América Latina, región que en otro tiempo mantuvo un vínculo más que estrecho con Estados Unidos, continúa afianzando su relación con China.
Ya sea que Ecuador busque negociar su deuda a cambio de contratos de petróleo, que Argentina se sume a la Iniciativa de la Franja y la Ruta China -Belt and Road Initiative, o BRI por sus siglas en inglés-, o el papel general que China sigue teniendo en la pandemia -desarrollo y diplomacia de vacunas mediante-, el avance del país asiático en la región es indiscutido. Las inclinaciones ideológicas tampoco parecen importar mucho.
Latinoamérica ha estado desde hace mucho tiempo en la mira de grandes potencias. Empezando por España y Portugal que se repartieron la región para su explotación colonial en los siglos XV y XVI, pasando por la década de 1980, atravesando la Guerra Fría cuando la región estaba bajo la zona de influencia de Estados Unidos y Washington apoyó golpes de estado en los países hispanohablantes.
Esto último marcó un antes y un después en la relación de los países del sur con el gigante del norte, dejando la puerta abierta a un mayor vínculo con la economía asiática. Así, en las últimas dos décadas, mientras Estados Unidos centraba su atención en los conflictos bélicos de Irán y Afganistán y China parecía enfocarse en su relación con el resto de Asia, en realidad se adentraba en Latinoamérica.
Influencia que no solo se ciñó al ámbito comercial, el cual se desarrolló rápidamente dada la complementariedad de las economías, sino que también se extendió al plano financiero y político.
Gran parte de las inversiones chinas comenzaron a principios de siglo, durante la llamada “marea rosa”, con los cambios de gestión en la región y el giro a la izquierda en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. A lo largo de los años incluso las administraciones más promercado vieron en Pekín un buen aliado, con la única excepción posiblemente de Jair Bolsonaro.
En el plano local, durante su presidencia Mauricio Macri fue uno de los dos primeros mandatarios invitados y asistió al primer foro del BRI que tuvo lugar en el 2017. Así, y a pesar de sus vaivenes, el estrecho vínculo comercial con China fue una constante a lo largo de los últimos veinte años.
Desde que China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio en 2001, el volumen total del comercio entre China y América Latina (incluyendo el Caribe) se disparó: pasó de US$ 15.000 millones al año a romper un récord el año pasado, superando los US$ 450.000 millones, lo que supone un aumento del 41,1% con respecto a 2020. Lo cual significa que Pekín sigue siendo el segundo mayor socio comercial de América Latina, según datos publicados por la Administración General de Aduanas de China.
Gran parte de esto se debe al auge de los precios de las materias primas, motivado parcialmente por la demanda china, que ayudó a su vez a apuntalar las finanzas públicas de los países de la región a lo largo de las dos últimas décadas y, en consecuencia, a conservar como aliados a los gobiernos de todo el espectro ideológico.
Un ejemplo cercano de esto lo encontramos en el plano local, el precio internacional de la soja, uno de nuestros principales productos de exportación a este país, más que se triplicó en los últimos veinte años y hoy cotiza cerca de máximos (en la zona de los US$ 585 por tonelada). En términos absolutos, las exportaciones de soja argentina a China también se dispararon, pasando de 3 millones de toneladas en 2000 a un récord de 11 millones de toneladas diez años después.
Las importaciones crecieron exponencialmente junto a las exportaciones. Sin embargo, existe una enorme resistencia a la apertura de sectores intensivos en mano de obra, con industrias locales no competitivas a nivel internacional y viendo en los productos chinos una amenaza para las empresas y empleos domésticos.
Pese a estas resistencias, China logró avanzar con acuerdos de libre comercio con países como Chile, Perú y Costa Rica. Sin embargo, Pekín tuvo más éxito a la hora de cerrar acuerdos con los Estados del Pacífico que con el bloque atlántico de Sudamérica.
Esto ocurre ya que los países miembros del Mercosur, con un sesgo más proteccionista, no permiten acuerdos bilaterales con terceros países. Situación recientemente desafiada por Uruguay, que busca un acuerdo de libre comercio con el país oriental frente al estancamiento comercial al interior del bloque.
La incursión de China en el sur del continente va más allá del canal tradicional del vínculo comercial, aunque se encuentra estrechamente vinculado con el mismo. A partir de diciembre del 2008 el Banco Popular de China surgió como un actor clave en el ámbito de los swaps entre bancos centrales y hoy enmarca a más de 37 de ellos.
Los swaps chinos fueron a cubrir un espacio que se encontraba vacante, ya que las líneas existentes se limitaban a economías desarrolladas y con el objetivo de proveer liquidez en el corto plazo. Las líneas chinas, por el contrario, pretenden promover el comercio bilateral y la inversión directa entre el país asiático y sus actuales y potenciales socios, favoreciendo los contratos transfronterizos pactados en yuanes. Siendo así una política activa para promover el uso internacional de la moneda.
Nuestro país fue uno de los primeros en establecer una línea de swap con China allá por el 2009. Acuerdo que tuvo una segunda parte en 2014, fue renovado en 2017 y complementado a fines de 2018 con un acuerdo suplementario. La reciente cumbre entre los primeros mandatarios de ambas naciones incluyó novedades en este frente ya que la actual línea que consta de US$ 17.000 millones y se iniciaron conversaciones para ampliarla a US$ 20.000 millones. Al mismo tiempo, el Gobierno busca ampliar los usos del swap, que hoy son el comercial y el de abultar las reservas internacionales, sobre los cuales no debe pagarse una tasa de interés (Shibor) de 7 puntos. Veremos cómo se desenvuelve esta cuestión.
Para cerrar resulta clave destacar algunos puntos referidos la reciente adhesión de nuestro país a la Belt and Road Initiative. La iniciativa que lleva adelante Xi Jinping desde 2013 como un proyecto para recrear la ruta de la seda es en realidad la provisión de un marco formal para un evento ya existente como lo era la presencia de empresas y capitales chinos en obras de infraestructura (centrales eléctricas, puertos, rutas y trenes).
Quienes motorizaron esta expansión fueron los bancos de desarrollo chinos y el destino de los fondos se fue modificando conforme a las prioridades de la política exterior china. Argentina pasaría entonces a formar parte de los hoy 23 países de la región que adhirieron a la iniciativa. Sin embargo, este es un avance que hoy se queda en el plano político y que no se traduce en nuevas obras concretas.
Incluso con el anuncio de que el Gigante Asiático realizaría inversiones en el país por más de US$ 23.000 millones es importante tener en mente que entre 2020 y 2021 los bancos de desarrollo chino no aprobaron ningún nuevo préstamo para América Latina.
Siendo estas inversiones riesgosas y contemplando las complicaciones que enfrenta Pekín puertas adentro no sería una sorpresa que priorice, al menos en el corto plazo, la agenda interna por sobre la externa y que Argentina no vea una lluvia de inversiones de la noche a la mañana.
