Son empresas que usan el poder de sus negocios y de los mercados para involucrarse en objetivos sociales y ambientales. Esta es básicamente la definición que mejor se ajusta a la nueva figura de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) que aparece en el nuevo proyecto de ley que se empezará a tratar en el Congreso los próximos días.
Aunque no generó tanto ruido como la Ley de Emprendedores ?anunciadas ambas en Tecnópolis por el presidente Mauricio Macri el pasado viernes? la iniciativa que promueve las BIC pone a la Argentina en el selecto grupo de países que siguen de cerca la tendencia y los objetivos del desarrollo sustentable. Estas sociedades apuntan a lo que se denomina empresas de triple impacto: no solo siguen el lucro y los beneficios económicos sino que tienen, además, una mirada social y ambiental en el corazón de sus negocios.
En el mundo, este tipo de compañías se distinguen como Empresas B, una denominación creada por Benefit Corporations en Estados Unidos. Actualmente hay cerca de 1.850 empresas B en todo el mundo, en más de 50 países y que abarcan cerca de 130 industrias. Y el reconocimiento sirve no sólo para distinguirse entre los pares del sector, sino que es cada vez más valorado por los clientes y consumidores.
En Argentina ya hay 44 empresas con esta denominación: además de las filiales de Natura y Patagonia, son empresas B la pyme de calzados Páez, la textil La Costurera y la fabricante de juguetes Ondulé, entre muchas otras. La certificación B es en muchos casos elegida por las nuevas empresas o emprendimientos que, cada vez, empiezan su negocio con objetivos colectivos y de cuidado sustentable en su ADN.
El proyecto que se presenta en el Congreso forma parte, en realidad, de un anteproyecto trabajado por un grupo de abogados especializado denominado “Comunidad Jurídica B”. Y trata de poner al desarrollo sustentable en la definición de esta nueva forma jurídica de organización. Si bien la reglamentación pondrá los detalles de la definición exacta de objetivos y misiones, las BIC tienen básicamente el propósito de generar impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente sin dejar a un lado sus beneficios económicos.
Vale aclarar que esta ley no modifica la Ley de Sociedades y las empresas no necesitan modificar su organización societaria. En todo caso, crea un mecanismo para que cualquier sociedad existente o nueva elija acogerse por el régimen especial previsto en la norma.
La ley presenta básicamente una nueva normativa para hacer negocios, en la cual los administradores deben velar por objetivos sociales y ambientales asumidos por los socios. Además, las empresas deberán generar reportes anuales obligatorios que den cuenta del triple impacto, que debe ser auditado por un tercero independiente.
