Por Diego N. Fraga (*)
La pandemia global producida por el coronavirus (Covid-19) y la crisis sanitaria que de ella se deriva encuentra al país en una frágil situación económica, de recesión con inflación récord y en las puertas de un nuevo default. A ello debemos sumarle la caída del precio del petróleo, que arrastra a los demás commodities y también hiere la performance económica de nuestro país.
Los efectos de la nueva crisis resultarán devastadores en el sector privado. Algunas áreas de la economía son las que visiblemente se encontrarán más afectadas de manera inicial (por ejemplo: turismo y espectáculos), pero en algún momento se perjudicará, de manera directa o indirecta, toda la actividad económica.
Paralelamente, la crisis golpeará muy fuerte al sector público, pues sus efectos van a tener un inevitable e intenso correlato en la recaudación impositiva. El Gobierno se va a encontrar entonces con varias encrucijadas y tendrá que adoptar decisiones tan drásticas como las que debe aplicar en materia sanitaria.
Hemos visto -sin sorpresa- que a pesar de los aumentos impositivos aprobados en los últimos meses la recaudación sigue en baja, sin perspectivas de mejora en un horizonte cercano. El inevitable confinamiento obligatorio y la suspensión de actividades para combatir el avance del coronavirus causará estragos aún mayores en nuestra economía. Por lo tanto, la recaudación que se logrará será todavía más baja.
¿Qué hacer ante tan desolador panorama? Nuestros dirigentes deberían quitarse de sus cabezas -aunque sea por una vez - la idea de elevar nuevamente la presión impositiva. Se está pescando en una pecera cada vez más pequeña y estas medidas, en épocas de recesión, suelen resultar contraproducentes. Existen claros ejemplos en nuestra historia contemporánea de fracasos similares. Recordar el “Impuestazo” de José L. Machinea que agravó la recesión allá por 1999.
Para obtener otros resultados, las soluciones deberían ser bastante diferentes. Es decir, deberían orientarse hacia un muy golpeado sector privado, deseoso de despegar, pero al que últimamente se le están colocando trabas de todo tipo, ya sean impositivas como burocráticas.
En lo inmediato, entendemos que la AFIP debería prorrogar los vencimientos de las obligaciones fiscales, como cuando ocurre algún desastre o catástrofe natural. Para ello basta con el simple dictado de una resolución.
Por otro lado, deberían analizarse medidas más audaces y de fondo, que ataquen de raíz los problemas a los que está sometida nuestra economía. Tal como se proyecta en otros países, debería estudiarse una agresiva baja de impuestos, cuanto menos temporal, y particularmente para los sectores más afectados por la crisis.
Otra medida que no puede esperar es la ampliación de la moratoria y de los plazos para acogerse a sus beneficios. No es admisible que se discrimine entre contribuyentes según su facturación, pues las sucesivas crisis están afectando a todos, sean o no pymes. Una ampliación de la moratoria también permitirá transformar un stock de deudas inciertas en un flujo de dinero asegurado para el Estado. Las administraciones tributarias locales deberían adoptar medidas similares para mejorar su recaudación.
A su vez, no debemos olvidar la finalidad extrafiscal de los tributos, que son de utilidad para promover actividades deseadas o para desincentivar aquellas que resultan peligrosas. En este sentido, creemos que deberían adoptarse soluciones ingeniosas para incentivar las acciones que permitan superar la crisis sanitaria lo más rápidamente posible. Por ejemplo, podría promoverse el otorgamiento de beneficios fiscales extraordinarios a aquellas empresas que redirijan su producción hacia insumos y productos básicos para combatir el Covid-19. También deberían promoverse tecnologías o sistemas que permitan realizar actividades de manera remota.
Quienes diseñan las políticas de gobierno tendrán que actuar con celeridad y ser muy ingeniosos para lograr un difícil equilibrio entre todos los intereses en pugna. Inevitablemente deberán hacer una reasignación inteligente de los recursos -eliminando partidas presupuestarias que no resultan urgentes- para poder dar algo de aire a un sector privado que viene asfixiado desde hace bastante tiempo y al que el coronavirus le infligirá una estocada que puede resultar letal.
(*) Abogado, profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral y Socio de RCTZZ Abogados
