Como escribe Oscar Muiño, ¿cuándo un partido político es importante? Cuando tiene fuerza suficiente para cambiar la mayoría. Lo descubrió Giovanni Sartori y la consigna es perfecta para la Argentina actual y aplicable para el radicalismo que, con sus legisladores, tiene los votos necesarios para inclinar la balanza en uno u en otro sentido.
Debemos modernizar las relaciones laborales, con el objetivo de reducir litigiosidad e informalidad, proponer distintas opciones de contratación, garantizando la seguridad jurídica, sin resignar protección ni derechos. La modernización laboral votada en Diputados no cumple ninguno de esos objetivos: solo los agrava como veremos a continuación.
La ley se ajusta al modelo de país que nos propone la extrema derecha que nos gobierna, y busca fracturar el mundo del trabajo y debilitar la tutela de los trabajadores. Si esta norma es aprobada por el Senado de la Nación, sin modificaciones, vamos a estar ante una segmentación social amplia, profunda y estructural, que profundizará la falta de protección, informalidad, precarización, falta de ingresos y de formación profesional que existen actualmente. Además, va aumentar la litigiosidad.
Con el objetivo de aumentar el empleo registrado deroga el sistema de multas por la falta de registración, dejando este incumplimiento sin sanción alguna. Ahora, si con la variedad e intensidad de las sanciones que actualmente existen no se consiguió reducir la informalidad, la falta de sanciones resulta un aliento directo a estas prácticas ilegales, salvo que se crea que gracias a las "fuerzas del cielo" de ahora en adelante va a cambiar la conducta de los empleadores.
Para los que festejan la derogación de las multas por empleo no registrado señalo que, si algo no se debe repetir, es la experiencia de las reformas de la década del '90, que terminaron impugnadas por la justicia laboral y la Corte Suprema, lo que aumentó la litigiosidad y la inseguridad jurídica.
La norma es de dudosa constitucionalidad, ya que la CSJN ha sostenido reiteradamente que las normas son susceptibles de cuestionamiento "cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta inequidad". Si tenemos igual sanción por el despido de un trabajador en blanco que uno informal, la norma tiene altísimas posibilidades de ser declarada inconstitucional.
La reforma tampoco va a reducir los costos indemnizatorios por trabajo informal, porque la Justicia va a indemnizar, y como corresponde, de manera distinta y más agravada los despidos de trabajadores informales, que los registrados.
Es necesaria una sanción tarifada para tener certezas, ya que, sin sanción, están abriendo la "caja de Pandora", a reclamos varios, que van desde la reparación plena, los daños presentes y futuros por contingencias de salud no cubiertas por no contar con una ART u obra social, otros relacionados con el régimen previsional al no poder o verse dificultado el acceso al beneficio de la jubilación o la pensión, temeridad y malicia, daño moral.
Pregunto, ¿algún abogado se animaría a emitir un dictamen diciendo que si se aprueba esta reforma no existe ninguna posibilidad de que se agraven las indemnizaciones en caso de tener un reclamo de un trabajador informal? Me imagino que no.
Lo que hay que hacer y está en manos del Senado, es derogar el sistema actual y crear uno nuevo, que está contenido en la propuesta que la UCR le llevó al gobierno, y que consiste en derogar la legislación actual y crear un nuevo sistema, definiendo que es un trabajador no registrado y remuneración no registrada, reducir y graduar las multas con un tope. Con esta propuesta se da más seguridad jurídica, se termina con las interpretaciones ampliatorias y erradas de la jurisprudencia, que ahora quedan abiertas.
Trabajadores independientes con colaboradores
Otro enorme error. Con esta norma se va a aumentar el enanismo empresarial y fiscal. Los "trabajadores independientes" tendrán el aliciente de no pasarse de categoría, lo que fomentará el dinero en negro y la evasión fiscal, con las consecuencias de esto genera. La norma incita a pasarse de una empresa de trabajadores dependientes a crear otra con trabajadores no dependientes, sin jornada limitada, salario mínimo, sin estabilidad, y no sindicalizado.
Si algo no reduce la litigiosidad es esta figura, que va a producir todo tipo de fraudes laborales, que por imperio de la LCT serán catalogadas como trabajo no registrado por la Justicia. En este caso también el Senado tiene una propuesta alternativa que es el Régimen Laboral para Microempresas, que se encuentra detallado en el proyecto presentado por el Diputado Nacional Pablo Juliano y contiene un marco regulatorio tributario y laboral específico a este ámbito.
También el Senado debe revisar dos normas del proyecto. Una es la del despido discriminatorio, que si no es derogada, al menos deben excluirse de la misma la inversión de la carga de la prueba, y la imposibilidad de la reincorporación del trabajador discriminado.
En un mismo sentido, el periodo de prueba para todos los establecimientos no debería no ser mayor de seis meses, ya que su extensión genera altísimo desempleo friccional no voluntario, es decir una alta rotación laboral que en caso argentino seria de larga duración y agravaría el desempleo.
Está en manos del Bloque de Senadores de la Unión Cívica Radical, efectuar las modificaciones señaladas para que la escueta y equivocada Ley de Modernización laboral, no agrave más los problemas de los trabajadores y empresarios argentinos.
