En la Argentina actual, la desaceleración de la inflación -un fenómeno que no experimentábamos desde hace décadas y que esperamos se consolide- está permitiendo que emerjan otros temas fundamentales en la agenda pública. Entre ellos, uno destaca por su peso estructural y por su capacidad de transformar realidades: el empleo. O, mejor dicho, el trabajo digno como motor de desarrollo personal, inclusión social y crecimiento económico.
El empleo como urgencia y como prioridad
El trabajo no solo permite satisfacer nuestras necesidades materiales; es también fuente de identidad, autoestima y ciudadanía. Pero hablamos de trabajo digno: con condiciones justas, salario suficiente, protección social, libertad sindical y posibilidades de progreso. Hoy, sin embargo, esa realidad está lejos de alcanzarse para millones de argentinos.
El desempleo alcanzó el 7,9% en el primer trimestre de 2025, lo que representa a cerca de 1,8 millones de personas. A esto se suma el avance de la informalidad y del cuentapropismo precario, especialmente entre los jóvenes: solo el 15% de quienes tienen entre 18 y 24 años cuenta con un empleo registrado. Este escenario no sólo agudiza la desigualdad, sino que pone en jaque al sistema previsional, cuya sostenibilidad depende del empleo formal.
Más allá del crecimiento: productividad con inclusión
El fomento del empleo digno exige algo más que crecimiento económico. Requiere políticas públicas inteligentes, integradas y sostenibles que conecten el mundo de la producción con el de la educación. Como señalaba Juan Llach en su obra póstuma Productividad Inclusiva, ni la productividad sin inclusión ni la inclusión sin productividad son caminos viables. Solo mediante una apuesta decidida por el capital físico y humano -a través de educación de calidad y formación continua- se puede generar un círculo virtuoso de desarrollo, empleo y cohesión social.
El rol estratégico de la educación para el trabajo
En este contexto, la educación para el trabajo se vuelve un eje central. En Argentina, está contemplada en la Ley Nacional de Educación (26.206) y en la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), que cumplen 20 y 19 años respectivamente. Es tiempo de hacer una revisión crítica y profunda: ¿han logrado sus objetivos? ¿Están respondiendo a los desafíos del siglo XXI?
La respuesta, lamentablemente, es negativa. No solo por la baja tasa de egreso -estimada entre el 35% y el 40% en el nivel secundario técnico-, sino por la falta de información pública, transparente y actualizada sobre el desempeño del sistema educativo. En plena era del big data, seguimos sin estadísticas completas sobre egresos, trayectorias o resultados de aprendizaje, especialmente en el nivel terciario técnico y la formación profesional.
Esta opacidad es un obstáculo serio para cualquier diseño de política educativa eficaz. La primera condición para mejorar es conocer. Necesitamos construir un sistema de información robusto y accesible que nos permita tomar decisiones basadas en evidencia.
¿Qué transformaciones hacen falta? Propuestas para una nueva política pública
Repensar la educación para el trabajo implica revisar estructuras, contenidos, vínculos institucionales y marcos normativos. Algunas líneas de acción prioritarias podrían ser:
- Crear un sistema nacional de información educativo-laboral, que evalúe tanto la eficiencia (egresos, trayectorias) como la eficacia (aprendizajes, inserción laboral) del sistema.
- Actualizar los planes de estudio del secundario técnico, muchos de los cuales provienen de las décadas del 50 y 60, y cuyos equipamientos también resultan obsoletos.
- Sostenibilidad. Incorporar la sostenibilidad como eje transversal del trabajo y como hábito de vida.
- Rediseñar el nivel terciario técnico, para que sea una opción real y atractiva postsecundaria, con jerarquía y articulación con el mercado laboral.
- Incorporar orientaciones laborales en el secundario común, brindando herramientas concretas para la inserción al mundo del trabajo.
- Definir las cargas horarias en función de competencias y perfiles profesionales, y no de criterios burocráticos o gremiales.
- Adaptar los calendarios formativos a los ciclos productivos, no al calendario escolar tradicional.
- Reformular los espacios de articulación institucional entre el Estado, los trabajadores y los empleadores para que sean vinculantes, con capacidad real de toma de decisiones compartidas.
- Crear un Marco Nacional de Cualificaciones, que articule niveles formativos, competencias laborales y trayectorias profesionales, promoviendo la movilidad, el reconocimiento y la articulación entre educación y empleo.
- Monitorear en forma permanente los cambios en los sectores productivos, incluyendo el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, para adecuar la oferta formativa a los desafíos del futuro.
Una política de Estado, no sólo una política de gobierno
La construcción de un sistema de educación para el trabajo moderno, inclusivo y eficaz requiere de consensos amplios y procesos participativos. No puede ser una decisión unilateral ni de corto plazo. Involucra al Estado, pero también a los sindicatos, las cámaras empresarias, el sistema educativo, el sector productivo y la sociedad civil.
El actual contexto global y nacional ofrece una oportunidad única para reordenar prioridades y animarnos a cambios estructurales. La discusión sobre la formación para el trabajo debe estar en el centro de la agenda, no solo como respuesta a una emergencia, sino como apuesta estratégica de largo plazo. El futuro del empleo en la Argentina empieza por cómo educamos hoy. No perdamos esta oportunidad.
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