Los actos de violencia durante el tratamiento en el Senado de la Ley Bases ilustraron en pequeña escala cómo un país puede volverse ingobernable. Evidenciaron también la necesidad de un Estado presente, que ejerza el monopolio de la fuerza para contener disturbios y evitar males mayores. Esta idea se contrapone con la ideología del presidente que se "autopercibe" como un ángel exterminador que viene a destruir el Estado desde adentro.
Un país sin Estado es una utopía impracticable.
El concepto anarcocapitalista, donde todo está librado a las fuerzas del mercado, no funciona en ningún lugar del mundo, y menos aún en un país como Argentina que necesita reconstruir su tejido productivo, social y moral.
En las sociedades abiertas, el Estado ejerce funciones indelegables que aseguran que las libertades y derechos esenciales de las personas no quedan a merced de grupos delincuenciales que ejercen espacios de poder. En los regímenes populistas y/o autoritarios, el Estado sirve para disciplinar y reprimir, pero siempre está.
El tratamiento y aprobación de la Ley Bases en el Congreso proporcionó gobernabilidad a este modelo contradictorio entre teoría y práctica que, más allá de los alardes, y por razones obvias, aún no encuentra su rumbo. Velar por la gobernabilidad es una actitud responsable de todos aquellos que anhelan que Argentina no caiga en una situación caótica irreparable. Esto incluye a los vilipendiados legisladores. No se trata de otorgar carta blanca a cualquier desatino sino de asegurar que el país no estalle por los aires. Este paso debería ser leído como un gesto de responsabilidad política más que un mero triunfo del Gobierno.
La sociedad, totalmente polarizada y castigada por el ajuste, muestra que muchos votantes de Javier Milei se aferran a la esperanza de cambio frente a las nefastas prácticas populistas y corruptas del kirchnerismo. En esa sociedad crispada, intencionalmente o no, se ha promovido un nuevo relato que implica un apoyo acrítico al Gobierno. Se penaliza más la racionalidad y la libertad de opinión que al kirchnerismo. Las contradicciones comienzan a pasar factura.
La experiencia indica que en tiempos de crisis es imprescindible gobernar con templanza, calma, poder de negociación y gestión y la convicción de que un país se construye, no dividiendo sino sumando a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad. En la práctica esto representa conformar una coalición amplia que, en la diversidad, apueste por las reformas y las lleve adelante. Todo esto es algo que, aparentemente, el Gobierno hoy ni posee ni valora.
Las sociedades maduras tienen una opinión pública responsable, capaz de la crítica constructiva y los gobiernos de esas sociedades aceptan tales críticas sin considerarlas agresiones personales o al modelo de gestión. Argentina debe aspirar a lograr esa madurez.
La realidad es que muchas de las desventuras del Gobierno provienen desde el día uno de pasos en falso y errores no forzados que han puesto a la gestión en difíciles encrucijadas. No en vano ya han renunciado o han sido expulsados del Gobierno 43 funcionarios de alto rango. Más allá de dialéctica, el continuismo y la casta siguen presentes con más de 1.000 funcionarios de todo rango heredados del Gobierno anterior y algunos convocados por la nueva gestión. También preocupa, por lo disruptiva, la propuesta del multi-cuestionado juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema.
Los continuos viajes presidenciales al exterior, codeándose con empresarios exitosos, participando de aquelarres de extrema derecha y dando cátedra a audiencias curiosas respecto de lo que ven como un fenómeno latinoamericano, lucen incompatibles con la gestión de la profunda crisis.
Como dato para la reflexión, dichos empresarios llegaron a donde están porque miden muy bien dónde invierten su dinero, por más que su apariencia suene extravagante. Si no cumplieran esa regla de oro de los negocios, no estarían donde están. Cuando las empresas exitosas deciden sus inversiones, analizan en extrema profundidad lo que se llama el clima de negocios que le permitirá desarrollar proyectos rentables y sustentables.
Por el momento, Argentina dista de ofrecer esas condiciones favorables. El conflicto entre poderes del Estado y puertas adentro del Ejecutivo se notan. El embate hacia el Congreso, percibido como garante de la legitimidad democrática, no ayuda.
En términos económicos los datos duros dan cuenta de la magnitud de la recesión que se vive. La caída interanual de la industria se ubica en el orden del 20% y de la construcción en 37%, debido fundamentalmente a la suspensión de la obra pública. Alrededor del 40% del ajuste lo ha pagado la licuación de las jubilaciones, poniendo a muchos adultos mayores en riesgo real de supervivencia, tal como lo demuestra la caída del 20% en el consumo de medicamentos recetados, propios de esa edad. La caída general del consumo representa también caída de la recaudación, lo cual atenta contra el objetivo principal del gobierno de lograr el superávit fiscal.
Si bien la caída de la inflación depende de controlar la emisión, las cifras indican que esta continúa. La ida al supermercado y el significativo aumento de los servicios también demuestra que la inflación es sólo un número si no se refleja en los bolsillos de la población.
Por otra parte, el déficit fiscal, a pesar de los anuncios del Gobierno, sigue allí. Es difícil hablar de superávit si la deuda pública en el primer trimestre del año creció en US$ 30.000 millones y la recaudación se sostiene con el precario impuesto PAÍS. Fuentes calificadas indican que las cifras las cifras resultan más adversas de lo que se comunica.
Otro instrumento distorsivo, el cepo, continúa en plena vigencia. Es un obstáculo para las inversiones peor también para la industria local y la vida cotidiana ya que distorsiona todos los términos de la economía. El RIGI incluido en la Ley Bases, es una medida interesante pero no suficiente, ya que otorga beneficios fiscales sólo a los grandes inversores, dejando en desventaja a todo el resto de los más pequeños, internos y externos. Ayudaría mucho también la caída de regímenes de privilegio como el de Tierra del Fuego que distorsionan la economía y perjudican las finanzas públicas y a los consumidores.
Es positivo que el Gobierno logró desactivar algunas bombas de tiempo como las Leliqs y los US$ 20.000 millones en reservas negativas que recibió, pero ahora es el momento de que vean la luz el plan integrado de gestión gubernamental, el plan económico, y se envíe al Congreso el Presupuesto 2024. Esos instrumentos ordenadores deben ser definidos y comunicados lo antes posible.
Habría muchos más aspectos para analizar pero basta decir que es una situación favorable para el gobierno de Milei que más allá de la oposición kirchnerista recalcitrante, aquellos alcanzados de una manera u otra por las prácticas gubernamentales, llámense la castigada sociedad, la oposición responsable o, hacia afuera, algunos acreedores como China, que accedió a la renovación del swap, u organismos multilaterales como el FMI, tengan suficiente paciencia frente a estos tropiezos de gestión.
Preocupa y mucho el estilo confrontativo que puede poner en riesgo la gobernabilidad y la sustentabilidad de las reformas. Para la gobernabilidad, como para el tango, se necesitan dos partes (o muchas). No se logra con discursos divisivos, sino con políticas inclusivas y decisiones acertadas. Es imperativo construir un país donde todos los sectores puedan participar activamente en el proceso de recuperación y crecimiento. Sin dudas, un gran desafío.
Solo ese camino permite transformar la esperanza de los argentinos en realidad y garantizar un futuro próspero para todos. Es momento de dejar de lado las ideologías extremas y su saga de violencia en todas sus formas para trabajar juntos hacia un objetivo compartido: una Argentina fuerte y unida que mira a un mejor futuro.
