3 noviembre de 2025
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Si se aprueba la iniciativa impulsada por la Liga de Provincias Bioenergéticas (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán) y respaldada por la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria del bioetanol de maíz y de caña de azúcar proyecta nuevas inversiones por US$160 millones.
El proyecto propone elevar el corte mínimo de bioetanol en nafta del 12% al 15% durante los próximos dos años, con un esquema diferenciado del 10% para la región patagónica, sujeto a revisión periódica. Sin embargo, desde el oficialismo plantearon en comisión que existe una alternativa que retrasaría la suba hasta 2027.
Las cámaras del sector destacan que la capacidad instalada actual ya permite cubrir la demanda del nuevo corte. Además, los proyectos en ejecución suman US$ 240 millones, de los cuales US$ 160 millones están más avanzados, mientras que otros US$160 millones se encuentran en carpeta para futuras inversiones.
"Las inversiones van acompañando el crecimiento del consumo de etanol, explicaron desde el Centro Azucarero Argentino. La tendencia global también estimula inversiones, más allá de la situación local".
Los representantes de las cámaras, junto con Maizar, mantuvieron reuniones con legisladores y ratificaron su respaldo "total" al proyecto, que consideran un avance estratégico para el desarrollo energético, ambiental y productivo de Argentina.
- Según sus declaraciones, la ley proporcionaría un marco normativo moderno, federal y sustentable, fortaleciendo la previsibilidad para las inversiones y sustituyendo importaciones de combustibles fósiles por producción nacional de bioetanol.
"Este proyecto reconoce el papel clave del bioetanol en la descarbonización del transporte, la generación de empleo genuino y la mejora de la balanza comercial al reemplazar combustibles importados por energía renovable de origen local", agregó Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.
Por su parte, desde Cepreb, la cámara que nuclea a pequeños y medianos productores, advirtió que el proyecto beneficia principalmente a las grandes agroexportadoras y fue redactado sin consulta a las pymes, que representan el 60% del biodiésel destinado al corte obligatorio.
Los impulsores del proyecto sostienen que la norma permitirá crecer al sector sin afectar las ventas de naftas y gasoil, las regalías petroleras ni las cuentas fiscales. Destacan además el liderazgo de la Liga de Provincias Bioenergéticas por haber impulsado un texto con amplio consenso, mirada federal y visión de largo plazo, que subraya la importancia estratégica de los biocombustibles en la transición energética y la soberanía productiva.
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