Durante décadas, gran parte de la discusión económica global estuvo dominada por una idea simple: los mercados asignan recursos mejor que los Estados. Sin embargo, la realidad de las últimas décadas parece haber seguido otro camino. Pocos casos ilustran mejor esta situación que China.
Mientras buena parte de Occidente debatía sobre las virtudes de la desregulación y la reducción de la intervención estatal, Beijing construyó una de las estrategias de desarrollo productivo más ambiciosas de la historia contemporánea. Los resultados están a la vista: liderazgo en manufacturas, creciente dominio tecnológico, capacidad exportadora y presencia cada vez mayor en sectores considerados estratégicos para el siglo XXI.
La pregunta ya no es si China subsidia a su industria. La evidencia disponible muestra que lo hace. La cuestión relevante es comprender cómo esos instrumentos se articulan dentro de una estrategia más amplia de desarrollo.
Un informe publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aporta nueva evidencia sobre el fenómeno. La base de datos MAGIC, presentada en 2026, relevó los subsidios efectivamente recibidos por 525 grandes empresas industriales de todo el mundo entre 2005 y 2024. Sus conclusiones son contundentes: las firmas radicadas en China reciben entre tres y ocho veces más apoyo estatal que sus competidores de los países desarrollados. Además, la OCDE estima que cerca del 60% de las ganancias de participación de mercado internacional obtenidas por las empresas chinas puede explicarse por distintos mecanismos de apoyo público.
Los sectores más beneficiados tampoco son casuales. Semiconductores, paneles solares, aluminio, acero, baterías, vehículos eléctricos y construcción naval aparecen entre los principales receptores de apoyo estatal. Se trata precisamente de actividades consideradas estratégicas para la seguridad económica y tecnológica de las grandes potencias.
Sin embargo, sería un error interpretar la experiencia china únicamente como una política de subsidios masivos. El diferencial chino no radica solamente en la magnitud de los recursos movilizados, sino en la capacidad de coordinar instrumentos diversos detrás de objetivos concretos.
El financiamiento ocupa un lugar central. Los grandes bancos continúan bajo influencia estatal y operan como herramientas de política económica. Según estimaciones del Center for Strategic and International Studies (CSIS), el conjunto de apoyos industriales alcanzaba el equivalente al 1,73% del PBI en 2019, una cifra superior al gasto de defensa del país. El Fondo Monetario Internacional considera incluso que los apoyos explícitos e implícitos podrían acercarse actualmente al 4% del producto.
A ello se suman incentivos fiscales, fondos públicos de inversión, subsidios a la investigación y desarrollo, compras gubernamentales, infraestructura, energía a costos competitivos y una planificación de largo plazo orientada a sectores específicos.
Programas como Made in China 2025 sintetizan esta lógica. Lanzado en 2015, identificó diez industrias estratégicas para el futuro económico del país, entre ellas inteligencia artificial, robótica, telecomunicaciones, biotecnología, equipamiento aeroespacial y vehículos eléctricos. El objetivo no era simplemente producir más, sino dominar los segmentos de mayor complejidad tecnológica y valor agregado.
Los resultados son visibles. China concentra cerca del 30% de la producción manufacturera mundial. Produce más acero que el resto del mundo combinado. Lidera la producción global de paneles solares, baterías de litio y vehículos eléctricos. Empresas como BYD y CATL se han convertido en referentes globales en sectores que hace apenas dos décadas eran dominados por firmas estadounidenses, japonesas o europeas.
Paradójicamente, muchos de los argumentos tradicionales utilizados para explicar la competitividad china han perdido fuerza. China ya no es un país de salarios extremadamente bajos. Diversas estimaciones internacionales muestran que los salarios industriales en numerosos sectores ya son comparables a los de Brasil y muy superiores a los de Vietnam, India o Indonesia. Tampoco basa su éxito exclusivamente en empresas estatales. De hecho, las firmas privadas concentran actualmente más de la mitad de las exportaciones del país y han ganado participación de manera sostenida durante los últimos años.
Pero el caso chino también muestra que la política industrial no está exenta de tensiones.
