El debate en torno a ley de emergencia ocupacional debería ser una oportunidad para poner en marcha normas que favorezcan la creación de empleo. De lo contrario, se corre el riesgo de que el Congreso se limite a aprobar una ley que establezca que no puede haber despidos o que deba abonarse una doble indemnización por un período determinado. Pero nunca se sabrá si servirá para algo ?la experiencia dice que no? porque el Presidente anunció que la vetará, razón por la cual toda esta discusión es irrelevante desde el punto de vista del mercado de trabajo aunque tiene muchas implicancias políticas.
La oposición consiguió instalar el tema de la pérdida de empleos y logró la aprobación de una ley bastante moderada en el Senado pero en Diputados los proyectos que se discutieron eran más duros. Si avanzan las iniciativas opositoras, lo pondrán al Presidente frente a la decisión de recurrir al veto. Pero vetar una ley es siempre un desgaste para el Ejecutivo porque implica confrontar con otro poder. Pero no hacerlo también lo es. Si Mauricio Macri cree que sancionar esa norma es malo para el país y tiene la facultad constitucional para evitarlo ¿cómo no ejercerla? ¿O acaso Cristina Kirchner no lo hizo con el 82% móvil para los jubilados? ¿O cómo no recordar los vetos de Macri como jefe de Gobierno? Para el Presidente también sería una derrota política aceptar que existe una emergencia ocupacional. ¿Por qué no la estableció el kirchnerismo en los últimos años? Hacerlo ahora significaría reconocer que la situación del empleo se agravó notablemente desde el 10 de diciembre a la fecha. Pero el Gobierno no cree que eso haya ocurrido ¿por qué convalidarlo ,entonces? Mucho menos puede aceptar la norma como previsión para un futuro más complicado. Cuando existió una ley similar en el pasado, se había establecido que dejaría de estar en vigencia cuando el desempleo bajase del 10%. Hoy está en torno al 6% y por lo tanto no sería necesaria, y si el Gobierno la aceptase, sería reconocer que en los próximos meses se podría llegar a ese porcentaje. Por otra parte, la decisión de no alterar las reglas de juego ocupa un lugar destacado en el credo macrista. Y modificar las relaciones laborales iría en contra de ese principio. Tanto es así, que una ley que cambie las condiciones de un contrato de trabajo libremente firmado entre las partes puede ser cuestionado en sede judicial. Se sumaría más conflictividad a la ya existente.
Desde el punto de vista político, lo primero que va a tener en cuenta Macri es su núcleo duro de apoyo que representa un tercio de la población. Y ese segmento espera que vete la ley, no que haga concesiones. El Presidente no va a tener como prioridad satisfacer al tercio que nunca lo acompañará, ni pensará tampoco en el tercio que oscila entre el apoyo y la crítica. Apuntará a consolidar lo propio.
En este marco, deberían agotarse todas las instancias para lograr un acuerdo en el Congreso. Los diputados massisas creen que hay que salir de la dicotomía “veto o doble indemnización” y evitar que un sector se imponga sobre otro sino que hay que hacer leyes que sirvan para la promoción del empleo y faciliten la actividad de las pymes que son las que lo generan. Para lograr ese objetivo, todos los sectores deben ceder algo, y sobre todo, ser creativos procurando preservar el empleo con mecanismos que no resulten contraproducentes. El tema es relevante a punto tal que cambió el clima político de los primeros meses de la gestión de Macri que tuvieron su mayor logro con el acompañamiento de un gran número de legisladores de todos los partidos a las iniciativas del Ejecutivo para permitir el pago a los holdouts. Ahora el clima es más confrontativo y ha habido una escalada en las declaraciones cruzadas entre funcionarios y dirigentes sindicales. Recuperar rápido el diálogo entre los actores políticos resulta imperioso en esta etapa.
