Por Clarisa Demattei (*)
El pasado domingo 25 de octubre, más de 7 millones de chilenos concurrieron a las urnas para votar en el tan esperado plebiscito que preguntaba a los ciudadanos si deseaban habilitar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución política. El resultado fue contundente: más del 78% de los ciudadanos trasandinos votó por “apruebo”, esto es, para confirmar el deseo de instalar un mecanismo que redacte una nueva Carta Magna.
Este proceso, entonces, trae nuevos aires de esperanza a una sociedad con serios conflictos estructurales y cuyas manifestaciones de violencia en el último año generaron la alarma de organismos internacionales y de instituciones vinculadas con los Derechos Humanos, preocupados por los niveles de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Hoy parece impensado que Chile esté atravesando por un proceso de esta magnitud y a punto de abrir un proceso que por fin pueda brindar una solución a una demanda ciudadana que data de hace más de 30 años: enterrar, por fin, la Constitución política redactada por el gobierno de facto de Augusto Pinochet.
Por eso, para entender lo que está atravesando Chile hoy, es importante conocer cómo se gestó este proceso, porque hoy nuestro vecino no es el mismo que hace un año desde aquel 18 de octubre de 2019.
Ese día, la sociedad chilena salió masivamente a las calles para protestar contra un sistema desigual e injusto. En primer lugar, motivados por un aumento de 30 pesos en el boleto del metro de Santiago la sociedad comenzó posteriormente a agregar consignas a las manifestaciones. A lo largo de los días, distintos grupos sociales se unieron a las marchas que se extendieron por todo el país y el tenor de las demandas fueron aumentando. Lo que empezó como una medida contra un aumento del precio del Metro se transformó en un gran colectivo ciudadano que también se quejaba por la educación privada altamente restrictiva, por un sistema de salud que determina quien tiene posibilidades de sobrevivir una enfermedad en función de la clase social, por el modelo de pensiones en manos de empresas privadas, por un ingreso medio que impedía tener un nivel de vida que tanto prometía la clase política y por niveles de inequidad tan importantes que el 1% más rico de Chile concentra el 27% del ingreso total del país.
Mucho se ha dicho de la composición social de las manifestaciones. Si bien en primera instancia fue desarrollada por estudiantes a quienes el aumento del precio del subte restringía en 40% su capacidad de ahorro, posteriormente fue acompañada por la clase media, que vio en ese estallido una oportunidad para hacerse escuchar después de décadas de incongruencia entre sus necesidades y la sordera de la clase política. Sin dudas, la clase media chilena se transformó en la protagonista de este movimiento social porque, contra todos los pronósticos, ellos habían sido los eternamente ignorados por los distintos funcionarios públicos que gobernaron Chile en las últimas décadas. La clase política hablaba de un Chile pujante y desarrollado, mientras más de la mitad de la ciudadanía no se sentía parte de ese país que se reflejaba en el discurso público y en los medios de comunicación. Así, hartos de sentir que los políticos no gobiernan para ellos sino para una élite minoritaria, apoyaron las movilizaciones ciudadanas para finalmente, hacer fuerza para lograr verdaderos cambios estructurales.
A lo largo de las semanas y a medida que las demandas ciudadanas se hacían cada vez más fuertes, empezó a exteriorizarse la necesidad de contar con una nueva Constitución como la única manera de lograr cambios de raíz.
Así, después de un mes de violencia inusitada, de manifestaciones masivas que terminaron con disturbios y con la represión por parte de los Carabineros de Chile, de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, con 30 muertos y miles de heridos (varios de ellos de gravedad), las presiones de la clase política tanto del oficialismo como de la oposición y una ciudadanía que parecía no bajar los brazos, el presidente Sebastián Piñera decidió convocar a un acuerdo político que tomara una decisión acorde a lo que necesitaba el pueblo chileno. Finalmente, el 15 de noviembre de 2019 con el apoyo de gran parte de la clase política, se firmó el denominado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” que entre otras medidas, convocaba a un plebiscito para definir un posible proceso constituyente que redactara una nueva Constitución.
Este domingo la ciudadanía chilena respondió masivamente a esa pregunta con un contundente apruebo que manifiesta un deseo largamente esperado: tener una nueva Carta Magna que garantice ciertos derechos hoy no contemplados por la legislación vigente.
¿Por qué redactar una nueva Constitución en lugar de reformar la existente?
Mucho se ha debatido acerca de la necesidad de redactar una constitución de cero, en lugar de reformar la ya carta magna existente. Para eso, es importante conocer el punto de partida. Actualmente Chile tiene en vigencia una Constitución redactada en 1980 durante la dictadura de Pinochet. Esto ya pone en duda la legitimidad de la actual Carta Magna debido a que fue redactada por un Gobierno no democrático que no representaba entonces el principio básico de la soberanía popular. Además, la Constitución actual no sólo promueve sino también garantiza un modelo de Estado subsidiario, esto es, que prioriza la satisfacción de servicios públicos a través del mercado y del sector privado. En los casos en los que las empresas privadas (nacionales o extranjeras) no puedan o no quieran satisfacer dichos servicios públicos, entonces será el Estado quien en última instancia deberá proceder.
