro de usurpación, logrando la designación de un interventor afín a la intendencia.
Este funcionario, lejos de resguardar el espacio vecinal, operó en abierta sintonía con la empresa privada y colaboró de manera directa para que Sauber S.A. entrara por la fuerza, consolidando la ocupación en un claro desacato a las órdenes judiciales previas.
Mientras las tasaciones del mercado multiplicarían por mil el valor real de esas tierras adquiridas a precio de remate, las oficinas comunales "cocinaron" una rezonificación exprés para habilitar torres de departamentos donde antes respiraba la comunidad.
Lo que el periodismo regional detalla no es solo una componenda económica, sino una bomba de tiempo ambiental. Las hectáreas ocupadas albergan la naciente de un arroyo clave y su relleno destruiría el drenaje natural en un área catalogada con el máximo riesgo hídrico.
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