Carlos Leyba, subsecretario general del Ministerio de Economía y vicepresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Planificación Económica (INPE) durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón, actualmente dedicado a tareas de investigación, asesoramiento y docencia (es director alterno de la Maestría Mercosur de la UBA), dialogó con El Economista sobre las perspectivas de la economía local y del desafío de plantear una agenda de largo plazo.
En 2012, la economía crecerá a una tasa 50% menor a la de 2011, pero algunos analistas van más allá y dicen que las “tasas chinas” ya no volverán. ¿Cuál es su postura?
Entre 2003 y 2007 se creció al 8,8% anual. Entre 2008 y 2011 no hay acuerdo: los cálculos oficiales promedian 6,6% y los privados, 4,4%. Aún con la menor estimación privada, 2008-2011 fue un período muy positivo. Pero la economía ha ingresado en un proceso de desaceleración y el crecimiento en 2012 difícilmente supere la mitad del de 2011. ¿Qué sigue? ¿Meseta, recesión o retorno a tasas chinas? Para tasas chinas hace falta un salto de acumulación que no se verificó. Las chinas fueron posibles por recursos excedentes, decisiones de política económica de Néstor Kirchner y un escenario externo auspicioso. Los recursos se están agotando, los excedentes se fugaron y no hay una política consistente de inversión. El escenario externo favorable está matizado por la desaceleración brasilera y la competencia de excedentes de exportación. ¿Recesión? Ni inevitable ni imposible. Hay decisión y recursos para evitarla. A pesar del viento de cola también hará falta política económica heterodoxa de calidad para superar la meseta, esto es, instalar el largo plazo en el Estado y en la inversión privada. Para tasas chinas hace falta una estrategia de transformación estructural, lo que trasciende a un gobierno y obliga al acuerdo, político, económico y social. La condición necesaria del largo plazo es el acuerdo.
Después de octubre, el Gobierno adoptó muchas medidas económicas. Algunos hablan de ajuste y final de fiesta, y otros de sintonía fina y profundización. ¿Ud. qué piensa?
La filosofía dominante es paso a paso: responder a cada problema cuando se hace presente. Nunca antes. Los ejemplos sobran (precios, fuga de capitales, importaciones, recursos monetarios y fiscales). La política surge de la urgencia. Ha sido eficaz en resolver, al menos transitoriamente, los problemas, aunque probablemente acentúen la desaceleración. El Gobierno no tiene intención de moderar el crecimiento, sino de resolver problemas como los precios, la fuga y la elasticidad de importaciones. La economía se desacelera, pero ni el desempleo ni la recesión son probables y, además, el Gobierno se abocará a impedirlo. No veo un abrupto final de fiesta. El modelo de Néstor Kirchner fue superávit fiscal y externo, tipo de cambio alto más negociaciones salariales libres. Tres de esos elementos están estresados, y el cuarto condicionado. Cristina Fernández apunta a una “matriz de acumulación diversificada con inclusión social”. Hoy tiene serios incumplimientos de acumulación industrial y de infraestructura energética y de transporte. Y también de inclusión social. El PIB industrial aumentó 73% desde 2001, pero la participación en el PIB de la industria fue igual o levemente menor que en el período 1993-2000. El 25% de las exportaciones son del complejo sojero y el 80% son primarias o commodities. Si los países son lo que exportan, seguimos siendo primarios. Las cadenas de valor, desintegradas durante la dictadura y el menemismo, no se han recompuesto. La industria automotriz produce 800 mil vehículos con sólo el 30% de autopartes nacionales. En 1974 orillábamos los 300 mil pero más del 80% de piezas nacionales. Es una metáfora de la desindustrialización. En cuanto a la inclusión social, podemos discutir definiciones de pobreza. Para el Indec para que una persona (de una familia de 4) no sea pobre necesita $11,92 pesos por día. La UCA sostiene que la pobreza ronda el 25% de la población. Según la EPH-INDEC, del tercer trimestre de 2011, el 70% de las personas que perciben ingresos reciben menos de $ 3.500 por mes y el promedio de ingresos de ese 70% es de $1.712. Hubo importantes avances en producción, empleo y salarios, pero insuficientes para una reindustrialización capaz de sostener la inclusión social. Comparto los propósitos del discurso oficial, pero discrepo en la interpretación de los hechos. No comparto el paso a paso, pero entiendo que la urgencia y el adelgazamiento han instalado la dinámica del control ad hoc.
Pero si el modelo es “matriz de acumulación diversificada con inclusión social”, que comparto, falta acumulación pues se fugaron U$S 73.000 millones; diversificación productiva, pues nuestras exportaciones son básicamente primarias e inclusión social, dado que una parte de la población es pobre o vive gracias a la sana política de subsidios que existe porque hay pobres. Si profundizar el modelo es aproximar la realidad al discurso, falta política de desarrollo industrial y de transformación del patrón exportador (e importador) que necesariamente implica instrumentos fiscales, financieros, de apoyo técnico y de educación. La industrialización es el camino más incluyente socialmente y la distribución ocurre cuando se transforma el patrón exportador en uno de sesgo industrial. Esto supone priorizar la acumulación y las políticas que la habiliten, promuevan y realicen, en la infraestructura y la actividad. Quizás la incorporación de Axel Kicillof y su equipo sea una señal en esa dirección. Hay que esperar. Cuando un avión pierde altura no sólo deja de volar.
