La semana pasada Cristina Fernández de Kirchner escribió una nueva carta con críticas al programa económico, así como ideas sobre cómo el peronismo "se torció y se desordenó" durante el Gobierno pasado (posiblemente mientras ella estaba ocupada escribiendo otras cartas y dando charlas).
En sus reflexiones sobre la deriva del peronismo, CFK muestra señales de haber obtenido algunas lecciones de estos meses de Gobierno libertario. Entre otras, parece admitir que los intermediarios de planes sociales fueron un error que atenta contra "la universalidad" de las políticas de asistencia social y que el "Estado omnipresente" puede alcanzar dimensiones que lo vuelven "ineficiente e ineficaz".
Hay que celebrar el reconocimiento de que pedirle más de 40% del PIB a la población para darle a cambio servicios malos más descalabro macroeconómico podría llegar a ser percibido como una estafa por una mayoría de votantes.
Sin embargo, en la primera parte del documento Cristina insiste en las ideas de política monetaria y cambiaria que generaron el problema del cual estamos tratando de salir hoy: la "restricción externa", es decir, "la escasez de dólares" como responsables de la inestabilidad macroeconómica.
Que la economía argentina es bimonetaria lo sabemos todos. Pero esto es el resultado de años de castigar el poder adquisitivo del peso, no su causa. En la formulación kirchnerista, el bimonetarismo aparece como dato exógeno que parecería no tener ninguna relación con la emisión descontrolada de moneda y con su ancestro inmediato, el déficit fiscal.
Del mismo modo, las "corridas cambiarias" son presentadas como un evento externo, desvinculado de la emisión: la decisión de tener menos pesos en cartera no aparece como una consecuencia del valor esperado del activo "peso" o de que el BCRA provea más de este activo de lo que demanda la gente.
Esto lleva a pensar el problema como algo que ocurre en un mercado específico (el "del dólar") como si este fuera un mercado de bienes a regularse, en lugar de un problema de la moneda "peso", que pierde valor frente a todo. Así, el cepo se convierte en un instrumento necesario en lugar de excepcional; e incluso se advierte que entre 2019 y 2023 se fracasó en "administrar divisas".
CFK no lo dice en su carta, pero economistas cercanos a ella incluso insisten en que hubiera sido mejor tener más controles aún, con más funcionarios estudiando y decidiendo el uso de dólares.
Como si la virtual administración del comercio exterior a través de permisos y licencias no automáticas en 2023 no hubiera sido suficiente muestra de la ineficiencia del sector público para este propósito, sin mencionar su enorme potencial para generar corrupción.
En contraste con este marco conceptual, durante los últimos 20 años muchos países de la región dejaron atrás el problema de la inflación y construyeron monedas estables. Lo hicieron sin cepos ni administración cambiaria, mediante el establecimiento de bancos centrales responsables, prudencia macroeconómica y poniendo el foco en el valor de la moneda doméstica.
En el caso de Perú, a pesar de una enorme inestabilidad política, el Banco Central de Reserva del Perú fue una institución firme que incluso logró revertir en gran medida el uso del dólar como depósito de valor preferido por la población.
En el caso de Chile, gobiernos de centro izquierda y centro derecha se alternaron respetando la independencia del Banco Central de Chile, así como reglas presupuestarias prudentes para moderar la influencia de precios volátiles de los principales productos de exportación.
En el caso de Brasil, Lula no dudó (en su primer mandato) en utilizar altas tasas de interés real ni tampoco en ajustar al sector público más allá de lo pedido por el FMI para anclar expectativas y mostrarse fiscalmente responsable.
¿Por qué es tan difícil en Argentina generar prácticas similares? Porque el objetivo de largo plazo -construir una moneda sólida y confiable- es constantemente subordinado a otros objetivos de política pública, como la actividad, el consumo, el empleo o satisfacer los pedidos de cada grupo de interés que obtiene partidas del presupuesto.
Las señales del Gobierno (o en su momento, del principal partido de oposición) terminan marcando siempre la misma dirección: si hay que elegir entre objetivos contrapuestos, siempre se va a aceptar más inflación antes que afectar la actividad o poner en riesgo las próximas elecciones.
La sumatoria de estas decisiones, año tras año, es la destrucción del peso y la creación de "la economía bimonetaria".
Durante el Gobierno kirchnerista, no solo se eliminó cualquier independencia del BCRA sino que también literalmente se cambió su misión para que quedara bien claro que lo importante ya no era "preservar el valor de la moneda" (una "máxima neoliberal" comentó Página/12 en 2012) sino un montón de vaguedades impulsadas por el Poder Ejecutivo de turno.
Y por supuesto no podemos olvidar la intervención del Indec para falsear los datos de inflación así como muchas otras medidas en detrimento del mercado de capitales -estatizaciones, defaults, cepos y arbitrariedad- cercenando la capacidad del sector privado de construir mecanismos para que el sector público pudiera eventualmente obtener financiamiento genuino a largo plazo en moneda doméstica.
Lo que aprendimos los argentinos en esas dos décadas es que siempre que las papas quemen, los tenedores de pesos van a ser el pato de la fiesta.
Paradójicamente, el Presidente que ganó las elecciones prometiendo dolarizar es quien ha puesto en marcha medidas que realmente contribuyen a recuperar credibilidad para el peso: reparando la hoja de balance del BCRA, proponiendo prudencia en la emisión monetaria y proporcionando señales de que el sector público puede operar sin requerir financiamiento permanente del Banco Central.
Son sólo los primeros pasos: falta mucho y construir credibilidad requiere años de esfuerzo sostenido.
Históricamente fue difícil para gobiernos mirando la próxima elección, pero quizá no lo sea tanto para un Gobierno que arriesga poquísimos escaños en el Congreso en 2025.
Quienes creen que una moneda nacional es una herramienta fundamental de política pública o un atributo indelegable de soberanía deberían pedir más, no menos, de este esfuerzo.
