El plan energético acordado entre el Gobierno de Javier Mileiy el Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta una estructura técnica ambiciosa pero con múltiples obstáculos. Privatizar ENARSA sin rediseñar su función actual, desmontar el rol de CAMMESA sin afectar precios y focalizar subsidios sin generar impacto social negativo serán tareas complejas en un año electoral.
En el marco del nuevo acuerdo de facilidades extendidas por U$S 20.000 millones, Argentina se compromete a implementar una serie de medidas estructurales en el sector energético durante el segundo semestre de 2025.
Según detalla un informe técnico de la consultora Paspartu, dirigido por el especialista Juan José Carbajales, también titular del Instituto del Gas y Petróleo de la UBA (IGPUBA), el acuerdo impone una hoja de ruta concreta y exigente que atraviesa tres ejes centrales: privatización de empresas públicas, reforma del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y rediseño del esquema de subsidios.
La Ley de "Bases" recientemente aprobada acota el universo de privatizaciones a tres empresas estatales del sector energético: Energía Argentina S.A. (ENARSA), Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En los dos últimos casos, la venta solo podrá alcanzar el 49% del capital accionario, mientras que ENARSA podrá ser privatizada en su totalidad.
Sin embargo, el camino no será sencillo. ENARSA, que funciona actualmente como vehículo estatal para canalizar subsidios al sector gasífero, arrastra un balance comercial complejo. Su rol como importadora de gas natural licuado (GNL), que revende internamente a precios muy inferiores a los del mercado internacional, plantea serios interrogantes sobre su viabilidad como empresa privatizable sin una reestructuración previa.
"Mientras el Estado no garantice que los costos que hoy asume ENARSA puedan trasladarse a tarifa, ninguna distribuidora comprará ese gas a precio real", advierte el informe. Las subastas lanzadas desde 2023 en el MEGSA han sido reiteradamente desiertas.
Reforma del MEM y subsidios
El programa energético también contempla la implementación de la Resolución SEN 21/2025, orientada a normalizar el funcionamiento del MEM. El objetivo es promover mayor competencia y reducir el peso del Estado en la intermediación energética, en particular el rol que desempeña CAMMESA como compradora de gas y energía eléctrica.
Este punto se presenta como una "obligación de medios", es decir, el Gobierno deberá demostrar avances y esfuerzos, sin que se exijan resultados concretos a corto plazo.
La transformación apunta a un modelo de contratos entre privados, similar al régimen MATER, y a una menor intervención estatal.
Pero los riesgos no son menores. "Quitar el rol amortiguador del OED (Operador del MEM) y desmantelar esquemas contractuales vigentes como el Plan Gas.Ar puede encarecer el costo monómico para los usuarios", sostiene Carbajales.
En línea con la reducción del gasto público, otro de los compromisos asumidos por el Gobierno es reemplazar el actual sistema de segmentación tarifaria por un subsidio único destinado exclusivamente a los hogares de bajos ingresos. Esta transformación apunta a consolidar un esquema más simple, focalizado y previsible.
No obstante, la experiencia reciente genera cautela. El intento inicial de aplicar una "canasta básica energética" fracasó y derivó en una transición prolongada. Hoy, el FMI vuelve a exigir avances concretos, aunque sin definir un modelo detallado.
Actualmente, los subsidios siguen siendo significativos: en 2024, la cobertura estatal del costo mayorista fue del 63% para la electricidad y 45% para el gas. En los primeros meses de 2025, esos porcentajes subieron al 83% y 82% respectivamente, aunque se reducen al 68% y 76% en el segmento residencial.
Con las elecciones de octubre en el horizonte y una inflación mensual en torno al 3%, surgen dudas sobre la viabilidad política de aplicar nuevos ajustes tarifarios hacia fin de año.
Finalmente, el acuerdo exige la eliminación de todos los fondos fiduciarios extrapresupuestarios, salvo el destinado a subsidiar el gas residencial en zonas frías, que se mantiene vigente por mandato legal (Ley 27.637). Entre los fondos afectados se encuentra el Fondo Fiduciario para el Transporte de Energía Eléctrica (FFTEE).
El cierre de estos mecanismos implica un regreso al principio de "caja única" establecido por la Ley de Administración Financiera, lo que amplía la discrecionalidad del Ejecutivo para reasignar recursos sin respetar la afectación específica original. La medida es vista por algunos especialistas como un retroceso en la planificación de inversiones sectoriales.
Seguí a El Economista en Google
Agreganos a tus medios preferidos.
+ Agregar