El país produce cada vez menos energía e importa cada vez más, lo que tiene efectos negativos en varios planos. ¿Cómo se sale de esta situación?
Hemos perdido el autoabastecimiento energético. Necesitamos muchos años para recuperarlo. Tenemos recursos potenciales. Las inversiones necesarias son gigantescas. La dependencia energética es una limitante para el crecimiento. Fue consecuencia de decisiones políticas. La principal, a mi juicio, fue el modo en que se realizó la privatización y el tratamiento de la energía como un bien de mercado, cuya explotación habría de cuya explotación habría de estar determinada por la rentabilidad. La crisis YPF-Eskenazi es una señal de enfermedad. Todavía no se aplicó el criterio de la Ley 17.319 que avala el tratamiento de “bien estratégico” para la energía, bajo cuyo concepto la ausencia de inversiones, la caída de producción y la pérdida de stocks habrían disparado medidas correctivas. Algunos reclaman precios internacionales y perspectiva de mercado, pero un bien estratégico es una concesión que debe regirse por costos auditados más utilidades licitadas. El negocio de extracción ha sido extraordinariamente rentable y no sólo para YPF. Por eso es insólito que haya bajado el stock y la producción, con el argumento de que “no alcanza” el precio. La política fracasó.
Lo inmediato es recuperar el control y la planificación del Estado, aplicar el criterio de bienes estratégicos y conminar, a quienes tienen concesiones, a invertir en exploración y en explotación; repotenciar las centrales hidroeléctricas; acelerar los programas eólicos y programar la energía nuclear. Si alguien dice que “con más precio aparecen el petróleo y el gas ahora” la solución, entonces, no es ceder a esa presión, sino regular “ahora” costo más utilidad. Un signo de madurez social supone que el Gobierno reconoce un problema y pide la ayuda colectiva. Lo rastacuero es sacarle la energía a la producción, bajar la productividad global y seguir como si no hubiera problemas. El ahorro de energía de consumo también es una meta social ante la escasez, subsidiando sólo a los que lo necesitan.
Hacia finales del año pasado, varios analistas alertaban que el “viento de cola” del que había disfrutado la economía argentina se había frenado. ¿Qué piensa?
La soja es el gran protagonista del viento de cola y los precios de estos días confirman que no se rinde. El viento puede soplar menos fuerte. No habrá tasas chinas si dependen del incremento del viento de cola. Pero las nuevas clases medias en los países del Asia y su demanda por proteínas seguirán. Los países emergentes, en la próxima década, generarán un escenario de expansión mundial. China crecerá más de 7% por año y la India, cerca de 6%. Las “águilas” crecerán arriba del 6%. Eso es parte del horizonte estructural que depara un futuro mejor si lo sabemos aprovechar. No lo hicimos en los últimos 4 años porque generamos un excedente de fuga de más de U$S 70.000 millones. ¿Cuántos nuevos complejos industriales exportadores podríamos haber desarrollado en el interior argentino? Sin el paquete tecnológico de siembra directa, el período de Kirchner no hubiera podido ampliar el área sembrada de soja ni los rindes hubieran sido lo que fueron y son. Habrá condiciones, pero no sorprendentes ni nuevas. Aprovecharlas en materia industrial hará necesario el equivalente urbano del paquete de “siembra directa”. Esa es la tarea de la política.
¿Qué opina de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA?
Es saludable que, después de diez años de abandonada la convertibilidad, avancemos en la pesificación. La caja de conversión, con las reservas, garantizaba parcialmente la base monetaria. Ahora se elimina la exclusividad de las metas de inflación, el BCRA recuperará la capacidad de regular y orientar el crédito y promover la inversión productiva de largo plazo. También hay medidas que tienden a resolver los problemas de caja en pesos del Tesoro. Es una alternativa al ajuste clásico que sería problemático. Hay tantas necesidades, cuya atención es rentable en términos económicos y sociales, que sería insensato postergarlas por falta de caja. La reforma es similar al régimen de Adalbert Krieger Vasena que no era heterodoxo. Nuestro sólido sistema financiero no presta. El crédito al sector privado araña el 13% del PBI. Esto nos hace menos “capitalistas”. Al decir de Schumpeter, el capitalismo es un sistema en el que la innovación se financia con crédito, y este sistema no financia. La reforma avanza en eso. Pero no del lado de los depósitos: hay más ahorro afuera del sistema que dentro de él. Los depósitos y la moneda, son claves y eso está pendiente. Esa cuestión requiere de otra densidad política.
