El fantasma de la provincia de Buenos Aires recorre otros distritos del país. Hoy son varios los distritos que tienen disputas con la Nación y que no quieren que les pase lo mismo que al gobernador bonaerense, que no pudo pagar los aguinaldos en tiempo y forma. Sólo pudo hacerlo luego de una transferencia de recursos desde el Gobierno Central. A partir de allí el gobernador bonaerense procuró lograr nuevos recursos, recortar gastos y tomar crédito. De todas maneras, el debate quedó planteado.
Para las autoridades provinciales existen problemas estructurales que complican el manejo de las finanzas públicas bonaerenses mientras que la Presidenta entiende que las dificultades son consecuencia de una mala administración. Los menores ingresos en los distintos niveles complican a todas las provincias que ven caer su recaudación y la que reciben por coparticipación. Ellas tienen el grueso del empleo público que hay en el país y los aumentos salariales, a los que obliga la inflación, son muy elevados. Frente a esta situación el camino elegido, en casi todos los casos, es el de incrementar la presión impositiva y tomar deuda.
Pero además de las cuestiones económicas, hay también tensiones políticas. De los cuatro distritos más grandes del país, en los que viven casi dos tercios de los habitantes, dos son gobernados por partidos de la oposición y los otros dos están gobernados por figuras del oficialismo pero que han tenido relaciones complejas con el Gobierno Nacional.
En el caso de la Capital Federal, el peso de los recursos por coparticipación son mínimos pero hay varios frentes abiertos. La transferencia del subte y el tema de la basura son algunos de ellos. También hay una iniciativa, ya aprobada en la Cámara de Diputados, que afecta el fondeo del Banco Ciudad. Se trata de un proyecto que no es necesario y cuya consecuencia será complicar a una entidad financiera que está funcionando bien y, consecuentemente, afectar a sus trabajadores y clientes. La disputa por el manejo de los subterráneos sólo podrá superarse definitivamente con decisiones políticas maduras del Gobierno Nacional y de las autoridades de la CABA. La prolongada suspensión del servicio de subte afectó a millones de personas. Ante esa realidad, carece de sentido el debate sobre cuál de los dos gobiernos pagará el costo político. La respuesta es sencilla, y la provee el sentido común: ambos.
A su vez, Córdoba hizo una presentación ante la Corte porque sostiene que la Nación le adeuda fondos del sistema jubilatorio provincial. También avanzó en la denuncia del Pacto Fiscal. En la provincia de Santa Fe también existen reclamos contra el Gobierno Nacional. En muchas de esas diferencias terminará actuando la Justicia, lo cual es un fracaso de la política porque los problemas políticos deben resolverse en ese ámbito y no en los Tribunales. También es fundamental que el criterio que rija las relaciones entre las distintas jurisdicciones sea el de la cooperación y no el del conflicto y la rivalidad.
(De la edición impresa)
