El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es la sintonía fina de la que la Presidenta habló en la última reunión de la Unión Industrial. Así hablan los defensores del plan. En aquel discurso Cristina Kirchner hizo alusión a la necesidad de reinvertir las utilidades (no girarlas al exterior) para aumentar la inversión y revertir el déficit comercial de algunos sectores como, por ejemplo, el de autopartes. La Presidenta invitó a los empresarios a hablar con los números en la mano y estudiar caso por caso cuáles eran sus necesidades, entre ellas, la de financiamiento.
“La reforma se articula con lo que la Presidenta sostiene desde hace tiempo: el Estado debe tener injerencia en el destino del crédito en la economía”, dice el ex director del Banco Central, Arnaldo Bocco (ver http://econ.conectemos.com/?p=2259) como para encuadrar la decisión oficial. Por el contrario, los más críticos del proyecto creen que la nueva ley profundiza la intervención del Estado sobre las empresas. YPF, primero y ahora serán los bancos. El Estado podría decirles a las entidades financieras a qué sectores prestar y a qué tasa.
“Se consagra una gran discrecionalidad del Banco Central en el manejo de la política monetaria y cambiaria”, opina Jorge Todesca, economista y director de Finsoport Consultores. “Confunde la promoción estatal del crédito para el desarrollo con la política monetaria”.
Los autores
En el propio banco reconocen que la reforma de la Carta Orgánica responde a dos motivos. Uno de necesidad. El superávit fiscal se deterioró en los últimos años y el Gobierno tomó nota de ello: la revisión de la política de subsidios es otra prueba. Después está el motivo ideológico. Cuando Marcó del Pont era diputada circuló un proyecto para cambiar la ley. Y ahora recurrió a un trabajo de un ex director de la casa y con el que mantiene una relación estrecha: Arturo O'Connell.
Tan es así que en medio de la corrida al peso en octubre pasado, Marcó Del Pont se apoyó en la ayuda de O'Connell y de Matías Kulfas (hoy gerente general) para doblegar la pulseada que le jugó el mercado. En esos días los tres concluyeron que el tipo de cambio multilateral estaba en equilibrio y no había motivos genuinos para temer lo peor. La recomendación de Marcó Del Pont a la Casa Rosada (apoyada en el diagnóstico de O'Connell y Kulfas) fue la de atemorizar a los compradores de dólares. Justo lo contrario a lo que sostenía el entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Marcó Del Pont salió fortalecida con esta reforma. La Presidenta no decidió enviar el proyecto de reforma de la Ley de Entidades Financieras que impulsaba Carlos Heller. Para O'Connell la superintendencia de entidades es un lugar permeable a los lobbies de los bancos. De ahora en más Marcó Del Pont tendrá todo el poder.
Necesidad
El Presupuesto 2012 estipuló U$S 5.600 millones para el Fondo del Desendeudamiento. Pero como las reservas de libre disponibilidad desaparecieron (el monto de reservas que excede a la base monetaria ya es cero), se resolvió que el directorio del banco disponga del nivel de las reservas “óptimo”. El Banco Central será el que determinará el monto que destinará al pago de la deuda. Algunos opinan (dentro del propio banco), que la autoridad monetaria pida permiso al Congreso para utilizar las reservas año a año. Pero eso no sucederá. La decisión se tomará dentro del banco porque así el Gobierno se asegura un trámite más rápido del asunto. Formalmente el directorio será consultado sobre cuál es el nivel de reservas óptimo. Y sus integrantes pedirán a los economistas y técnicos del banco que los asesoren.
Jorge Carrera, economista jefe del Banco Central (formalmente al frente de la subgerencia general de Investigaciones Económicas), publicó un informe sobre el nivel óptimo de reservas en coautoría con Martín Redrado cuando éste era presidente del Central. El trabajo (“La política económica de la acumulación de reservas: nueva evidencia internacional”) todavía está colgado en la página web. Carrera allí desarrolló un argumento para explicar (y defender) por qué los bancos centrales de los países emergentes como la Argentina decidieron seguir una política de acumulación de reservas.
Básicamente la explicación es que las reservas actúan como un colchón para enfrentar las volatilidades de los mercados financieras que suelen dañar más a las economías abiertas y pequeñas como la argentina. El trabajo desglosa un debate interesante sobre cuál debería ser el nivel óptimo de reservas. Y señala los diferentes criterios. Un banco central debe tener reservas suficientes como para financiar el pago de seis meses de importaciones, el 20% de los principales agregados monetarios o la cancelación de las obligaciones financieras de un año. Bocco dice que los U$S 47.000 millones hoy alcanzan para todo eso. Pero hay quienes creen que el número está más cerca de los U$S 60.000 millones que de los U$S 40.000 millones. En todo caso el directorio debería respaldar su decisión en el cálculo de sus asesores.
Dependencia
¿El Gobierno tiene necesidad de los recursos del Central? Un cálculo de Alfonso Prat-Gay, ex presidente del Banco Central, dice que sí: en los últimos seis años se remitieron $220.000 millones en concepto de utilidades, adelantos transitorios y reservas de libre disponibilidad como consecuencia de la desaparición (gradual) del superávit fiscal. Los economistas del sector privado y de los partidos políticos de la oposición habían descontado que el Gobierno utilizaría los recursos del Central de este año para cubrir los vencimientos (U$S 5.700 millones). El Gobierno no quiere depender de la voluntad de los mercados de capitales y continúa transitando el camino iniciado en 2010, con el Fondo de Desendeudamiento.
Desde entonces cedió U$S 11.900 millones a cambio de letras intransferibles del Estado Nacional a favor de la autoridad monetaria. Hoy el Central es una pieza fundamental en la estrategia financiera del Gobierno ya que no sólo aporta dólares sino también pesos bajo la forma de adelantos transitorios. De hecho, entre 2005 y 2011 se triplicó la participación de los pasivos del Estado Nacional en el activo de BCRA. En 2005 la suma de adelantos transitorios y títulos públicos alcanzaba 14% del activo de la autoridad monetaria. A fines de 20011 ese porcentaje había alcanzado 44%.
(De la edición impresa)