La doctrina detrás de la reforma es que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, sino vinculado con el empleo, la producción, la distribución del ingreso y el sector externo. El Gobierno recupera con la reforma lo que la política económica extravió. Es malo que lo haya perdido, pero el remedio puede ser oportuno. El griterío ideológico ignora lo que se hace en el mundo. No es cuestión de ortodoxos o heterodoxos. Se trata de discutir cuál es la mejor herramienta para los objetivos. Una pastilla cada 8 horas no es lo mismo que tomarse de una vez el frasco entero. Si mejora la calidad de la política económica, es una buena medida. Si empeora, la desgracia no es la reforma del BCRA sino el empeoramiento de la política.
El Plan Estratégico Agroalimentario, el Estratégico Industrial 2020 y el Estratégico Territorial revelan vocación de pensar en el largo plazo, “pero son insuficientes”, sostiene en un trabajo reciente. ¿Por qué?
El Plan Agroalimentario fue fruto de una extraordinaria labor de Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, que concertó con productores, técnicos, universidades y gobiernos provinciales para elaborar el diagnóstico y las metas que son un material original e invalorable. Pero los tres planes adolecen de un problema. Ningún “plan” es, finalmente, sectorial. ¿Cómo podría plantearse una meta productiva sin tener en cuenta los insumos y así sucesivamente? Decía Gracián, no se comprende el todo sin las partes, ni las partes sin el todo. Falta un plan global. Un plan es un proceso movilizador para descubrir problemas y potencialidades. Un segundo aspecto, suponiendo la existencia de una prospectiva de largo plazo socialmente consensuada, es el de los instrumentos. No hay plan sin instrumentos, ni sin recursos. Y la asignación de recursos no puede sino ser global. También la idea de plan estratégico supone un cambio de lo fundamental. Los sistemas se rediseñan y eso es aceptar cuestionar la dirección. Estas son insuficiencias y cosas que faltan. No hay soluciones parciales para problemas globales ni planes sectoriales sin un plan global.
La minería está creciendo a pasos agigantados en la Argentina. ¿Qué puede aportar este sector y qué debe hacerse para aprovechar este boom?
Nuestro país tiene un enorme potencial minero y hay que aprovecharlo. El crecimiento del mundo emergente deriva en una demanda gigantesca sobre recursos no renovables. Tenemos cantidades y, ahora, precios. Los recursos mineros deben tener como prioridad el desarrollo sustentable de las regiones donde se encuentra esa riqueza. Explotar minas implica decidir qué, dónde y cómo extraer. Y esta debe ser, antes que nada, una decisión científica, independiente y transparente. Se requiere una Comisión Nacional integrada por científicos especialistas en las consecuencias sobre la vida animal, vegetal y humana. Sólo a ellos compete decir, por consenso, qué, dónde y cómo. Tampoco podemos admitir cobrar regalías o impuestos sobre el valor del mineral en bruto, que es el valor más primario. Debemos cobrar sobre el valor final industrializado, por ejemplo, sobre el valor del lingote de oro. Esa es la manera de obligar a desprimarizar la economía minera. Esa es la base de la discusión para no ser una colonia de las empresas mineras. Habrá excepciones pero éstos son los principios. El precio actual y el tamaño de las empresas mundiales obligan al Estado a explicitar un programa público de consenso que ponga reglas claras para los que invierten. No podemos aceptar la estrategia de los saqueadores que dejan los pueblos más pobres que antes.
En 1974 el desempleo era de 4% y la pobreza de 5%. En 2001, esos guarismos eran de más de 20% y de 50%, respectivamente. Desde entonces, ambas bajaron. El desempleo está cerca de la cifra de 1974, pero la pobreza aún está lejísimos. ¿Por qué?
No sé si estamos en esas condiciones de casi pleno empleo. El empleo en negro y los planes de ayuda, entre otras cosas, ensucian las estadísticas. La baja del desempleo no ha estado acompañada de la misma caída de la pobreza. Hoy, obtener una remuneración no implica dejar de ser pobre. Es un problema de la estructura productiva. La industrialización es el mayor aporte de la estructura productiva a la mejora de la estructura social. Ningún país, pueblo o economía se ha tornado rico sin un proceso de industrialización. Ya en los '90 Paul Krugman decía que la generación americana de la desindustrialización sería la primera que viviría peor que sus padres. A nosotros nos pasó lo mismo. La década del '64 al '74 fue la de mayor crecimiento en la productividad industrial, y el tercer gobierno de J. D. Perón intentó la distribución de esa productividad que no se había ni destinado al salario real ni a la exportación. Pero llegaba el fin del Estado de Bienestar y de la energía barata. El espacio fue ocupado por el discurso de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. La política fue sustituida por los mercados. El crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente: sin acumulación industrial no hay inclusión social. Puede haber abundancia compensatoria o generosa, pero eso no es inclusión. Es remedio que no alimenta. Sin industrialización, polos de desarrollo y reconfiguración demográfica, la vida real de los sectores postergados no cambiará. El Chaco marginal o las villas de las grandes ciudades seguirán siendo la expresión del pecado de la política de no debatir ideas transformadoras para hacer una Nación que sea hogar de todos.
(De la edición impresa)
