Libertad de expresión versus soberanía: expertos opinan sobre el conflicto entre Brasil y X

Desde hace décadas, muchos expertos coinciden en que el Estado, gracias al monopolio del uso de la fuerza, es el principal actor del Sistema Internacional.

Sin embargo, como consecuencia de la globalización, y medida que crece la interconexión a nivel mundial gracias a los avances tecnológicos, nuevos actores internacional han ido surgiendo, y esto, de alguna manera, ha erosionado la soberanía y el poder de los Estados.

Específicamente, quizás una de las cuestiones más preocupantes para los países es la aparición de las redes sociales: aunque han permitido que el acceso a la información sea mucho más sencillo, también ciertas veces permiten la difusión de mensajes de odio y/o la divulgación de información falsa.

En este sentido, este tipo de situaciones termina impulsando los niveles de tensión dentro de los países e incluso incrementando la polarización, lo que deriva en una gran inestabilidad interna dentro de muchas regiones, tal como se ha observado en los últimos años en países como Estados Unidos o Brasil. 

Y es justamente el país sudamericano el que ha vuelto a estar en el centro de la escena en los últimos días: Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema de Brasil, ordenó la "suspensión inmediata" de la plataforma de redes sociales X en el país, después de que expirara un plazo impuesto por un tribunal para que la compañía identificara a un representante legal en su territorio.

La disputa entre Brasil y X se inició a principios de 2024, cuando Moraes le exigió a la red social de Elon Musk que bloqueara cuentas implicadas en investigaciones de supuesta difusión de noticias falsas y mensajes de odio que derivaron en un ataque de seguidores de Jair Bolsonaro contra instituciones brasileñas en enero de 2023. 

Pero el magnate, lejos de aceptar, cerró las oficinas de la empresa en Brasil a mediados de agosto. Y ahora, tras conocer la decisión de Moraes, acusa a Brasil de estar atetando contra la libertad de expresión, ya que el juez brasileño también advirtió que las personas o empresas que intenten mantener el acceso a la red social a través de VPNs podrían ser multadas con hasta 50.000 reales por día.

Así, surge la cuestión de qué rol deben asumir los países en pleno siglo XXI, a fin de encontrar un balance entre defender los intereses nacionales y respetar la libertad de expresión. 

Por ello, intentando descifrar este enigma, El Economista dialogó (*) con Ricardo Porto (RP), abogado especialista en medios de comunicación, y Guillermo García (GG), licenciado en Comunicación Audiovisual con un posgrado en Gerenciamiento de Redes Sociales (Georgetown).  

-¿Cree que algunas redes sociales, como X, erosionan la soberanía de los Estados? ¿Cómo?

RP: El escritor Timothy Ash decía que, si bien es cierto que las grandes multinacionales de la comunicación, Facebook, Twitter, Google y demás, no son países, nadie duda de que son superpotencias. 

Las decisiones que toman estas empresas en materia de libertad de expresión suelen tener más importancia que una ley de un país o una resolución de Naciones Unidas y demás. Con lo cual me parece que esto marca la envergadura de las redes. 

-¿Qué opina sobre las últimas medidas de la Justicia brasileña en contra de X? ¿Son medidas que atentan contra la libertad de expresión?

RP: En el caso de Brasil, no tengo ninguna duda de que la medida es absolutamente cuestionable, tanto por bloquear a toda la red en el país como por ponerle una multa a los particulares que quieran acceder a la red. 

Es una medida condenable y no tengo la más mínima duda de que es inadmisible.

GG: El tema de la soberanía es un debate, en este momento, arcaico, y quizás siempre lo fue con los avances de los medios de comunicación. No creo que sea un tema de soberanía, sino parece más un tema de política interna donde un juez decidió tomar protagonismo.

Pero, desde mi punto de vista, no creo que sea un tema de libertad de expresión, como sí lo fue el ataque a Charlie Hebdo.

Pero esto no es nada nuevo en la sociedad política brasileña, sobre todo en la administración de Lula: en 2004, habían expulsado a un periodista del New York Times (Larry Rother) porque había escrito sobre los rumores, que eran muy fuertes y siguieron siendo, de que Lula era un adicto a la bebida alcohólica. Lula también se quejó de los Simpsons por cómo retrataban a Brasil. 

Podríamos decir que hay una especie de gen no del todo republicano liberal dentro de la sociedad política brasileña. 

-¿Hay algo que los Estados puedan hacer para controlar la desinformación y/o los discursos de odio sin atentar contra la libertad de expresión?

RP: Combatir los discursos de odio y la desinformación, sin afectar la libertad de expresión, es un tema muy complejo, ya que las respuestas legales que actualmente se están dando, que son pocas, en general no son eficientes y en muchos casos terminan afectando la libertad de expresión.

De todas formas, hay un tema mucho más profundo que tiene que ver con repensar la libertad de expresión en la era de las plataformas: tenemos que hacer una revisión de los instrumentos, conceptos tradicionales. 

Todos los instrumentos, los institutos, el derecho de la comunicación, como el derecho de réplica, las cuotas de pantalla, la administración del espectro radioeléctrico, todos parten de un supuesto que es la escasez, que la información es escasa y que hay que distribuirla equitativamente.

Pero, en la era de las grandes redes, me parece que ese supuesto cambió y ahora no tenemos un problema de escasez de información, sino un problema de sobredosis, que lleva a la crisis de la verdad.

Creo que es un tema complejo. El diagnóstico es claro, pero, por supuesto, no hay ninguna idea demasiado seria como para ver cómo hacerlo.

La regulación efectiva de las grandes plataformas está dada por grandes bloques continentales: la Unión Europea, que establece la ley de mercados digitales y la ley de servicios digitales y puede darse una regulación eficiente, o Estados Unidos, que es un continente de alguna manera, ya que es un país con una envergadura superlativa.

Por lo tanto, la envergadura de las empresas exige una regulación a nivel internacional o, por lo menos, regional.

GG: Los Estados, sobre todo los democráticos y las democracias liberales, buscan mejorar la calidad de la información pública. Eso se hace con muy buenos equipos de comunicación que entiendan que las redes sociales y los medios son un combo único, un mismo ecosistema de información digital, por lo que hay que tratarlos como tal. 

Los que los separan en medios modernos y antiguos no entienden lo que pasa en el ecosistema digital de noticias. Habría que volver a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas: dicho mal y pronto, si hay una buena comunicación entre seres racionales, redunda en una mejor democracia.

-¿Qué rol juegan las redes sociales en la actual política internacional?

GG: El rol de las redes es el mismo que tenían las viejas agencias de noticias, que todavía existen y tienen un gran rol. No es ni más ni menos que dinamizar la información, que sean más rápidos los ciclos de noticias y que se consuman más rápido.

Son una muy buena fuente de información y de difusión, pero hay un solo ecosistema de noticias y ese ecosistema se influye mutuamente entre las redes sociales y los medios.

Incluso ahora los medios están en las redes sociales, ya que se puede ver que los programas tradicionales de televisión tienen llegada en YouTube. 

Entonces, los formatos televisivos, los formatos de información, siguen siendo distribuidos por las redes sociales, que lo que hacen es retroalimentar muchas veces entre sí lo que está en las redes y, a su vez, lo que sale en los medios, que son los organizadores todavía del sistema de información.

(*) Los entrevistados no respondieron las preguntas en simultáneo