Durante décadas, el crecimiento descansó sobre una tasa de inversión extraordinariamente elevada. Mientras la inversión representa entre el 20% y el 25% del PBI en la mayoría de las economías desarrolladas, China mantuvo durante largos períodos niveles cercanos al 40% del producto. Este esfuerzo permitió construir infraestructura, desarrollar capacidades industriales y protagonizar el mayor proceso de urbanización de la historia moderna.
Sin embargo, ningún modelo escapa a la ley de los rendimientos decrecientes. Cuando un país carece de puertos, carreteras o redes eléctricas modernas, cada nueva inversión genera enormes ganancias de productividad. Cuando esas necesidades básicas ya fueron cubiertas, mantener el mismo ritmo de inversión produce beneficios cada vez menores.
La productividad del capital en China viene mostrando una tendencia descendente desde hace más de una década. En términos simples, el país necesita invertir cada vez más para obtener resultados relativamente menores.
La contracara ha sido el aumento del endeudamiento. Según datos del Banco de Pagos Internacionales (BIS), la deuda total del sector no financiero pasó de alrededor del 170% del PBI antes de la crisis financiera de 2008 a cerca del 290% en la actualidad. El incremento se concentró principalmente en gobiernos locales, desarrolladores inmobiliarios y empresas estatales.
El caso del sector inmobiliario resulta particularmente ilustrativo. Durante años, la construcción y las actividades asociadas llegaron a representar cerca de una cuarta parte de la economía china. El colapso de gigantes como Evergrande expuso las fragilidades de un esquema basado en altos niveles de inversión financiada con deuda.
A ello se suma otro desafío: la asignación del crédito. El sistema financiero chino ha sido extremadamente eficaz para canalizar recursos hacia sectores estratégicos definidos por el Estado. Sin embargo, esa misma capacidad también permitió sostener durante largos períodos empresas y proyectos de baja rentabilidad. El resultado es una desaceleración gradual del crecimiento: las tasas de expansión de dos dígitos que caracterizaron a China durante buena parte de los años 2000 dieron paso a registros cercanos al 5%, mientras que muchas proyecciones anticipan niveles más moderados hacia el final de la década.
Por si fuera poco, el país enfrenta un desafío demográfico de enorme magnitud. La población comenzó a reducirse en términos absolutos y la baja natalidad amenaza con disminuir la fuerza laboral disponible durante las próximas décadas. China corre el riesgo de enfrentar un fenómeno inédito en su historia moderna: envejecer antes de alcanzar los niveles de ingreso per cápita de las economías desarrolladas.
Sin embargo, estos problemas no implican que China se encuentre al borde del colapso. Lejos de ello, el país continúa liderando sectores estratégicos de la economía global y mantiene capacidades industriales y tecnológicas que ningún otro país, excepto Estados Unidos, posee actualmente.
La principal enseñanza es otra. China demuestra que las ventajas competitivas rara vez son el resultado espontáneo del mercado. Detrás de los grandes procesos de transformación productiva suelen existir decisiones estratégicas, financiamiento de largo plazo, coordinación público-privada e instituciones capaces de sostener políticas durante décadas.
Pero también recuerda que la política industrial no elimina las restricciones económicas fundamentales. La inversión debe traducirse en aumentos sostenidos de productividad, el crédito debe orientarse hacia los proyectos más dinámicos y los subsidios deben funcionar como instrumentos para crear capacidades, no como mecanismos permanentes de sostenimiento. Incluso las estrategias de desarrollo más exitosas requieren mecanismos de evaluación, corrección y reasignación de recursos. Cuando una empresa, tecnología o sector deja de generar valor, sostenerlo indefinidamente puede convertirse en un costo para el conjunto de la economía. Los éxitos del pasado no garantizan los resultados del futuro.
En ese contexto, la discusión relevante para países como Argentina no pasa por decidir si el Estado debe intervenir o no en el desarrollo productivo. Esa discusión ya fue saldada por la realidad. La verdadera pregunta es otra: cómo construir instituciones capaces de promover inversión, innovación y escalamiento productivo sin caer en esquemas ineficientes o capturados por intereses particulares.
China ganó la discusión sobre la importancia de la política industrial. Lo que todavía está por verse es si podrá resolver los desafíos que genera el propio éxito de su modelo.
Pereira es investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral
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