Con una derrota en las legislativas, el Gobierno deberá trabajar en darle sustento a su programa económico de los próximos dos años. Dos de los puntos más importantes para corregir serán el atraso generado en el tipo de cambio y las tarifas para contener la inflación.
A través de su último informe, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) afirmó que el tema más urgente es disminuir los subsidios que cubren el retraso de las tarifas. “Si se insiste con el congelamiento de tarifas, se profundizará la crisis económica acelerando el debilitamiento político”, consignaron.
Concluidas las elecciones, la atención está centrada en cuál será la reacción del Gobierno para abordar la crisis económica en un contexto de debilitamiento político.
Las miradas se concentran sobre las posibles conductas que adopte el Gobierno respecto al dólar oficial. “La enorme brecha con el dólar paralelo y el bajo nivel de reservas son los argumentos para considerar necesaria una devaluación”, consideró el instituto. El Gobierno buscará evitar ese desenlace, pero hay dudas sobre si podrá hacerlo.
En tanto, Idesa se preguntó en el trabajo si una devaluación es la manera más adecuada de resolver los problemas. Hay que tener en cuenta que Argentina acumula una “larga tradición” de déficits fiscales que el actual Gobierno aceleró. Con limitado acceso al crédito, estos desequilibrios se financian con emisión monetaria. El excedente de dinero en poder de la gente que genera la emisión presiona sobre los precios.
“No es casual que el dinero en poder del público (efectivo, cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos) viene creciendo a razón de 50% anual, nivel similar a la inflación. Este exceso de pesos en poder del público es el que también presiona sobre el dólar paralelo que se afirmó cerca de los $200”, consignó el informe.
Algunos indicadores claves de la economía permiten evaluar de manera más “objetiva” la situación. Según datos oficiales, entre diciembre 2019 y noviembre 2021 se observa que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) creció 91%, mientras que el dólar oficial creció 67% y las tarifas de luz y gas que pagan los consumidores residenciales crecieron 11%.
Estos datos muestran que hay atraso en la cotización del dólar oficial, pero donde la distorsión es mucho más profunda es con las tarifas de la energía. Se trata de un tema central ya que buena parte del déficit fiscal se explica por el crecimiento de los subsidios.
Según detalló Idesa, en 2019 los subsidios a la energía representaban el 1,1% del PIB, mientras que en el 2021 se estiman en el orden del 2,4% del PIB. Tomando la proyección del Ministerio de Economía que espera terminar el año con un déficit fiscal primario de 4,3% del PIB, los subsidios a la energía representan más de la mitad del déficit fiscal. En ese marco, el instituto que dirige Jorge Colina dijo que devaluar el dólar oficial manteniendo las tarifas congeladas aumentará los subsidios.
“Como los subsidios se financian con emisión, que la gente rechaza, aumentarán las presiones sobre la inflación. Por lo tanto, el valor del dólar se seguirá retrasando a pesar de la devaluación. Así, la devaluación, en lugar de corregir el atraso del dólar, acelerará la inflación restableciendo el atraso”, explicaron.
Por eso, resulta importante que el Gobierno avance con señales claras en la reducción del déficit fiscal. Existen muchos gastos excesivos, aunque Idesa aseguró que lo más urgente es tomar control sobre las áreas de regulación energética.
“La credibilidad del Gobierno depende del inicio de un proceso de disminución de los subsidios a la energía con tarifa social para las familias de menores ingresos. Esto, además de permitir moderar la emisión monetaria, aumentará las probabilidades de entablar en buenos términos y con chances de éxito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, estimaron.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, vienen trabajando en un esquema de segmentación de tarifas que comenzaría a aplicarse en 2022. De todas formas, no hay una fecha definida y el congelamiento se extendió hasta abril de 2022. Según estimaciones privadas, esas erogaciones representarán, sólo en 2021, US$ 10.000 millones.
La semana pasada, el Gobierno pidió a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur que reempadronen a sus usuarios entre noviembre y diciembre. Este fue un paso más para saber efectivamente quién está utilizando el servicio y si en una eventual segmentación necesitará subsidios o no. "Esto permitirá el ordenamiento, la regularización y una construcción real de las bases de datos de las empresas", informó el Enre.
El trabajo de Idesa mencionó que es antipático tener que aumentar las tarifas y eso podría debilitar al Gobierno. Sobre todo porque estos recursos benefician más a los sectores medios y altos. “Pero resultará políticamente mucho más costoso someter a toda la población a la traumática experiencia de sufrir una espiralización de la inflación cuando ya está por encima del 50% anual”, advirtieron.
La única forma que el Gobierno recupere legitimidad es controlando la inflación, que no se logra con “controles de precios y congelamientos de tarifas'', sino “reduciendo el déficit fiscal”.
“Si se aspira a terminar con esta costosa involución que sufre la Argentina es imprescindible un ordenamiento integral del Estado. Esto es muchísimo más complejo que reducir los subsidios económicos y demanda una visión estratégica que por el momento ni el oficialismo ni la oposición han demostrado tener”, concluyó Idesa.
