por Santiago Chelala (*)
Un proceso inflacionario es un fenómeno complejo que requiere de una multiplicidad de causas para desencadenarse. Y si tantos factores son necesarios, ¿por qué no elegir el que resulta más conveniente?
Lo mismo ocurre con las crisis económicas y surgen así explicaciones simplificadoras para todos los gustos. Por ejemplo, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, acostumbra culpar por la crisis de 2001 al endeudamiento imprudente de las provincias. Es difícil creer que no fue uno de los desencadenantes pero, ¿fue el más importante?
¿Cuál fue el peso de otros factores, como el atraso cambiario, el crecimiento de la deuda pública nacional, la implementación de las políticas del Consenso de Washington, etcétera? Incluso hay quienes ponen el énfasis en cuestiones institucionales, como los cambios en el Banco Central y la obligación a comprar bonos del Estado impuesta a las AFJP. Otros aseguran que el germen fue plantado por la suba de impuestos que decretó la Alianza, etcétera. Cuando un problema complejo se reduce a una explicación simple, lo más probable es que esa explicación sea incompleta.
Con las soluciones sucede algo similar. Es difícil que un proceso inflacionario se frene de forma definitiva exclusivamente al tomar el tipo de cambio como ancla, o subiendo sólo la tasa de interés, o tan solo por tomar medidas que desincentiven el consumo. Así como suelen ser varios los factores que dan origen al problema, también es frecuente que la solución pase por una batería de medidas más que por una medida aislada. Es ese conjunto de medidas el que conforma un plan antiinflacionario.
Los errores
Cuando se pone en marcha una determinada política económica y fracasa, esto puede deberse a dos tipos de errores: errores conceptuales o errores de implementación. Es decir, desatinos en el diagnóstico o en la terapia.
La resolución 125 que intentó elevar la carga tributaria del sector primario en 2008 fue un error del segundo tipo, es decir, un error de terapia. El diagnóstico pudo ser adecuado, en el sentido de que era posible exigir un esfuerzo adicional de uno de los sectores con mayor rentabilidad de la economía nacional, pero la manera de implementarlo reflejó una cuota de impericia porque el esquema de retenciones móviles fijó un techo en épocas de inflación. Cuando el precio de la soja superara ese techo, casi todo el excedente iría a las arcas nacionales. Pocos productores estuvieron dispuestos a invertir en un contexto de costos crecientes por la inflación e ingresos máximos fijos por el nuevo esquema de retenciones.
Un error conceptual o de diagnóstico fue la Ley de Déficit Cero que sancionó el Gobierno de la Alianza. Se quiso afrontar el problema del desequilibrio fiscal y las cuentas públicas, y dar señales positivas de pago a los acreedores externos. Sin embargo, se subestimó el impacto negativo que la reducción de salarios tendría sobre las expectativas, el consumo, la recaudación y la actividad económica en general. Es decir, el diagnóstico fue hecho en base a principios de equilibrio parcial en lugar de considerar un equilibrio general, más amplio y abarcador. En ocasiones ambos tipos de errores se superponen y hasta se potencian, enmarañando aún más la salida. Cuando el problema es grande, cualquier tipo de explicación fácil debería resultar al menos sospechosa.
El camino La teoría Cavallo de la crisis retoma vigencia en la víspera de una emisión multitudinaria de bonos provinciales en dólares. La cuestión plantea un verdadero dilema. Basta también con recordar la denuncia por “festival de bonos” con la que el entonces secretario de Industria, Roberto Lavagna, dio un portazo al Gobierno de Raúl Alfonsín. Sin embargo, ¿hasta dónde tiene carácter federal una visión que pretenda tratar a los estados provinciales como niños a quienes es necesario enseñarles qué hacer y cómo hacerlo?
Como de costumbre, quizás las respuestas deban buscarse en puntos intermedios puesto que si se deja a las provincias endeudarse a su voluntad, siempre bajo la premisa de que la Nación actuará como prestamista de última instancia en caso de insolvencia, no habremos aprendido nada de nuestra Historia. Y nuevamente se podrán cometer injusticias repartiendo los costos del endeudamiento entre las provincias. La emisión de dinero para cubrir los déficits provinciales funciona al igual que cualquier externalidad negativa, en la que la irresponsabilidad fiscal se derrama y contamina al sistema con una suba general de precios que pagan todos los distritos, hayan sido o no cuidadosos en el manejo de sus cuentas públicas y su política de endeudamiento.
Pero la lección más importante que deberíamos haber aprendido de los '90 es que bajar la inflación puede parecer a simple vista relativamente sencillo. Lo que importa verdaderamente es cuál es el costo.
(*) Doctor en economía y profesor de la UBA
