Desde hace varias décadas los procesos electorales en el Uruguay tienen la relativa calma que caracteriza a las tierras orientales y que tanto disfrutan muchos argentinos en los veranos o como residentes permanentes. Puede haber alternancia de partido en el gobierno pero ciertas políticas, en particular en materia económica, han perdurado. Y, más allá de previsibles giros en las prioridades o estilos, pocos creen que esa continuidad esté en peligro, pase lo que pase en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre. Sin embargo, un ruido se coló en los mercados financieros, porque ese mismo día se someterá a plebiscito una enmienda constitucional con cambios en la seguridad social impulsada por la central sindical -el PIT-CNT- y respaldada por los sectores más radicales de la izquierda.
Desde hace varios días que la cotización del dólar empezó a marcar una tendencia al alza, que se intensificó este lunes, cuando llegó a los 42,1 pesos uruguayos en el circuito mayorista (interbancario), un máximo en dos años. Fue un aumento diario del 1%, una variación atípica para el apático mercado cambiario oriental; en lo que va de septiembre acumuló un incremento de 4,4%, más que todo lo que había subido desde que empezó el 2024.
Varios analistas y operadores financieros lo atribuyen a la incertidumbre que genera este plebiscito, que llevó a algunos inversores a desprenderse de títulos soberanos en pesos para resguardarse en los dólares.
En verdad, desde hacía semanas había pistas de que esto podía ocurrir tras conocerse algunas encuestas que le daban a la papeleta por el "Sí" a la reforma en torno a un 40% de apoyo ciudadano, cuando, para aprobarse, debe igualar en número el 50% más uno de los votos que se emitan en las elecciones nacionales. Los resultados de los sondeos "están poniendo un poco nerviosa a la plaza. He recibido preguntas, inquietudes de acá y de afuera" porque "esto altera todas las normas de convivencia y propiedad, contratos, compromisos y sistemas", señalaba a mediados de agosto en la revista Búsqueda el corredor Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.
¿Por qué tanto alboroto? La papeleta promovida por el PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores) tiene tres puntos que pegan en la línea de flotación de las finanzas públicas: retrotrae a 60 años la edad a partir de la cual una persona puede jubilarse (desde los 65 al que se llevó con una reciente reforma); equipara las pasividades mínimas con el salario mínimo nacional (actualmente en 22.268 pesos uruguayos); y prohíbe los regímenes de ahorro individual en los que haya "lucro", lo cual, en los hechos, elimina las administradoras de fondos de pensión (AFAP) existentes hace casi 30 años en el país.
La propuesta tiene como detractores a casi todo el sistema político y a un amplísimo espectro de economistas y técnicos. Uruguay puede perder su categoría de "investment grade", decaerá su confianza como receptor de inversiones y deba recortar gasto público y aumentar significativamente algunos impuestos para financiar las medidas, si se aprueba la enmienda constitucional, advierten. Algunos incluso hablan de un "Brexit" para Uruguay, pidiendo una reacción más firme de los políticos, en particular de la opositora coalición de izquierdas Frente Amplio que dio "libertad de acción" a sus votantes; otros comparan la propuesta con el kirchnerismo, por la similitud con la medida que en su momento terminó con las AFJP.
En medio de este ruido, este lunes el candidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, anunció a Gabriel Oddone como su ministro de Economía si él gana las elecciones (que, según las encuestas, van camino a una segunda vuelta el último domingo de noviembre con Álvaro Delgado, el postulante por el gobernante Partido Nacional o Blanco). Oddone, un economista que hasta el año pasado fue socio de una consultora empresarial reputada, dijo en esa conferencia de prensa que si se aprueba el plebiscito de la seguridad social "no es el fin del mundo" para el Uruguay, tratando de llevar calma.
Ese eventual ministro fue uno de los firmantes, junto a más de 100 economistas frenteamplistas, de una declaración en contra de la papeleta del PIT-CNT, advirtiendo sus potenciales perjuicios para el país.