Pero, además, este modelo de país establece diversos mecanismos para garantizar la ganancia y el lucro de las empresas. Por eso, en caso que esto no suceda, podrán hacer un juicio al Estado que seguramente tendrán por ganado. De esta manera, a lo largo de los últimos 40 años, el Estado siempre preservó el derecho al lucro y cuidó exhaustivamente los intereses del sector privado para evitar tener conflictos no solo económicos sino también jurídicos, en detrimento entonces de las necesidades de la ciudadanía. Por lo tanto, con un modelo de Estado subsidiario jamás se podrían compatibilizar y garantizar las demandas ciudadanas que luchan por una educación pública gratuita y de calidad, un sistema de salud más equitativo, el acceso público a recursos como el agua, la eliminación de los fondos de pensiones (AFP), etc. En conclusión, estos cambios estructurales solamente podrían cristalizarse redactando una nueva Constitución con un modelo de “hoja en blanco”, esto es, partiendo de cero.
¿Cuáles son los próximos pasos después del plebiscito de este domingo?
El pasado domingo no solamente ganó la opción de aprobar un nuevo proceso de redacción de la Constitución, sino también se decidió el mecanismo constituyente, esto es, cómo estará conformado el órgano que se va a encargar de gestar la nueva Constitución. Debido a que la opción elegida fue la de “Convención Constitucional”, el proceso constituyente estará conformado por 155 miembros, todos elegidos por voto popular con el sistema y las reglas de elección de los miembros de la Cámara de Diputados. Para saber quiénes serán los convencionales que representarán a la ciudadanía habrá que esperar al próximo 11 de abril de 2021 cuando nuevamente los chilenos acudan a las urnas para definir esta conformación.
¿Existe la posibilidad de que a pesar de haber ganado el “apruebo” no hayan grandes modificaciones en el Chile del futuro?
Sí. Si bien todavía es muy temprano para definirlo, hay ciertos elementos del proceso electoral que despiertan dudas y la desconfianza de gran parte de la ciudadanía. En primera instancia, es fundamental prestarle atención a los convencionales constituyentes que serán electos el 11 de abril de 2021 y los intereses políticos que cada uno representa. En caso que el oficialismo cuente con una representación importante, le será muy difícil a la oposición y a las organizaciones más progresistas poder introducir cambios sustanciales por un tema del quórum ya que se necesita un acuerdo de dos tercios de los convencionales para lograrlo. En caso contrario, ese artículo no podrá formar parte de la misma. Esto entonces generaría una paralización que dilataría el proceso constituyente que a su vez tiene un tiempo determinado para trabajar. Por lo tanto, si el proceso no avanza, puede llegar a prevalecer la Constitución actual. En vistas de que el oficialismo se niega sistemáticamente a introducir cambios de raíz, queda ver cuáles serán sus incentivos para bloquear las propuestas de nuevos derechos sabiendo que tiene a su favor la herramienta del quórum que lo beneficia mucho más que a la oposición.
¿Cuáles son los próximos pasos y cuándo podría estar lista la nueva Constitución?
Como ya he manifestado, el próximo paso importante será el 11 de abril cuando se elijan los convencionales constituyentes y ahí será importante prestarle atención al oficialismo y a los partidos de centroderecha que son los principales reacios a esta Nueva Constitución. ¿Por qué?
Porque ellos daban por perdida la votación del domingo pasado. Ellos ya sabían que iba a ganar el apruebo y por lo tanto no estaban enfocados en esta primera elección sino que la mirada la tienen puesta en abril. Su apuesta será a la conformación del proceso constituyente y esto es algo que la centroizquierda (y la ciudadanía que votó apruebo) tiene que tener en cuenta. No pueden descansar en esta primera victoria porque todavía no hay nada dicho: si en abril Piñera logra los ? del quórum, va a ser imposible que la nueva Constitución cuente con los derechos sociales de fondo que la ciudadanía pretende. Posteriormente a la elección de abril 2021, la convención tiene 9 meses para trabajar en la redacción con opción a extenderse 3 meses más. El factor tiempo va a ser clave, porque va a actuar como una presión para lograr acuerdos que tal vez no sucedan. Una vez que la nueva Constitución esté lista, los chilenos deberán volver a votar en un plebiscito denominado “de salida” en el que deberán manifestar si están de acuerdo o no con la redacción final. Este plebiscito podría ser entre mayo y agosto de 2022. Finalmente, una vez que la ciudadanía manifieste su acuerdo, pasará al Congreso quien deberá aprobarla con ? de los miembros. Para eso serán fundamentales las elecciones presidenciales y legislativas del año que viene, ya que elegirán también a los futuros parlamentarios que se pronunciarán sobre la nueva Constitución cuando les toque votar a ellos.
En conclusión, si bien Chile ha dado un paso muy importante para avanzar hacia un país y un modelo más equitativo, todavía queda un largo camino por recorrer hasta poder ver esas modificaciones plasmadas en la sociedad.
(*) Licenciada en Ciencias Políticas (UCA), Mg. en Comunicación Política (Universidad de Alcalá de Henares, España) y Doctoranda en Sociología. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
