por Julieta Zelicovich (*)
La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU. ha puesto en jaque las tendencias del comercio internacional y de su regulación. En ello se conjugan dos razones: por un lado, el peso que históricamente este país ha tenido como ordenador del comercio internacional y, por otro, por la magnitud del cambio que supone la política comercial de Trump.
En los últimos años, aun si el escenario del comercio global se ha visto transformado con nuevas dinámicas de intercambio y con el ascenso de nuevos actores, la centralidad de EE.UU. se mantuvo. Este país continuó representando el 22,2% del PIB mundial, es el primer importador de bienes del mundo, el segundo exportador de bienes a nivel global y el principal actor en el comercio de servicios.
En términos de regulaciones del comercio, es el actor que ha impulsado la creación y sostenimiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como principal foro multilateral. Esta estrategia, durante la “era Obama” ha sido acompañada por la incorporación de las problemáticas del llamado “comercio del Siglo XXI” a la agenda de la política comercial externa, y la asignación de una creciente importancia a los acuerdos preferenciales, especialmente a los megarregionales. En el escenario nacional de EE.UU., tanto republicanos como demócratas coincidían en la importancia de apoyar este accionar, prevaleciendo la idea de que existían efectos benéficos para los norteamericanos a partir de la expansión del mercado internacional de bienes y servicios.
Un nuevo consenso
Las elecciones de 2016 han roto, sin embargo, con estos consensos. Ni Hillary Clinton, ni Trump se mostraron partidarios a mantener esta estrategia de Barack Obama ni a continuar asumiendo que la globalización resultaba beneficiosa para los norteamericanos. No se trató sólo de una cuestión de componentes ideológicos sino que en los últimos años la expansión del comercio global, sumado a la transformación tecnológica, han provocado en EE.UU. millonarias pérdidas de empleo ?especialmente trabajadores de calificación media y baja en sectores manufactureros?. En el desarrollo de la campaña electoral los acuerdos comerciales internacionales más recientes han sido interpretados como instrumentos en los cuales se favorece mucho más a las corporaciones internacionales que a los trabajadores y pymes norteamericanos.
Ante este escenario, la propuesta en materia de política comercial externa de Trump se concentra en siete puntos:
No ratificación del TPP y denuncia del mismo.
Avance de negociaciones comerciales “inteligentes” que beneficien al trabajador norteamericano.
Vigilancia de las violaciones a los acuerdos internacionales que otros países llevan a cabo y que perjudican a EE.UU.
Renegociación del NAFTA (incluyendo aplicación de aranceles al comercio intrazona).
Catalogar a China como “manipulador monetario”.
Denunciar las políticas de subsidios de China ante la OMC.
Recurrir a otras herramientas disponibles para retaliación de las prácticas chinas comerciales que dañen a los EE.UU.
Hacia adelante
Mientras que los puntos 3 y 6 no difieren de lo que la autoridad comercial norteamericana ha venido desarrollando durante los años Obama y el punto 7 reconoce varios antecedentes históricos para relaciones bilaterales con otros países, es en la mayor agresividad hacia China y en la revisión de los acuerdos comerciales regionales donde se observa la mayor cuota de innovación. De manera conjunta, los siete puntos implican un cambio de época en la dinámica de la gobernanza del comercio global. Significan virar la discusión de la liberalización del comercio ?vigente desde los 50' y hasta los 2000? a un nuevo enfoque que busca atender los efectos distributivos ?negativos? de la globalización. En ese escenario, las prioridades locales priman, aun si ello perjudica al contexto internacional.
Conforme a un estudio reciente del Peterson Institute for International Economics, el Presidente Trump cuenta con las herramientas jurídicas internas para llevar a cabo estas políticas, existiendo un importante margen de maniobra para el diseño y ejecución de la política comercial externa para el Poder Ejecutivo en los EE.UU. En el plano internacional, en función de los tiempos del órgano de solución de diferencias de la OMC, y de las relaciones de poder que implícitamente tienen lugar en tal contexto, Trump goza de prácticamente dos años para tener gran discrecionalidad en las medidas que desee implementar. El único contrapeso posible lo constituyen las grandes corporaciones internacionales, y su relación con el Presidente electo son aún una incógnita.
Siendo que estos siete puntos resultan plausibles de volverse reales el problema que se plantea es doble: por un lado, respecto de los costos del comercio y, por otro, en función de la regulación normativa del comercio internacional.
Según la teoría del comercio, cuando un país “grande” establece aranceles, debido a su poder de mercado, logra alterar la oferta y demanda mundial y modificar los precios internacionales. Cuando un país grande sube los aranceles, el comercio mundial se contrae y bajan los precios de sus productos, mientras que mejora la posición de mercado del país en cuestión. Similar es el efecto que produce la aplicación de subsidios: cuando un país grande aplica subsidios sobre sus productos exportables, el precio internacional se reduce.
Para los países en desarrollo, en especial para la región de América Latina, donde las estadísticas de comercio señalan una caída de las exportaciones de 9% en el primer trimestre de 2016, después de haber caído 15 % en 2015, éstas no son buenas noticias. Mientras que los países de la región se benefician de mantener para sí políticas comerciales con intervención activa del Estado, el mejor escenario para los latinoamericanos es que EE.UU. se mantenga en un régimen liberal y aperturista de comercio.
En cuanto a la gobernanza del comercio internacional, el escenario presenta incertidumbres equivalentes. Se ha dicho que el resultado de la elección de EE.UU. es la sentencia de muerte del TPP y del TTIP. No obstante, ello no significa necesariamente que el “regionalismo del Siglo XXI” haya cesado en sus intentos de reformar las normas vigentes. El avance normativo que las negociaciones megarregionales y plurilaterales han producido y plasmado en acuerdos, templates y borradores permanecen en la agenda de los actores públicos y privados de la gobernanza del comercio global, aún si EE.UU. se retira de parte de estos tratados.
Las corporaciones que operan en las cadenas globales de valor juegan un rol clave en este lobby. En el mediano plazo estos avances continúan presentando una agenda latente que se contrapone y/o amenaza al paquete de en negociación en la OMC dentro de la Ronda Doha. Por otra parte, puesto que EE.UU. ha sido un actor relevante en promover, a través de un juego de presiones e incentivos, los avances de las últimas Conferencias Ministeriales de la OMC, un eventual viraje en su política comercial externa hacia un enfoque más aislacionista y proteccionista, del estilo promovido por Trump en su campaña electoral, no hace más que debilitar a este organismo.
Del mismo modo que sucedió en el Siglo XX, hoy en día en el esquema multilateral, se requiere que existan uno o más actores que estén dispuestos a generar incentivos suficientes para el mantenimiento de la gobernanza del comercio global. De momento no es claro aún si EE.UU. mantendrá tal papel o, de cumplirse los vaticinios de campaña, se generará un vacío que podrá, o no, ser reemplazado por otros actores dispuestos a proveer el mantenimiento y/o eventual reforma, del sistema del comercio internacional ?léase, China?.
En su conjunto, el desafío más grande es recobrar el equilibrio entre medios y fines en la política comercial, y rebalancear intereses particulares con intereses generales. En palabras del premio Nobel Thomas Pikkety, “la cuestión de la liberalización del comercio ya no debería ser el foco principal. El comercio debe volver a ser un medio al servicio de los fines superiores. Nunca debería haberse convertido en algo más que eso.”
(*) Doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora asistente del CONICET
