Ante la crisis del sector inmobiliario, las autoridades chinas están elaborando una nueva normativa para aliviar la escasez de efectivo en el rubro.
Tras la caída de Evergrande, que tiene una deuda de más de US$ 300.000 millones, y el temor a una crisis de contagio, las autoridades impusieron restricciones para que el sector no siga endeudándose, quitándoles liquidez a las empresas.
Una de las máximas polémicas era que Evergrande vendía inmuebles que ni siquiera había empezado a construir y utilizaba ese dinero para financiar otros proyectos. En este sentido, las promotoras chinas podrán vender proyectos residenciales antes de terminarlos, pero están obligadas a depositar esos fondos en cuentas de depósito en garantía.
Ahora, las nuevas normas les permitirían a las compañías utilizar los fondos en custodia, que actualmente controlan los gobiernos municipales sin supervisión central, para cumplir con sus obligaciones de deuda, pagar a proveedores y financiar operaciones.
El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural chino, principal regulador del sector, está elaborando las nuevas leyes bajo la dirección del Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo del Gabinete y pretende ponerlas en marcha a finales de enero.
Más allá de la crisis, en 2021 la inversión de China en desarrollo inmobiliario registró un aumento interanual del 4,4% y se situó en alrededor de 14,76 billones de yuanes (US$ 2,32 billones).
En comparación con 2019, la inversión inmobiliaria subió 11,7%, lo que sitúa el promedio de los dos años en el 5,7%. Además, el año pasado la inversión en edificios residenciales aumentó un 6,4% hasta acercarse a los 11,12 billones de yuanes.
