Entrevista a Alejandro Tullio, Exdirector Nacional Electoral
Alejandro Tullio, que cumplió el rol de director nacional electoral desde mayo del 2001 hasta el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, conversó con El Economista en los pasillos del Senado, mientras se debatía en comisión, el proyecto del Ejecutivo de reforma electoral.
¿Qué análisis realiza, a casi tres meses de haberse iniciado el debate parlamentario, en torno a la reforma electoral?
Este debate tiene una virtud: fueron escuchadas todas las voces. Evidentemente, tanto en las comisiones en Diputados, como ayer en el Senado, la apertura a escuchar a los partidos y a expertos, tanto del campo electoral como el informático, es un signo positivo. Creo que hay que avanzar, tiene que haber reforma electoral, boleta electrónica. Deberán darse medidas de confianza adicionales, no se puede poner en riesgo el proyecto por cuestiones menores, pero es positivo el debate en sí mismo.
¿En ese sentido cree que la reforma se fue enriqueciendo con los agregados en el tratamiento?
Se eliminaron cosas, algunas incorrectas y otras correctas, y se incorporaron cosas interesantes como la paridad de género que no estaba en el proyecto original.
¿Cuál es el aspecto más positivo que incluye esta reforma?
Primero la paridad. Segundo, la garantía de la integridad de la oferta electoral en cada una de las mesas. Ya no tenemos problemas de la logística de las boletas. No solamente para que no falten, si no que, para que estén las boletas, es un gran esfuerzo de los partidos que ahora lo pueden volcar a la política y a la campaña.
¿Y el más negativo?
Nada de lo que se dice desvirtúa totalmente al proyecto. Creo que la boleta debe tener un mecanismo que permita su lectura electrónica, no necesariamente chip, puede ser un registro gráfico. Debe ser tanto manual como electrónico.
¿La prioridad cuál debe ser?
El manual. “El proyecto garantiza la total oferta electoral”
¿La implementación debe haber sido gradual?
Absolutamente. Debe ser gradual, con un plan B para los lugares en lo que no se pueda implementar y tiene que ser científicamente y jurídicamente viable. Ya estamos en tiempos administrativos, científicamente y jurídicamente complicados.
De recibir modificaciones, se demoraría aún más el proyecto?
Me niego a decir que se demora. Una ley debe ser debatida y no hay un plazo. El Congreso es la casa de las leyes. Entonces, no es demora, es profundización de un mecanismo de debate que va a mejorar el proyecto.
Si se modifica, se podría aprobar recién a fines de noviembre, principios de diciembre. ¿Imagina ese plazo posible para poder implementar un nuevo sistema desde el 2017?
En agosto ya era tarde. Lo razonable sería: legislar, dejar pasar una elección y luego implementar. Pero bueno, hay una voluntad presidencial que debemos respetar y creo que hay que poner a todo el Estado a trabajar para que se pueda hacer en la mayor cantidad de lugares posibles. Pero no puede estar bajo extorsión la Justicia, que es la que finalmente decide si se utiliza o no el sistema. Esto no tiene que hacerse si o si, se tiene que hacer bien. No se puede hacer maso menos, apurado, se debe hacer correctamente, y el que lo decida no será el Poder Ejecutivo ni cualquiera de sus dependientes, será el Poder Judicial a través de la Justicia Electoral.
¿Cree que el Gobierno tomó notas de las advertencias de expertos en tecnología?
Vamos a ver. Creo que el que debe tomar nota es el Congreso, vamos a ver la ley que sale.
¿Le parece positivo que la Cámara Nacional Electoral sea quien se encargue del recuento provisorio de votos?
Con este cambio de paradigmas, donde el acta del provisorio es similar al acta del recuento final, es razonable que sea la Cámara Electoral quien difunda estos resultados. Hubo algunos idas y vueltas, pero quedo así, y está bien.
