La guerra comercial además de dominar la agenda tecnológica se está colando en los conflictos sociales y políticos de los epicentros, como Hong Kong, donde chocan los intereses de China y EE.UU..
En un nuevo capítulo del enfrentamiento, ahora Estados Unidos expresó su "grave preocupación" por la legislación de Hong Kong que por primera vez permitiría las extradiciones a China continental, aumentando la presión sobre Beijing mientras la ciudad se prepara para nuevas protestas y posibles huelgas en medio de un caos en las calles por la propuesta.
El proyecto de ley "podría destruir la autonomía de Hong Kong e impactar negativamente la protección de larga data de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores democráticos del territorio", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, a periodistas el lunes en Washington.
Los opositores a la legislación, el domingo organizaron una de las protestas más grandes desde el regreso de la ex colonia británica a China: los organizadores dijeron que aparecieron más de 1 millón de participantes, mientras que la policía estimó la cifra en 240,000.
Las tensiones están aumentando, los activistas exigen más huelgas y se comprometen a rodear el Consejo Legislativo de la ciudad el miércoles, cuando los legisladores debatan decenas de enmiendas propuestas.
La líder de Hong Kong respaldada por Beijing, Carrie Lam, defendió el proyecto de ley en una sesión informativa de 45 minutos el lunes, y dijo que era necesario evitar que la ciudad se convierta en un "refugio" para los fugitivos y se comprometió a seguir adelante con su paso. China respaldó los esfuerzos de su gobierno.
Lam dijo en una sesión informativa el martes que una carta enviada a la legislatura por el Buró de Seguridad de Hong Kong incluye una nueva medida que le daría al jefe ejecutivo la última palabra sobre las extradiciones, con poder de veto sobre cualquier transferencia aprobada por el tribunal de Hong Kong. Un cambio en las circunstancias y los motivos humanitarios se encuentran entre los factores que se considerarían en tal decisión, dijo.
La reciente marcha masiva señala un despertar de un movimiento de protesta que se fracturó después de que el gobierno resistiera con éxito las demandas de los manifestantes dirigidos por estudiantes que ocuparon las calles de la ciudad durante 79 días en 2014. Desde entonces, el gobierno chino y su selecto liderazgo local han enfrentado poca resistencia a sus esfuerzos por frenar lo debates, incluyendo prohibir a los activistas más radicales buscar un cargo electo, procesar a los líderes de la protesta y prohibir un partido político pro-independencia.
Pero ahora el proyecto de ley de extradición podría afectar a cualquiera de los 7,5 millones de residentes de la ciudad, incluidos los empleados de las casi 1,400 empresas multinacionales con sede regional allí.
La legislación permitiría a Hong Kong celebrar acuerdos de extradición por única vez con jurisdicciones donde carece de acuerdos formales, incluida China, que a menudo impone largas penas de prisión a delincuentes no violentos, como activistas y delincuentes de drogas, además de violaciones a los DD.HH..
El proyecto de ley de extradición fue criticado, además de EE.UU., por varios gobiernos occidentales y organizaciones empresariales internacionales que lo ven como una amenaza para el marco de "un país, dos sistemas", sostenido gracias al status de Hong Kong como un centro financiero global.
Es uno de los últimos movimientos del presidente Xi Jinping que han expresado preocupación por la estructura autónoma de Hong Kong, que garantiza la libertad de expresión, los mercados de capitales y el derecho consuetudinario británico.
En tanto, el gobierno local manifestó que la ley es necesaria para llevar a los fugitivos ante la justicia y que nació a partir del caso de un hombre de Hong Kong que no pudo ser extraditado a Taiwán por el asesinato de su novia de 19 años.
